Según lo explica Marco Romero Silva, director de CODHES, “en un contexto
regional cada vez más desafiante, las personas que defienden los derechos de
migrantes y refugiados enfrentan crecientes obstáculos como la estigmatización,
las amenazas y la reducción de recursos para su labor. Por eso es urgente que
los Estados y la cooperación internacional reconozcan la importancia de su rol
en la mitigación de las crisis migratorias y de refugio en el continente, las
cuales sin su ayuda se agravaría aún más”.
La investigación
-que contó con la financiación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del Centro de Formación de la
Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia-, tuvo los siguientes
principales hallazgos por país:
Colombia
Brasil
Los defensores y las defensoras de personas en movilidad humana forzada
en Brasil carecen de recursos para operar y el Programa de Proteção a os
Defensores de Direitos Humanos (PPDDH) no incluye una línea específica para
defensoras migrantes, dejándolas desprotegidas ante amenazas. El país alberga a
568.058 venezolanos, de los cuales 132.626 son reconocidos como refugiados y
479.751 tienen residencia. Sin embargo, migrantes de Haití, África y Asia
enfrentan barreras adicionales, como discriminación y falta de programas
específicos; además, el informe reveló que los defensores y las defensoras
indígenas, como los waraos de Venezuela, sufren de racismo y exclusión en
servicios públicos.
Chil
La mayoría de personas que trabajan por la defensa de los derechos de la
población en movilidad humana forzada en Chile son mujeres y enfrentan
sobrecarga de responsabilidades al tener que combinar su labor con roles
domésticos y familiares, reciben salarios mínimos o en algunos casos trabajan
sin ninguna remuneración, y sufre discriminación y xenofobia. En el país,
336.984 personas (17,6%) se encuentran en situación migratoria irregular, lo
que limita su acceso a derechos fundamentales como salud, educación y trabajo.
El informe también señala que la Ley de Migración y Extranjería (Ley 21.325 de
2021) enfrenta obstáculos burocráticos y falta de recursos, dificultando la
regularización. En el país no existe un marco normativo específico sobre
personas defensoras de DD.HH que reconozca y proteja de manera transversal su
labor, ni se dispone de medidas específicas para otorgarles protección.
Ecuador
La creciente inseguridad, violencia y la falta de políticas efectivas de
protección para ejercer su labor, han dejado a los defensores y las defensoras
de personas en movilidad humana forzada en Ecuador en una situación crítica. En
2024, 60.668 personas extranjeras abandonaron Ecuador debido a la violencia y
la falta de oportunidades. Además, 57.000 ecuatorianos cruzaron el Darién en
2023 y EE.UU. reportó 74.000 encuentros con migrantes ecuatorianos en su
frontera sur hasta julio de 2024. A este panorama se le suma que en el país no
existen mecanismos estatales de protección para defensores y defensoras de
derechos humanos. El Programa de Protección de Víctimas y Testigos solo se
activa en casos emblemáticos, dejando a líderes y organizaciones en riesgo,
revela el informe.
Guatemala
Más del 80% de las personas que defienden los derechos de la población
en movilidad humana forzada en Guatemala son mujeres y de ellas la gran mayoría
trabaja en constante riesgo de sufrir amenazas y acoso. La defensa de los
derechos humanos en el país es una labor vital pero de alto riesgo, que se
agrava más por su exposición a violencias de género, como acoso sexual y
discriminación desde diferentes actores; en muchos casos estas acciones se
extienden a formas sutiles de represión y criminalización por parte del Estado
y grupos criminales.
Honduras
Entre enero y agosto de 2023, 236 defensores y defensoras de derechos de
personas en movilidad humana forzada en Honduras recibieron ataques, según
datos de Human Rights Watch; lo que quiere decir que más de 200 cada año están
en riesgo. El país vive una crisis humanitaria marcada por la violencia, la
pobreza y los desastres climáticos, que ha generado un flujo constante de
migración forzada.
México
El Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y
Periodistas, que cobija a los defensores y las defensoras de población en
movilidad humana forzada en México, solo ha beneficiado al 10.6% de la
población objeto. Además sufren continuas amenazas, extorsiones y agresiones
físicas por parte de grupos criminales y autoridades. En 2024, por ejemplo, se
registraron 649 casos de violencia contra ellos, con un aumento significativo
en los primeros meses del año.
