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sábado, 8 de agosto de 2026

El concurso reunió a que expresaron su creatividad

Niñas, niños, jóvenes y adultos de los 32 departamentos y Bogotá participaron en el concurso por la construcción de paz
Los ganadores por Santander

Bogotá. – El Concurso Nacional de Escritura Historias de Paz 2026, promovido por el Ministerio de Educación Nacional, le otorgó a trabajos santandereanos ocho de los 40 premios alcanzados en el evento.

De esta forma Santander se posicionó como uno de los departamentos más destacados del certamen, cuya premiación se realizó en el Auditorio Principal de la Biblioteca Pública Virgilio Barco, ubicado en la localidad de Teusaquillo de la capital colombiana.

Entre los reconocidos figuran dos docentes de la Universidad Industrial de Santander (UIS), institución que coordinó y apoyó el desarrollo de esta convocatoria nacional liderada.

El concurso reunió 6.533 niñas, niños, jóvenes y adultos de los 32 departamentos y Bogotá, quienes presentaron 5.962 cuentos y 571 ensayos inspirados en la memoria, la reconciliación, la convivencia, el cuidado de la naturaleza y la construcción de paz desde las comunidades, las escuelas y las familias.

Los 40 autores premiados provienen de 18 departamentos: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Guainía, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre, Valle del Cauca y Bogotá D. C., una muestra de la diversidad cultural y territorial del país.

Santander, entre los grandes protagonistas del concurso

Cinco municipios santandereanos dejaron su huella en esta edición del certamen. En la categoría Infantil fueron reconocidas Sara Sofía García Vega, de Suratá, por Memorias de una bala, y Sara Sofía Macías Cotacio, de Floridablanca, por La creación del arcoíris. En la categoría Juvenil se destacaron Cristian Fernando Orjuela Blanco, de Curití, con Últimas reflexiones, y Sara Lucía Rojas Duque, con Lo que no dijimos esa noche.

En Ensayo fue premiada Melanie Valentina Miranda Cristancho, de Málaga, por Otras memorias: las víctimas del conflicto armado son más que números; mientras que en la categoría Adulto Mayor el reconocimiento fue para María Alejandra Camelo Betancourt, de Bucaramanga, por La paz inicia en un corazón.

A estos seis reconocimientos se suman los obtenidos por dos docentes de la Universidad Industrial de Santander, con lo que el departamento alcanzó ocho de las 40 obras ganadoras del concurso nacional.

El talento UIS también se destacó entre los ganadores

En la categoría Cuento Adulto fueron distinguidos dos profesores de la Universidad Industrial de Santander. Catalina Ortega Zambrano, trabajadora social, magíster en Derechos Humanos y doctora en Historia, fue premiada por Guayos amarillos, una historia sobre resiliencia y amor filial. Por su parte, Alfonso Valdivieso Filippis, docente de la Escuela de Economía del programa de Administración de Empresas Culturales y Creativas, obtuvo el reconocimiento por Sabores, olores y sonidos, obra que rinde homenaje a la identidad ribereña, la tradición y la resiliencia de las comunidades del río Magdalena.

La convocatoria fue una experiencia alucinante; poder jugar con las palabras y construir esas historias de paz que queremos para este país fue muy enriquecedor. A través de la escritura, las personas pueden conocer las historias de los diferentes territorios de Colombia. Sin duda, esta es una iniciativa que incentiva la lectura y permite proponer relatos con pensamiento crítico”, expresó Alfonso Valdivieso Filippis, docente de la UIS y ganador en la categoría Cuento Adulto.

Una apuesta por la lectura, la escritura y la construcción de paz

Además de los ocho reconocimientos, Santander sobresalió por su amplia participación en la convocatoria lo que refleja el compromiso de estudiantes, docentes y familias con la escritura como herramienta para expresar ideas, preservar la memoria y fortalecer la cultura de paz.

“Santander tuvo una participación destacada en el Concurso Nacional de Escritura Historias de Paz 2026, con 1.149 obras presentadas desde los diferentes territorios del departamento, lo que evidencia el compromiso de estudiantes, docentes y familias con la escritura como herramienta para expresar ideas, preservar la memoria y fortalecer la cultura de paz. De las 40 obras ganadoras seleccionadas a nivel nacional, ocho pertenecen a autores santandereanos, un reconocimiento que resalta el talento, la creatividad y la sensibilidad de quienes desde nuestra región escriben historias que inspiran y transforman”, afirmó Camilo Ocazionez, coordinador del concurso por parte de la UIS.


Gonzalo Ordóñez Gómez, adscrito al equipo de Rectoría de la UIS para los proyectos con el Ministerio de Educación Nacional, expresó que este tipo de iniciativas representan una oportunidad para fortalecer las competencias comunicativas del país y sostuvo: “El país tiene un problema grave con la lectura y con la escritura en general. Las competencias comunicativas están muy débiles en las evaluaciones tanto nacionales como internacionales. Por eso es necesario promover este tipo de actividades alrededor de la escritura, la lectura y la oralidad”.

Maritza Molina Acosta
Durante la ceremonia de premiación, realizada en la Biblioteca Pública Virgilio Barco de Bogotá, la viceministra (e) de Educación Preescolar, Básica y Media, Lucy Maritza Molina Acosta,  destacó el impacto de la convocatoria. “Cada historia recibida demuestra que la paz también se construye desde las aulas, los hogares y los territorios. Escribir es una forma de expresar lo que somos, preservar nuestra memoria y abrir caminos para el diálogo y la convivencia”, manifestó.

