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viernes, 12 de agosto de 2016

El Papa Francisco y las Naciones Unidas encabezan proceso para creación de la jurisdicción especial para la paz

Papa Francisco
Las comisiones negociadoras de Paz que se encuentran en Cuba, expidieron el comunicado conjunto # 88 de la fecha en el cual explican los mecanismos acordados para la escogencia de los integrantes del Tribunal de la jurisdicción especial que impartirá justicia dentro de la reincorporación de la guerrilla de las FARC a la vida civil.
El documento resalta que se haya nominado al Papa Francisco como parte de los personajes e instituciones que intervendrán en este proceso, para darle garantías de seriedad y pulcritud.
Como segundo paso también se acordó la escogencia del secretario general de las Naciones unidas.
El comunicado conjunto dice textualmente:
Comunicado Conjunto # 88
La Habana, Cuba, 12 de agosto de 2016
Tomada de Revista Semana
Mecanismo de selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para La Paz
El Gobierno Nacional y las FARC-EP informamos que en el marco de lo establecido en el acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz hemos llegado a un acuerdo sobre criterios y el mecanismo de selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz así como del Director de la Unidad de Investigación y Acusación:
Mecanismo de Selección:
Comité de Escogencia: El Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado proponer a las siguientes instituciones y personas, que cada una de ellas, si decidieran aceptar esta solicitud, escojan una persona para conformar el mecanismo de selección mencionado en el numeral 68 del acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz de 15 de diciembre de 2015:
Su Santidad el Papa Francisco
El Secretario General de las Naciones Unidas
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
La delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ).
La Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado.
Los integrantes del comité deberán ser personas de altas calidades éticas, y reconocidas trayectorias profesionales.
Los integrantes del comité seleccionarán a los Magistrados por mayoría de 4/5, con un sistema de votación que promueva el consenso.
El comité de escogencia gozará de toda la autonomía e independencia para que pueda cumplir sus funciones de manera imparcial. Las partes acordarán un reglamento de composición y funcionamiento del comité de escogencia, que además regulará los mecanismos de postulación y elección, mecanismos que contarán con la debida publicidad y garantías de transparencia de manera que facilite el seguimiento y veeduría por parte de  la sociedad y que permita recibir comentarios y opiniones de personas y organizaciones sobre los candidatos.
Criterios de selección:
En el acuerdo sobre el punto 5 “Víctimas” de la Agenda del Acuerdo General, numerales 65 y 66 de la JEP, fueron acordados los siguientes criterios para la selección de los Magistrados del Tribunal y de las Salas:
Todos los Magistrados “deberán estar altamente calificados y deberá incluirse expertos en distintas ramas del Derecho, con énfasis en conocimiento del DIH, Derechos Humanos o resolución de conflictos”.
El Tribunal y cada Sala “deberá ser conformado con criterios de equidad de género y respeto a la diversidad étnica y cultural, y será elegido mediante un proceso de selección que de confianza a la sociedad colombiana y a los distintos sectores que la conforman”.
“Para ser elegido Magistrado del Tribunal para la Paz deberán reunirse los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema o del Consejo de Estado de Colombia, salvo la nacionalidad colombiana para los extranjeros. En ningún caso se aplicará un sistema de carrera”.
“Para ser elegido Magistrado de Sala deberán reunirse los mismos requisitos que para ser magistrado de Tribunal Superior de distrito judicial. En ningún caso se aplicará un sistema de carrera”.
En el proceso de selección se tendrán en cuenta  los estándares internacionales de independencia judicial y las altas calidades morales de los candidatos, así como el dominio del idioma español.
De acuerdo con lo establecido en el acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz, el comité de escogencia deberá elegir siguiendo los criterios establecidos en la JEP:
20 magistrados colombianos y  4 extranjeros para el Tribunal para la Paz
18 magistrados con nacionalidad colombiana y 6 magistrados extranjeros para las 3 Salas de Justicia
Una lista   adicional de 19 nacionales y 5 extranjeros para el Tribunal para la Paz y las Salas de Justicia en caso de que se requiera aumentar el número de magistrados o sustituir a alguno de sus miembros.
 El Presidente o Presidenta
El Director o Directora de la Unidad de Investigación y Acusación que tendrá plena autonomía para seleccionar a los profesionales que harán parte de la misma.
Los procesos de escogencia deberán concluir lo más pronto posible después de la entrada en vigor del Acuerdo Final. En todo caso se priorizará la elección de los magistrados o magistradas de la Sala de Amnistía y de la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas.

miércoles, 3 de agosto de 2016

La reparación colectiva es el mejor camino hacia la paz: Director Nacional de la Unidad de víctimas, Alan Jara en EE.UU