Nicaragua
Vigilancia sistemática, amenazas a familiares y hostigamiento legal, son
los flagelos que más sufren los defensores y las defensoras de derechos de las
personas en movilidad humana forzada en Nicaragua. El país enfrenta una crisis
sistemática de derechos humanos bajo el actual
Gobierno, marcada por la represión contra la disidencia, incluyendo
defensores de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios y religiosos.
Las cifras revelan que desde 2018 más de 260 mil nicaragüenses (aproximadamente
el 4% de la población) han huido del país, principalmente hacia Costa Rica, que
se ha convertido en el principal destino para quienes buscan refugio.
Así mismo, la investigación menciona que, desde 2018, ya son más de 5
mil organizaciones sociales clausuradas por orden presidencial, más de 300
personas despojadas de su nacionalidad y desterradas a Estados Unidos, y más de
300 personas asesinadas durante protestas callejeras.
Perú
Más de 100 amenazas cada año sufren los defensores y las defensoras de
personas en movilidad humana forzada en Perú, principalmente en la zona de la
Amazonía. El país alberga a más de 1.5 millones de venezolanos (entre
refugiados, solicitantes de asilo y migrantes), pero solo se ha concedido asilo
al 1% de las solicitudes (608,816 entre 2016 y 2023). A esto se suma que la
eliminación de la visa humanitaria en julio de 2024 y la militarización de
fronteras han dejado a cientos de migrantes varados, exponiéndolos a riesgos
como trata y explotación, así como a defensoras y defensoras de sus derechos,
especialmente mujeres trans, quienes enfrentan discriminación en el acceso a
refugios y servicios básicos.
Venezuela
La alta inflación y la falta de financiamiento estatal e internacional
debilitan constantemente la labor de los defensores y las defensoras de
personas en movilidad humana forzada en Venezuela, así como las constantes
amenazas, estigmatización y violencia por parte de grupos armados ilegales. El
país enfrenta un complejo escenario marcado por disputas geopolíticas, crisis
humanitaria y migratoria, y la presencia de grupos armados. Estas condiciones
han expuesto a la población civil y a las y los defensores de derechos humanos
a riesgos significativos. No hay garantías jurídicas para adelantar trabajos de
defensa de derechos; muchas veces, por ejemplo, son acusados de traición a la
patria o de apoyar al terrorismo, delitos que dan cárcel en Venezuela.
Las tensiones internacionales han debilitado sustancialmente el apoyo y
financiamiento a proyectos de organizaciones de derechos humanos en Venezuela
que trabajan por la población refugiada y en vulnerabilidad.
Panorama en la región
En América Latina y el Caribe son más de 100 organizaciones sociales que
protegen los derechos humanos de la población migrante, refugiada y desplazada
las que están en riesgo de continuidad debido a las constantes amenazas, la
estigmatización, xenofobia y falta de apoyo en recursos económicos.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), América
Latina es la región del mundo más peligrosa para las personas defensoras de los
derechos humanos en un contexto donde cada vez es más relevante su trabajo ante
las diferentes crisis.
Esto se debe a que la región enfrenta un aumento sostenido de los flujos
de personas obligadas a migrar, debido a factores como conflictos, violencias,
crisis económicas, persecución e inestabilidad política y la emergencia
climática. Esta situación ha dejado como resultado más de 23 millones de
personas refugiadas y desplazadas en la región, según ACNUR. Frente a esta crisis,
las personas y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos atienden
las necesidades de acompañamiento, orientación y protección para enfrentar y
superar las situaciones de discriminación, indiferencia y vulneraciones que
estas personas experimentan durante su desplazamiento y en su búsqueda de
protección, reasentamiento e integración en un nuevo territorio.
Sobre Conecta Por Los Derechos
La iniciativa -que cuenta con la financiación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del Centro de
Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia-, tiene
como objetivo visibilizar y reconocer el rol crucial de las personas defensoras
de derechos humanos de población migrante y refugiada en Colombia, Ecuador,
Perú, Chile, Venezuela, Brasil, México, Guatemala, Honduras y Nicaragua, así
como contribuir a posicionar el tema en la agenda pública de cada país e
invitar a que los Estados brinden todas las garantías de protección y apoyo a
la labor que hacen estas personas y sus organizaciones.
Para más información y consultar el documento completo de diagnóstico
rápido visitar el siguiente enlace: Para más información o concertar
entrevista, contactar a: Paola Alape | analistacomunicaciones4@codhes.org |
Cel: + 57 311 275 42 7
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