Uno de los aspectos más relevantes de esta edición fue la participación de las nuevas generaciones. Más del 85 % de las obras fueron escritas por niñas, niños y jóvenes, con 2.820 textos en la categoría Infantil y 2.798 en la categoría Juvenil.

El Ministerio de Educación Nacional también destacó el trabajo de la Universidad Industrial de Santander, aliada estratégica del concurso, así como el compromiso de los 44 evaluadores y 14 jurados, quienes adelantaron un proceso técnico, transparente y riguroso para seleccionar las obras ganadoras.

Fuente: Prensa UIS.

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sábado, 25 de julio de 2026

Balance de la ANR en el periodo 2022-2026 en el país

ARN realiza su Empalme ante el Pueblo y hace llamado a no hacer trizas el Acuerdo de Paz
Más de 11.300 firmantes vinculados al Programa de Reincorporación Integral, 20.662 hectáreas entregadas y 1.596 viviendas financiadas hacen parte del legado institucional

Bogotá, 22 de julio de 2026. – Ante la comunidad, la Agencia Colombiana para la Reincorporación y la Normalización (ARN) presentó el balance de EMPALME sobre los resultados de gestión.

El equipo directivo de la Agencia ARN realizó la actividad ante el Pueblo, como un ejercicio público en el que presentó los principales avances durante el periodo 2022-2026 y dejó a disposición de la ciudadanía los procesos, herramientas y capacidades institucionales en cumplimiento de su papel clave en la construcción de paz.

La directora general de la ARN, Alejandra Miller, explicó que este ejercicio ante la ciudadanía se llevó a cabo luego de que el Gobierno entrante suspendiera el proceso de empalme, por lo que se optó por presentar de manera pública la gestión en cumplimiento de la ley y como una muestra del compromiso por la transparencia.

Al hacer un balance de estos cuatro años, Alejandra Miller aseguró que la principal transformación de la entidad fue cambiar su enfoque político y consolidarla como una institución cuyo eje principal es la no repetición del conflicto armado a través de garantías de arraigo para quienes han decidido dejar las armas.

"Cuando llegamos encontramos un enfoque minimalista en todos los procesos en los que atendemos a más de 16.000 personas. Por eso, nuestra apuesta fue trabajar por una ARN que fuera un referente y tuviera como pilar la construcción de paz, porque creemos que la labor que desarrollamos es central para la no repetición del conflicto armado", manifestó.

Principales avances


La creación del Programa de Reincorporación Integral (PRI), diseñado durante este Gobierno con la participación de las y los firmantes de paz en los territorios, fue uno de los principales avances presentados. Actualmente, el programa cuenta con 11.353 personas activas, más del 85 % de quienes dejaron las armas tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

Al respecto, la directora programática de la ARN, Tania Rodríguez, destacó que esta administración entrega un programa con un andamiaje institucional robusto, respaldado por la expedición del Decreto 0846 de 2024 que reglamentó el PRI y creó el Sistema Nacional de Reincorporación (SNR), que articula a 39 entidades del orden nacional y territorial para responder de manera integral a las necesidades de las y los firmantes.

Rodríguez destacó la creación del Índice de Reincorporación, una herramienta innovadora que permite medir el avance del proceso de cada firmante y orientar la toma de decisiones para fortalecer su acompañamiento. A la fecha, el Índice reporta que 141 personas ya están listas para culminar exitosamente su proceso de reincorporación, mientras que otras 1.705 registran un avance entre el 50 % y el 69 %.

Sobre este punto, advirtió que el próximo Gobierno tendrá el reto de garantizar la continuidad del programa, pues "todavía hay cerca de 9.000 personas que registran un avance inferior al 50 % en el Índice de Reincorporación, por lo que es urgente seguir avanzando para que puedan terminar sus procesos".

La entrega de 20.662 hectáreas gracias a la decisión estratégica de reconocer a las y los firmantes como sujetos de la Reforma Agraria fue otro de los resultados socializados. También, la entrega, construcción y financiación de 1.596 viviendas en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), con una inversión superior a los $88.720 millones.

Durante este Gobierno se destinaron de $23.671 millones para poner en marcha la Estrategia de Sostenibilidad, iniciativa que ha beneficiado los proyectos productivos de 1.762 personas mediante 62 planes desarrollados en departamentos como Cauca, Meta, Sucre, Arauca, Nariño, Tolima, Huila y Antioquia.

Además, la entidad impulsó un enfoque restaurativo a través de las Agendas Comunitarias para promover la reconciliación entre firmantes de paz, comunidades, instituciones y víctimas del conflicto armado. Se desarrollaron 105 Agendas en 24 departamentos y 105 obras comunitarias, con la participación de 12.555 personas y una inversión de $63.250 millones.

Avances en otros procesos misionales

Como parte de la apuesta por hacer todos los procesos con enfoque de garantía de derechos e integrales, este Gobierno actualizó la ruta de reintegración, dirigida a las personas de distintos grupos que deciden dejar las armas de manera individual y colectiva, y que hoy atiende a 1.789 personas. Rodriguez indicó que se logró renovar su marco normativo y fortalecer los servicios sociales que contempla.

Además, la entidad asumió la tarea de liderar el programa de acompañamiento a comparecientes de la Fuerza Pública ante la JEP, que cuenta con más de 1.000 personas vinculadas. “A la fecha, ya hemos cerrado 12 procesos restaurativos que han garantizado avances en el proceso de justicia restaurativa", resaltó.

¿Cómo está la ARN en materia administrativa?

La secretaria general de la ARN, Carolina Vergara, aseguró que la entidad se entrega a la nueva administración fortalecida, con una gestión sólida y unas finanzas sanas que garantizan su funcionamiento y la continuidad de sus procesos.