Por: Ángel René Vargas Cabrera
Durante su participación en el sexto Diálogo de Alto Nivel entre Colombia y Estados Unidos, Alan Jara expuso los avances y desafíos alcanzados respecto a la inclusión social de las víctimas de desplazamiento y apostó por la reparación colectiva como mecanismo para facilitar la reconstrucción del tejido social en las comunidades.
Bogotá, 02 de agosto de 2016. Bajo la premisa de que las víctimas están en el centro de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP, el director de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, Alan Jara, participó este lunes en el sexto Diálogo de Alto Nivel Colombia y Estados Unidos, que tuvo lugar en Washington.
La intervención de Jara se centró en la inclusión social de las víctimas de desplazamiento y en los más de 300 procesos de reparación colectiva que actualmente se adelantan en Colombia y que se verán fortalecidos una vez se llegue a un acuerdo final en La Habana. “La reparación colectiva es sinónimo de construcción de paz”, aseguró el director de la Unidad.
El diálogo entre ambos países fue presidido por la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, y el Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry.
El director de la Unidad para las Víctimas participó en el grupo de trabajo dedicado a “Democracia, buen gobierno y derechos humanos”, mientras que otros altos funcionarios de ambos países avanzaron en áreas como defensa, educación, cultura, deporte, ciencia, tecnología, medio ambiente y energía, entre otros.
Para Alan Jara, si bien “el Estado ha asumido su compromiso con la reparación en términos económicos, técnicos y humanos”, es de valorar la contribución de la cooperación internacional. En concreto, el apoyo de Estados Unidos ha permitido fortalecer administrativa y tecnológicamente a la Unidad para las Víctimas; desarrollar estrategias de comunicación y divulgación de la Ley 1448 de 2011; avanzar en la construcción de protocolos y metodologías en temas como atención psicosocial y formación de funcionarios, y poner en marcha el programa de acompañamiento a la indemnización a víctimas.
“El principal objetivo es garantizar el goce de derechos a las víctimas del conflicto armado”, afirmó Alan Jara. “Queremos ir paso a paso, de la atención humanitaria a la reparación individual y, más allá, a la reparación colectiva, que es la reconstrucción del tejido social y la mejor contribución a la reconciliación”, concluyó el director de la Unidad para las Víctimas.
Durante este martes, Alan Jara sostuvo reuniones de trabajo con representantes del Buró de Población, Refugiados y Población del Departamento de Estado de Estados Unidos; de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En horas de la tarde, se reunirá con miembros del Banco Mundial y con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Al finalizar el día, se encontrará con organizaciones y centros de pensamiento, así como varios connacionales víctimas del conflicto armado interno residentes en Washington.
Oficina de prensa de la Unidad de atención a las víctimas

jueves, 23 de junio de 2016

Puntos principales del Acuerdo firmado por el gobierno y las Farc

La Habana, Cuba , jueves, 23 de junio de 2016 Sistema Informativo del Gobierno - SIG
Comunicado Conjunto No. 76 
Juan Manuel Santos
Presidente de Colombia
Timochenko
Jefe de las Farc
​Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP queremos anunciar que hemos llegado a acuerdos en los siguientes puntos:
1. Acuerdo sobre “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y Definitivo y Dejación de Armas”
2. Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.”
3. Acuerdo sobre “Refrendación”
I. Acuerdo sobre Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas
1. Compromisos
El Gobierno Nacional y las FARC-EP expresan su compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales, nos comprometamos con un ejercicio de la política en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado; en el que no haya espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas. Dicho compromiso hace parte de las garantías de no repetición de los hechos que contribuyeron al enfrentamiento armado entre los colombianos por razones políticas.
Por último, el Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen con el cumplimiento de lo aquí acordado en materia de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las armas, para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que a más tardar a los 180 días luego de la firma del Acuerdo Final haya terminado el proceso de dejación de armas.
2. Objetivo
El presente Acuerdo sobre Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP, y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las Reglas que Rigen el CFHBD, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la Dejación de las armas y preparar la institucionalidad y al país para la Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.
3. Monitoreo y Verificación
Acordamos crear un Mecanismo de Monitoreo y Verificación que será un mecanismo tripartito, integrado por representantes del Gobierno Nacional (Fuerza Pública), de las FARC-EP, y un Componente Internacional consistente en una misión política con observadores no armados de la ONU integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).  
El Componente Internacional preside en todas las instancias el Mecanismo de Monitoreo y Verificación y está encargado de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes.
Respecto a la Dejación de las Armas el Componente Internacional la verifica en los términos y con las debidas garantías establecidas en los protocolos del Acuerdo.
4. Adaptación de los dispositivos en el terreno  
A partir del día D+1 la Fuerza Pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las FARC-EP a dichas Zonas y para el cumplimiento del Acuerdo sobre el Cese al fuego y Dejación de las Armas.
Por su parte a partir del día D+5, las distintas misiones, comisiones y Unidades Tácticas de Combate (UTC) de los frentes de las FARC-EP se desplazarán hacia dichas Zonas previamente acordadas, siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.  
5. Zonas Veredales Transitorias de Normalización (en adelante “Zonas”).  
El Gobierno Nacional y las FARC-EP acordamos establecer 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y 8 Campamentos.  
Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización tienen como objetivo garantizar el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas e iniciar el proceso de preparación para la Reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC-EP en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses.  
Estas Zonas son territoriales, temporales y transitorias. Cada Zona contará con Equipos de Monitoreo Local. Tendrán facilidades de acceso por vía carreteable o fluvial; sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican; pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo dependiendo del tamaño de la vereda, tendrán una extensión razonable que permite el monitoreo y verificación y el cumplimiento de los objetivos de las Zonas, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno.  
La salida de combatientes de las FARC-EP de los campamentos se hará sin armas y de civil.  
El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a que la implementación de este Acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos; así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios.  
Las autoridades civiles (no armadas) que tengan presencia en las Zonas permanecen y continuarán ejerciendo sus funciones en las mismas, sin perjuicio de lo acordado en el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo. Las Zonas no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político.  
Los (as) integrantes de las FARC-EP que en virtud de la ley de amnistía hayan sido beneficiados con la excarcelación, y así lo deseen, se integran a dichas zonas para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. Para este fin, dentro de las Zonas se organizan sitios de estadía por fuera de los campamentos.