"Nuestra gestión presupuestal ha sido calificada como altamente eficiente y satisfactoria. En términos financieros, dejamos una entidad con estados contables sanos y finanzas saludables", afirmó.

Vergara destacó que durante los últimos cuatro años la ARN alcanzó una ejecución presupuestal del 96,6 %, la más alta del sector Presidencia y de las entidades adscritas, resultado de una administración rigurosa de los recursos públicos. Asimismo, indicó que la entidad deja como legado 12 sistemas de información que fortalecen la gestión institucional y permiten que la toma de decisiones, el análisis de datos y el acceso a la información pública estén soportados en evidencia y al servicio de la ciudadanía.

Vergara hizo un llamado a culminar los procesos contractuales conforme a los cronogramas establecidos, proteger los derechos de los servidores públicos y contratistas y dar cumplimiento a los acuerdos sindicales, tal como lo ha hecho la actual administración.

Un llamado a proteger la paz

Alejandra Miller
Directora de ARN
Al finalizar el acto, la directora general de la ARN, Alejandra Miller, hizo un llamado al nuevo Gobierno a cumplir el Acuerdo de Paz y no echar para atrás sus avances, al recordar que este hace parte del bloque de constitucionalidad y constituye un compromiso del Estado colombiano.

Asimismo, pidió poner fin a la estigmatización contra las y los firmantes de paz. "El 85 % sigue comprometido y no es cierta la narrativa que se quiere instalar de que todos volvieron a las armas. Detener la estigmatización es una responsabilidad ética y política de quien va a gobernar este país", señaló.

Finalmente, envió un mensaje de agradecimiento a las y los firmantes de paz por mantener su compromiso con la implementación del Acuerdo, así como a la cooperación internacional y a los equipos territoriales de la entidad:

"Me despido con muchas imágenes y voces conmovedoras de firmantes de paz que luchan día a día en sus territorios. Gracias a los 11.000 que siguen comprometidos y gracias por sostener la palabra a pesar de todas las dificultades. También gracias a las instituciones que nos acompañaron en este camino, a la cooperación internacional y a las organizaciones. Hoy su acompañamiento es más importante que nunca, porque hoy más que nunca la paz nos necesita".

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones -ARN-

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lunes, 11 de agosto de 2025

Informe de la Unidad de los Acuerdos de paz 2016

El Gobierno ha entregado 307.629 indemnizaciones individuales a 285.028 víctimas
11.186 firmantes de paz siguen activos en el Programa de Reincorporación Integral
Bogotá, 10 de agosto de 2025​. – Colombia alcanzará niveles aceptables de convivencia social cuando se haya aplicado la totalidad o, al menos la mayoría de los Acuerdos de paz de 2016.

Por esta razón el gobierno actual, viene acelerando acciones orientadas a la ejecución efectiva de esos Acuerdos, entre los que se destacan la reparación integral de las víctimas, la promoción de oportunidades económicas en las regiones más afectadas por el conflicto y el establecimiento de diálogos con todos los actores armados ilegales.

Al respecto la directora de la Unidad de aplicación del Acuerdo, Gloria Cuartas, resaltó que los resultados presentados en estos 3 años, reflejan el esfuerzo colectivo por garantizar derechos, consolidar la paz territorial, promover la justicia social y avanzar en el cierre de brechas históricas. Manifestó la funcionaria: “Mediante la entrega de tierras, el fortalecimiento de la participación política, el impulso a la reincorporación y la reparación a las víctimas, seguimos caminando con decisión hacia una paz total y duradera".

Este esfuerzo colectivo ha convocado en lo corrido de estos tres años a todas las instituciones del Estado y pone en el centro la dignificación de las comunidades que durante décadas fueron víctimas del conflicto armado y del olvido.


La seguridad, la dignidad y la sostenibilidad alimentaria de los firmantes de paz es fundamental. Recordó la directora de la Unidad, que el presidente instaló recientemente el Sistema Nacional de Reincorporación (SNR), que articula 38 entidades del Gobierno para cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo de 2016 sobre los excombatientes.

A pesar de las adversidades y de la presión de los violentos, 11.186 firmantes de paz siguen activos en el Programa de Reincorporación Integral. El Gobierno ha destinado 13.239 millones de pesos para el impulso de proyectos productivos en los 32 departamentos.

Este avance está acompañado por 684 medidas de protección para salvaguardar la seguridad de quienes dejaron las armas por la promoción de espacios de diálogo y reconciliación en los territorios.

A esto se suman 214 proyectos con enfoque restaurativo que impulsan el desarrollo comunitario y la reconstrucción del tejido social. Además, los firmantes de paz han recibido 17.000 hectáreas de tierra productiva durante este Gobierno, que contrasta con las mil hectáreas otorgadas por las dos administraciones anteriores.

Programa de Sustit​ución de Cultivos, la segunda oportunidad para las familias

La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito ha vinculado a las familias que han requerido una segunda oportunidad, ofreciéndoles alternativas productivas y sostenibles que transforman las economías ilegales por legales. ​

Se invirtieron 140.000 millones de pesos en proyectos productivos para 72.979 familias vinculadas al Programa Nacional de Sustitución. Asimismo, se han suscrito 56.709 planes de inversión en 56 municipios con 623 líneas productivas.

En regiones como Catatumbo se han recibido por Cooperación Internacional más de 15 millones de dólares para procesos de asistencia técnica, formalización de tierras y fortalecimiento productivo, beneficiado directamente a 4.800 familias rurales.

Las víctimas como prioridad

El Gobierno ha entregado 307.629 indemnizaciones individuales a 285.028 víctimas del conflicto armado y se aprobaron 859 planes de retorno y reubicación, incluyendo 153 para comunidades étnicas.

También se fortalecieron las medidas de reparación colectiva, con enfoque especial en comunidades rurales y étnicas. Se avanzó en la implementación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la reglamentación de la Ley de Mujeres Buscadoras.​

Fuente: Oficina de prensa Presidencia de Colombia.

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domingo, 22 de junio de 2025

El acuerdo de paz urbana es con la delincuencia no con la guerrilla

Habrá auditoría para saber si se están invirtiendo los recursos que el Gobierno nacional gira a Medellín para este propósito

Medellín, 21 de junio de 2025. – Un nuevo intento por consolidar propuestas de pacificación urbana, hizo el presidente de la república Gustavo Petro en su visita a la capital de Antioquia.

Al respecto el jefe del estado sostuvo: “Mi propuesta consiste en que la fiscal general de la Nación –a quien no he invitado aún porque está fuera del país– y yo, como presidente de Colombia, vayamos a la cárcel (de Itagüí) a examinar, bajo las normas legales existentes, las posibilidades de beneficios jurídicos a cambio de la dejación completa y definitiva de las armas, del asesinato, de la sujeción de juventudes, hombres y mujeres de los barrios, y de la extorsión y la ayuda al traqueteo”.

Este fue el planteamiento que el presidente Gustavo Petro hizo este sábado a las denominadas estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que hacen presencia en Medellín y el Valle de Aburrá, proceso que forma parte de la Paz Total que impulsa el Gobierno nacional.

Durante la movilización ‘Un pacto por la paz urbana de Medellín’, realizada en la plazoleta La Alpujarra, el jefe de Estado recalcó en su mensaje a los jefes de estas estructuras: “Les pido a estos antiguos dueños de la violencia en Medellín que cesen toda violencia. Ojo, no se trata de acuerdos parciales. Sabemos que cumplieron cuando dijeron acabar fronteras entre bandas. Sabemos que cumplieron cuando dijeron que no más matar. Tregua. Sabemos que en algunos barrios dijeron, por un tiempo transitorio, cesar la extorsión”.


Pero –agregó– “yo quiero poner mis condiciones para dar un paso definitivo al cese total de la violencia en la comuna popular y emancipar a la juventud y a la mujer de Medellín, emanciparla, cortar las cadenas de la violencia y de la codicia. Entonces, hay que cesar definitivamente la violencia”.

Asumir la paz de verdad

El presidente Petro indicó que el Gobierno nacional ya ha visitado repetidamente la cárcel de Itagüí para escuchar a los antiguos jefes de las bandas y “ellos tienen sus intenciones”, las cuales “veremos si son adaptables a una política de paz”.

“No quiero que nos engañen y que usen la paz simplemente para fortalecerse, como han hecho otros grupos, sino para mirarla de verdad, para salir de la violencia definitivamente y poder mirar de frente al ser humano, al sol, a la luna, al pájaro que canta a la vida”, manifestó.

En este sentido, destacó que estos jefes de bandas “han dicho que​ la niñez y la juventud de la comuna popular fue esclavizada por la violencia, se mataron a unos y otros y las fronteras invisibles fueron ciertas”.

De acuerdo con el mandatario, esta escalada de muerte llevó a Medellín a 400 homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa más alta de la historia colombiana y la más alta alcanzada hasta ahora por alguna ciudad del mundo.


Destacó que, gracias a esfuerzos de paz urbana, hoy esta tasa es de 10 homicidios, lo cual es un orgullo para Medellín y Antioquia.

“Todavía es insuficiente, hay muerte, pero bajar de 400 a 10 es un orgullo antioqueño que hay que levantar como una bandera”, dijo.

Y agregó: “A mí me gustaría que en este gobierno bajáramos del 10. Está repuntando desgraciadamente en los últimos meses y hay que ser más tercos entonces. Hay que recoger en una política pública a la niñez y a la juventud de la comuna popular, dentro de una política pública eficaz y no de carreta”.

Arte y educación física en colegios

El presidente consideró que la promoción del arte y la educación física es fundamental dentro de esta política pública, y solicitó a los ministerios de Educación y Culturas iniciar en Medellín una auditoría que permita saber si se están invirtiendo los recursos que el Gobierno nacional gira para este propósito.

“Ustedes me tienen que averiguar en todos los colegios ubicados en las comunas populares si se están dando clases de arte y de música con el dinero que hemos girado”, precisó en su instrucción a las citadas carteras.

Sobre este tema reiteró: “Quiero la auditoría, porque la plata sí se ha girado y en algún lugar se queda y hay que saber en qué lugar se está quedando. Así que la auditoría comienza por Antioquia y este es un primer punto de acuerdo con quienes ejercieron violencia en la barriada popular”.

Proceso debe ser serio

Al retomar su propuesta de paz urbana, el mandatario recalcó: “Queremos que la Fiscalía General de la Nación, olvidándose de que hay fiscales aquí que no le hacen caso, vaya a la cárcel, a donde yo mismo voy a ir, y me acompañe”.

Esto para estudiar –puntualizó– “si a través de las actuales normas jurídicas podemos lograr un acuerdo definitivo en donde cese la violencia aún más en los barrios pobres de Medellín, y que la juventud pueda ser libre y podamos hablar entonces de paz con la boca llena de alegría, cantando, ojalá. Sé lo difícil y lo complejo que es”.