Durante la vigencia del Acuerdo sobre CFHBD y DA; las FARC-EP designa un grupo de 60 de sus integrantes (hombres y mujeres) que pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz.  (Seguir leyendo líneas abajo)

Así mismo, por cada Zona, las FARC-EP, designa un grupo de 10 de sus integrantes que puede movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el  Acuerdo de Paz. Para estos desplazamientos los integrantes de las FARC-EP cuentan con las medidas de seguridad acordadas con el Gobierno Nacional.
En los campamentos no habrá ni podrá ingresar población civil en ningún momento.  
Durante la vigencia de las zonas se suspenderá el porte y la tenencia de armas para la población civil dentro de dichas Zonas.   
En caso de presentarse dentro de una Zona algún hecho o circunstancia que requiera la presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado se hace informando al Mecanismo de Monitoreo y Verificación, para que coordine el ingreso de acuerdo con los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y las FARC-EP.  
La ubicación de los campamentos dentro de las Zonas se hará de forma que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación pueda ejercer su función.
En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de sus combatientes, las FARC-EP en coordinación con el Gobierno Nacional, podrán realizar dentro de las Zonas todo tipo de capacitación de los integrantes de las FARC-EP en labores productivas, de nivelación en educación básica primaria, secundaria o técnica, de acuerdo con sus propios intereses, jornadas de cedulación y demás actividades de preparación para la reincorporación y otras actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de las FARC-EP.  
6. Zona de Seguridad  
Alrededor de cada Zona se establece una Zona de Seguridad donde no podrá haber unidades de la Fuerza Pública, ni efectivos de las FARC-EP con excepción de los equipos de monitoreo y verificación acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieran. El ancho de la Zona de Seguridad será de 1 kilómetro alrededor de cada Zona.  
7. Seguridad  
El Gobierno Nacional y las FARC-EP definirán conjuntamente unos protocolos de seguridad, que permitirán, de manera integral, minimizar las potenciales amenazas que pueden afectar o vulnerar las personas y bienes comprometidos en el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas.
Las condiciones de seguridad implementadas garantizarán la protección de los integrantes del equipo de monitoreo y verificación, los miembros de las FARC-EP, los delegados del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y demás intervinientes en el proceso. Así como, la coordinación de los movimientos y los dispositivos en el terreno.  
El Gobierno Nacional a través de la Fuerza Pública continuará garantizando las condiciones de convivencia y seguridad de la población civil durante este proceso.
8. Dejación de las Armas (DA).
Consiste en un procedimiento técnico, trazable y verificable mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de 3 monumentos, acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.  
La Dejación de las Armas por parte de las FARC-EP se desarrollará en dos tiempos, denominados Control de Armamento y Dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final.
9. Procedimiento
Con la Firma del Acuerdo Final inicia el proceso de Dejación de las Armas de las FARC-EP, que incluirá el transporte del armamento a las zonas, la destrucción del armamento inestable, y la recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual de manera secuencial y en tres fases así: 1 Fase: D+90, el 30%; 2 Fase: D+120, el 30%; y 3 Fase: D+150, 40% restante, según la hoja de ruta (cronograma de eventos) acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP que guía el proceso del Fin del Conflicto luego de la firma del Acuerdo Final.
Las FARC-EP contribuirá por diferentes medios, incluyendo el suministro de información, con la limpieza y descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI), y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG) en general, teniendo en cuenta lo acordado en los puntos 4 y 5 y lo que se acuerde en el punto de Reincorporación a la vida civil en cuanto a la participación de las FARC-EP en la acción contra minas.  
Para garantizar el control efectivo del armamento en cada Zona se determinará un solo punto de almacenamiento, dentro de uno de los campamentos, en donde estarán ubicados los contenedores bajo el monitoreo y verificación permanente del Componente Internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, de acuerdo con los protocolos concertados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.  
Recibido el armamento el día D+150, a más tardar el día D+180 finalizará el proceso de extracción de las armas por parte de Naciones Unidas, conforme a los procedimientos acordados para esta materia y certificará el cumplimiento de este proceso procediendo a comunicarlo al Gobierno Nacional y a la opinión pública.