A renglón seguido, precisó: “el acuerdo de paz urbana, que no es con guerrillas, es con delincuencia, y brava, que asoló a Medellín, indudablemente debe ser serio para que estos procesos –que también están en Quibdó, en Buenaventura, y que espero abrirlo en Barranquilla–, permita que sin muertes se acabe la esclavitud del pueblo a la violencia”.

De acuerdo con el mandatario, este problema no se soluciona llevando a la cárcel a un jovencito para que no sea observado mientras consume droga, día y noche, durante semanas, y “después muere o lo matan o desaparece esa juventud porque nunca tuvo oportunidad”.

“La solución –sostuvo– está en que las juventudes de Colombia tengan oportunidad por igual. Igual la niña que va al colegio bilingüe muy caro, igual el muchacho que va al colegio público que es gratuito, pero el colegio público debe tener la misma calidad de educación que el colegio bilingüe de la niña”.

Al concluir, el presidente Petro reiteró la esencia de su propuesta: “Cese de la violencia, ya no transitorio sino total, y beneficios jurídicos estudiados con el mismo poder judicial. Quizá se necesite de una ley, pero si logramos demostrar que es posible la presión popular por una ley de ese estilo en todas las regiones que sufren ese flagelo, crecerá, porque veremos que la paz es posible y que salir de cien años de soledad es posible en la Colombia actual”.

(Fin/fca/cpq)​

Fuente: Prensa presidencia de Colombia.

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miércoles, 7 de mayo de 2025

La AECID apoyó la investigación presentada por CODHES

El 80% de defensores de población migrante en Colombia trabaja sin remuneración

Bogotá. – La crisis que padecen las personas que se atreven a denunciar atropellos contra la población indefensa es cada día más azarosa, según estudios recientes.

Cerca del 80% de defensores y defensoras de personas en movilidad humana forzada en Colombia ejerce su labor sin remuneración o con salarios demasiado bajos, que en muchas ocasiones tienen que combinar con trabajos informales para sobrevivir, según lo reveló una investigación de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en el marco del proyecto regional Derecho a defender los derechos humanos en América Latina y el Caribe.

La investigación -financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias-, reveló que, en general, las y los defensores de derechos de las personas en movilidad humana forzada en Colombia ejercen su labor en contextos de falta de apoyo y recursos, estigmatización y discriminación, lo cual exige acciones urgentes.

El informe da cuenta que Colombia es el principal receptor de migrantes y refugiados venezolanos en la región (más de 2.8 millones) y que los principales riesgos que enfrentan quienes defienden sus derechos son amenazas y violencia, por ejemplo, cuando grupos armados ilegales los estigmatizan como "colaboradores de la guerrilla" o los atacan directamente.

Así mismo, revela el informe, existe contra ellos una estigmatización estatal y mediática, pues en muchas ocasiones los defensores y las defensoras de migrantes venezolanos son instrumentalizados políticamente: celebrados por promover participación electoral, pero tachados de "vándalos" al exigir acceso a salud, entre otras cosas.

Marco Romero S.
Según lo explica Marco Romero Silva, director de CODHES, “en un contexto regional cada vez más desafiante, las personas que defienden los derechos de migrantes y refugiados enfrentan crecientes obstáculos como la estigmatización, las amenazas y la reducción de recursos para su labor. Por eso es urgente que los Estados y la cooperación internacional reconozcan la importancia de su rol en la mitigación de las crisis migratorias y de refugio en el continente, las cuales sin su ayuda se agravarían aún más”.

La investigación también revela que la labor de las organizaciones que defienden los derechos de las personas en movilidad humana forzada está centrada en ayuda humanitaria a través de la disposición de albergues, alimentos y documentos a desplazados y migrantes; acompañamiento jurídico, a través de asesoría en trámites de restitución de tierras (URT) y regularización migratoria.

El informe finaliza con el llamado urgente al Estado colombiano para que implemente una mesa de garantías con enfoque diferencial (género, étnico y generacional) y asigne recursos estables para el ejercicio de la protección de las personas en movilidad humana forzada.

Panorama en la región

En América Latina y el Caribe son más de 100 organizaciones sociales que protegen los derechos humanos de la población migrante, refugiada y desplazada las que están en riesgo de continuidad debido a las constantes amenazas, la estigmatización, xenofobia y falta de apoyo en recursos económicos.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), América Latina es la región del mundo más peligrosa para las personas defensoras de los derechos humanos en un contexto donde cada vez es más relevante su trabajo ante las diferentes crisis.

Esto se debe a que la región enfrenta un aumento sostenido de los flujos de personas obligadas a migrar, debido a factores como conflictos, violencias, crisis económicas, persecución e inestabilidad política y la emergencia climática. Esta situación ha dejado como resultado más de 23 millones de personas refugiadas y desplazadas en la región, según ACNUR. Frente a esta crisis, las personas y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos atienden las necesidades de acompañamiento, orientación y protección para enfrentar y superar las situaciones de discriminación, indiferencia y vulneraciones que estas personas experimentan durante su desplazamiento y en su búsqueda de protección, reasentamiento e integración en un nuevo territorio.

Sobre Conecta Por Los Derechos

La iniciativa -que cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia-, tiene como objetivo visibilizar y reconocer el rol crucial de las personas defensoras de derechos humanos de población migrante y refugiada en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Brasil, México, Guatemala, Honduras y Nicaragua, así como contribuir a posicionar el tema en la agenda pública de cada país e invitar a que los Estados brinden todas las garantías de protección y apoyo a la labor que hacen estas personas y sus organizaciones.

Para más información y consultar el documento completo de diagnóstico rápido visitar el siguiente enlace: Clic Aquí 

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Fuente: Andrés Quiroga Irreño

Comunicaciones // Relaciones Públicas

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lunes, 7 de abril de 2025

Las iniciativas comunitarias parte de la paz territorial en Nariño

Más de 500 artefactos explosivos entregó el Frente Comuneros del Sur, como parte de los acuerdos
Inversiones por $45 mil millones han ejecutado la nación con los Comuneros del Sur
Pasto, 5 de abril de 2025. - El proceso de paz territorial del departamento de Nariño con la organización, Comuneros del Sur del ELN, se concretó con la firma de dos acuerdos históricos, llevado a cabo este sábado.

El evento  'Acordando y haciendo: Avances del Proceso de Paz Territorial en Nariño', fue liderado por el presidente Gustavo Petro, quien encabezó la Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial, sellando así un compromiso renovado entre el Gobierno nacional y los Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

“En los 10 municipios donde había presencia del grupo Comuneros del Sur, se han invertido $45 mil millones y hay 109 equipos de médicos, enfermeras, 4 centros de salud y 6 ambulancias. Así se transforma el territorio, y no es que lo vamos a hacer, ya están", indicó el mandatario.

En presencia del jefe de Estado, el delegado del Gobierno para los diálogos, Andrei Gómez Suárez, dio lectura al Acuerdo número 6, titulado “Por la verdad, la memoria y la dignificación de las víctimas". Este compromiso reconoce el papel fundamental de las comunidades afectadas por el conflicto y sienta las bases para un proceso de reparación simbólica y reconocimiento histórico en Nariño.

El acuerdo plantea mecanismos para la recuperación de la memoria colectiva, la preservación de testimonios y la participación activa de las víctimas en los procesos de paz y reconciliación. Así mismo, promueve el fortalecimiento de las iniciativas comunitarias de memoria y la articulación con el Sistema Integral para la Paz, incluyendo la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

El segundo acuerdo, el número 7, fue el orientado a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en diez municipios priorizados del departamento. Este pacto, suscrito por Carlos Erazo y Roger Garzón como representantes de las partes, fue leído por la delegada del Gobierno para los Diálogos con Comuneros del Sur, Ángela María Robledo.

Con un auditorio repleto de liderazgos comunitarios, mujeres defensoras de derechos y delegados institucionales, Angela M. Robledo abrió su intervención con un potente mensaje de reconocimiento al papel de las mujeres en la construcción de paz: “Aquí estamos las mujeres que hemos soportado la paz y que queremos acabar con esta guerra que parecería eterna".

Durante su discurso, la delegada destacó que este nuevo acuerdo con los Comuneros se centra en la transformación de las economías ilegales que han predominado en varias zonas de Nariño, perpetuando la violencia y dificultando la implementación plena del Estado Social de Derecho. Según cifras presentadas en el evento, los municipios priorizados en esta etapa concentran el 11,07% del total de cultivos ilícitos del departamento.

El acuerdo fija una meta concreta: sustituir, mediante una ruta voluntaria, 5.000 hectáreas de cultivos ilícitos en diez municipios priorizados: Samaniego, Santa Cruz de Guachavés, La Llanada, Los Andes, Sotomayor, Barbacoas, Ricaurte, Cumbal, Mayama, Providencia y Huachucal.

La fase inicial de este proceso contempla declarar al municipio de Samaniego libre de cultivos ilícitos durante el año 2025. Posteriormente, la fase dos ampliará las acciones a los demás municipios priorizados, en un proceso gradual liderado por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

“La planificación y la acción coordinada serán fundamentales para transformar estas economías en el territorio y garantizar un futuro más seguro y próspero con las comunidades", enfatizó Robledo.

También subrayó que la hoja de ruta será construida con enfoque territorial e interseccional, teniendo en cuenta la diversidad étnica, de género, generacional y cultural de las comunidades involucradas.

Subco​misión técnica y seguimiento

​El acuerdo establece la creación de una subcomisión técnica encargada de elaborar los protocolos, documentos e insumos necesarios para poner en marcha el proceso de sustitución voluntaria. Esta instancia estará conformada por representantes del Gobierno nacional, los Comuneros del Sur, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos y otros actores regionales y nacionales que hayan aportado al proceso de paz territorial.

Entre sus tareas también estará acompañar los procesos de divulgación, diálogo y concertación con las comunidades durante todas las fases del acuerdo y validar, con base en estudios técnicos, las líneas de producción alternativa que reemplacen de manera sostenible las economías ilícitas.

Robledo expresó su agradecimiento a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes por su disposición a co-construir soluciones desde el territorio. También reconoció el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia, la Embajada del Reino de los Países Bajos y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAP-OEA), cuyo respaldo técnico y político ha sido fundamental.

Este esfuerzo estará acompañado por la creación de una subcomisión técnica encargada de construir la hoja de ruta para la implementación del proceso. Esta instancia se encargará de la planificación, el diseño de protocolos, el seguimiento técnico y la articulación institucional, con un enfoque interseccional que incluirá consideraciones de género, etnicidad, generación, ciclo de vida y diversidad territorial.

Programa de sustitución

Gloria Miranda E.
Gloria Miranda Espitia, directora del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, dijo que “además de las 5.000 hectáreas acordadas en esta mesa, esta misma semana se lograron pactar 15.000 hectáreas más con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, también en Nariño, y otras 15.000 en Putumayo, como parte de la misma apuesta por la paz".

El programa de sustitución que se aplicará, indicó Miranda, tiene tres componentes clave:

1.   Pagos por erradicación, que sustituyen el ingreso derivado de los cultivos durante el primer año.

2.   Cambio de economía, no solo de cultivo: implica transformar completamente la base productiva local.

 3.   Aseguramiento de la comercialización, para evitar que los productos campesinos se pierdan en las veredas.

“No es cambiar una mata por otra mata, es cambiar toda la economía completa", subrayó Miranda, al tiempo que destacó experiencias como la del resguardo La Montaña, que ya está apostando por la producción de ají agroindustrial, vijao y la creación de una empresa administrada por el propio resguardo indígena.

“Esta es la propuesta que le traemos hoy a Nariño, una propuesta para la paz, porque el narcotráfico ha despojado a las comunidades de su derecho más básico, que es la paz. Y hoy damos un paso gigante en esa dirección para recuperar ese derecho", concluyó.

Destr​ucción de armamento

​Al final del evento, el mandatario dio la orden de destruir más de 500 artefactos explosivos entregados por el Frente Comuneros del Sur, como parte de los acuerdos.

“Anunció Destrucción de armas. Yo como Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, y siguiendo mi deber constitucional de garantizar la paz en todo el territorio, le ordeno al capitán Víctor Paz que proceda con la destrucción del material de guerras del Frente Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional", dijo el jefe de Estado.

​Desde algún lugar de las montañas del sur del país, respondió el capitán Paz: “Señor Presidente. Capitán Paz Jiménez Víctor, comandante del Grupo Marte de la 5ª División de nuestro glorioso Ejército Nacional. Me presento, señor Presidente. En ese momento me encuentro en este punto con el Grupo Marte, listos para realizar la destrucción de 585 artefactos explosivos, los cuales fueron entregados por el Grupo Armas, organizado Comuneros del Sur a la Consejería Comisionada de Paz en acompañamiento de OEA".

(Fin/cpq/aga)

(Fin/cpq)​

Fuente: Prensa presidencia de Colombia.

Ajuste de contenido y diagramación: bersoahoy.co  

domingo, 15 de septiembre de 2024

La voluntad y el compromiso deben primar en diálogos de paz


Bogotá. - Un enérgico llamado a los sectores violentos que sostienen conversaciones con el gobierno en busca de pacificación nacional, hizo la iglesia este domingo en la tradicional eucaristía de la catedral primada de Colombia.

Monseñor Juan Carlos Barreto, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y obispo de Soacha, pidió a los grupos armados que sean sinceros en los diálogos y cumplan los compromisos que se adquieren para que el país logre aclimatar muy pronto la pacificación.

El prelado expresó que la violencia nunca será el camino para que la sociedad colombiana experimente un ambiente de cordialidad y progreso general. Agregó que la violencia trae solo zozobra, sangre, hambre y mayor pobreza.

Agregó Monseñor Juan Carlos Barreto durante la eucaristía que se transmite cada domingo por la cadena RCN T.V. que en un proceso de diálogos de paz deben estar todos comprometidos y nadie puede poner en duda que a través de conversaciones sinceras se lleguen a pactar acuerdos que beneficien a todos.

Hizo hincapié el obispo, en el sentido de hallar acuerdos mediante fórmulas de justicia social, voluntad y responsabilidad de las partes, sin las cuales será vano cualquier intento por acabar con el conflicto. Puntualizó que los diálogos que se adelantan con el objetivo de pacificar a Colombia deben estar unidos por la verdad y sinceras intenciones de cumplir con los acuerdos. De no ser así el azote violento seguirá ahondándose. Los desacuerdos sociales deben corregirse para alcanzar los anhelos del pueblo colombiano, indicó finalmente.

 (Redacción bersoahoy.co)

sábado, 14 de septiembre de 2024

Apoyo del gobierno para firmantes del Acuerdo de Paz

En Colombia 11.819 personas adelantan su proceso de reincorporación
La iniciativa permitirá acceso a tierras y vivienda para garantizar acceso a firmantes de paz


Bogotá
,
14 de septiembre de 2024. - La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), anunciaron la compra de alrededor de 100 predios y 3.000 hectáreas para entregárselas a los trabajadores del campo. 
El Gobierno nacional a través de sus instituciones honra así el compromiso de avanzar en el acceso a tierras y ampliar la oferta de vivienda digna para las y los firmantes del Acuerdo de Paz. Alejandra Miller Restrepo... Seguir leyendo

 

miércoles, 12 de junio de 2024

OCADA PAZ podría haberse convertido en el desangre nacional

En solo un año, se entregaron $688 mil millones de pesos para Nariño…

La plata se la llevaron a las zonas más ricas y / o se la robaron

Ipiales, Nariño, 11 de junio de 2024​. – El presunto asalto millonario a las arcas de los recursos económicos destinado al proceso de Paz en Colombia, está a punto de descubrirse en una investigación que inicia el Departamento Nacional de Planeación.

La denuncia fue hecha por el mismo presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, desde Ipiales, Nariño, donde afirmó que el robo de dineros destinados a la paz en 2021 se demuestra en cifras de inversión y le pidió al director del DNP, Alexander López, contratar una auditoría forense para revisar los recursos no ejecutados y perdidos del Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz (OCAD PAZ) y del Sistema General de Regalías.

La solicitud fue hecha durante el cierre de la XXVII sesión de la Mesa de Concertación de los pueblos Pastos y Quillasingas en Nariño, desde donde ordenó contratar una auditoría especializada que investigue los recursos de años anteriores.

“Usted puede hacerle la veeduría más profunda posible para que en este Gobierno no se pierda un peso ni del OCAD ni del Sistema General de Regalías", complementó en su solicitud al director del DNP.


Al referirse al segundo eje incumplido del Acuerdo de Paz con las Farc, el de la transformación del territorio, expresó: “este es el punto central en Nariño" y presentó cifras del OCAD PAZ, “que nadie ha querido investigar a fondo".

Detalló que, en el año 2021, “solo en un año, se les entregaron a diferentes organizaciones empresariales, alcaldes o al gobernador, 688 mil millones de pesos para Nariño". El mandatario sostuvo que esos dineros tenían como destino la realización de una serie de obras.

Acto seguido, puso como ejemplo el nivel de ejecución de la interconexión eléctrica del Pacífico, aprobada en 2021, que fue del 1,4% y se preguntó: “¿Dónde está la plata?". Citó obras que no se hicieron y que podrían haber contribuido a la transformación territorial, tales como carreteras, acueductos, hospitales, escuelas y universidades.

También sostuvo que en el año 2021 se aprobó el mayor número de proyectos de OCAD PAZ de su historia, que comenzó con el Acuerdo de Paz.

“¿Y cómo se iba a transformar entonces el territorio nariñense para la prosperidad de la gente? -cuestionó el mandatario- si el segundo punto del Acuerdo con la Farc es transformar los territorios donde hubo la guerra, a los cuales llamaron PDET, y la mitad de Nariño es PDET?

Recursos de las regalía​s que no han logrado transformar los territorios

“Y todavía tendría que agregar más, porque la plata para el OCAD PAZ es lo de menos, si comparamos todas las regalías de Colombia, que entre el 2014 y el 2024 suman 68 billones de pesos, que se entregan a municipios y departamentos", agregó el mandatario.

“¿Cómo que 68 billones de pesos no han logrado transformar el territorio de Colombia, las regiones pobres, que deberían al menos ser menos pobres que cuando comenzaron estos programas? ¿Qué pasó con el dinero? Estamos hablando de decenas de billones, aquí no más, casi 100 billones de pesos", sostuvo.

Ante la ausencia de obras ejecutadas en la región, se interrogó: “¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde están los acueductos? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están los circuitos eléctricos? ¿Dónde están las escuelas?"

Y concluyó: “Tenemos un grave problema, porque el segundo punto del Acuerdo de Paz con las FARC, que era transformar el territorio, la plata se la llevaron a las zonas más ricas y / o se la robaron".

(Fin/pvc/nmp/fca)

Fuente: Comunicaciones presidencia de Colombia.

Ajuste de contenido y diagramación: bersoahoy.co  

miércoles, 5 de junio de 2024

La trágicas realidad de Colombia en informe de la comisión de la verdad

Algunos quisieran encerrar en una gaveta el informe de la Comisión  por vergonzoso 

Bogotá, 4 de junio de 2024. - El Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia recibió el saludo del gobierno nacional durante una ceremonia especial que presidió el jefe del estado.

Durante el acto, el presidente Gustavo Petro pidió a la Cancillería liderar las gestiones necesarias para que el Informe Final de la Comisión de la Verdad, no se oculte, porque es producto de un Acuerdo de Paz.

El documento será elaborado a través de la Imprenta Nacional, según lo acordado ante los diplomáticos.

El mandatario explicó que, ese texto de la Comisión de la Verdad, “que no es una verdad judicial", debe llegar a los colegios, “junto a un libro ya viejo –de unos sacerdotes católicos que lo impulsaron– sobre la violencia de mediados del siglo XX, antes que nosotros hubiéramos nacido, en dos tomos, y que se llama La Violencia en Colombia".

El Jefe de Estado expresó que esos dos documentos constituyen “quizás el esfuerzo más grande que se ha hecho desde el punto de vista de la investigación histórica para recopilar lo que ha acontecido en este país desde hace ya 75 años".

“75 años que se pueden medir en muertos, es un poco el resumen de esos libros", indicó y agregó que “las cifras que ya entrega esta Comisión nos habla de 700 mil, dependiendo de las fechas donde uno empieza a contar; 700 mil asesinados por la codicia y el poder".

Afirmó el presiden te Gustavo Petro: “no se puede frenar una tormenta tan desastrosa, que lleva ya 75 años, en uno o dos años. Pero sí se pueden construir las medidas que lo permitan en un tiempo lo más breve posible".

Ronda d​e diálogo con el ELN en el Vaticano

​El presidente Petro narró que, en su último encuentro con el Papa Francisco, estuvo hablando con la comunidad de Saint'Egidio, que conoce mucho el país, ha trabajado aquí, y se ha especializado en temas de paz desde sus iglesias y sitios.

“Ahí, en ese lugar, hablamos de una posibilidad que le transmití al Papa Francisco, que es poder realizar, está enredado poderlo hacer, pero hacer una ronda de paz, de conversaciones, de diálogo sobre la paz con el ELN".

“Entonces me pareció que eso podría juntar el deseo de paz de tantas gentes en las regiones de Colombia, martirizadas, y que un buen lugar podría ser allá, bajo el cobijo diplomático del Estado Vaticano".

Manifestó su deseo de que se explore la posibilidad de “ver si se puede realizar, porque tendría una importancia que no es solo la paz de Colombia", sino poderlo realizar “en un sitio que ha sido faro de la civilización humana, el tema de la paz".

Esto, concluyó, desde Colombia, “en un mundo que se desbarata en la guerra, o sea desde un país que ha sufrido tanto la violencia, poder lanzar una voz a partir de la coherencia misma de nuestra propia sociedad tratando de construir la paz, que pueda enseñar algo al mundo en este momento".

(Fin/abs/fca)

Fuente: Prensa presidencia de Colombia.

Ajuste de contenido y diagramación: bersoahoy.co 

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