El día D+180 se da por terminado el funcionamiento de estas Zonas y el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo.  
El Mecanismo de Monitoreo y Verificación certificará y comunicará cada una de las fases del procedimiento de dejación de armas antes descrito.
Por último, sobre la base del acuerdo que hemos anunciado el día de hoy y en el marco de la Resolución 2261, el Gobierno Nacional y las FARC-EP solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas que se pongan en marcha todos los preparativos necesarios para el despliegue de la Misión Política Especial, de manera que se pueda avanzar en la implementación del presente acuerdo.
II. Acuerdo sobre “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.
Este acuerdo está dirigido a brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional; medidas de protección a las colectividades, los movimientos y organizaciones sociales y de derechos humanos en los territorios; garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos políticos, especialmente a los que ejerzan oposición, al movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y a los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil.
Adicionalmente contempla la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral las acciones contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo que amenacen la construcción de la paz. El acuerdo incluye igualmente medidas para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo en complemento a lo ya acordado en el punto 5.
El acuerdo de garantías de seguridad, se basa en los siguientes principios:
 1. Respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos.
2. Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio
3. Fortalecimiento de la administración de justicia
4. Asegurar el monopolio de los tributos por la Hacienda Pública
5. Enfoque territorial y diferencial
6. Enfoque de género
7. Coordinación y corresponsabilidad institucional
8. Participación ciudadana
9. Rendición de cuentas
10. Garantías de No Repetición
Para cumplir con estos propósitos, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, se comprometen a:
· El Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad las acciones contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo que amenacen la construcción de la paz. Además asegurará la protección de las comunidades en los territorios, que se rompa cualquier tipo de nexo entre política y uso de las armas, y que se acaten los principios que rigen toda sociedad democrática.
· Las FARC-EP por su parte asumen el compromiso de contribuir de manera efectiva a la construcción y consolidación de la paz, en todo lo que resulte dentro de sus capacidades, a promover los contenidos de los acuerdos y al respeto de los derechos fundamentales.  
Las medidas de seguridad y protección que define el acuerdo se han construido sobre cinco pilares fundamentales con un enfoque dimensional:
1. Un Pacto Político Nacional y desde las regiones con los partidos y movimientos políticos, los gremios, la sociedad organizada y en general las fuerzas vivas de la nación para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica.  
2. Una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que será presidida por el Presidente de la República y tendrá como objeto el diseño y el seguimiento a la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que trata este acuerdo. La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución.  
3. Una Unidad Especial de Investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo de conformidad con lo establecido en el numeral 74 del acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta Unidad contará con una unidad especial de policía judicial con expertos en distintas materias.
4. En desarrollo de lo acordado en el punto 2 “Participación Política”, la creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política que desarrollará un modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida civil, organizaciones sociales, de derechos humanos y las comunidades en los territorios. El Sistema incluye la creación en la Unidad Nacional de Protección de un cuerpo mixto de protección para los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil.  
5. Un Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios que tendrá como propósito la definición y adopción de medidas de protección integral para las organizaciones, grupos y comunidades en los territorios.  
El acuerdo incluye adicionalmente las siguientes medidas complementarias:
· El diseño y puesta en marcha de una política de sometimiento a la justicia para las organizaciones objeto de este acuerdo.
· La activación de un cuerpo élite de la Policía Nacional como instrumento para desarticular las organizaciones criminales objeto del acuerdo.  
· Instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales: es un sistema de anticipación y prevención para la reacción rápida, que está orientado a garantizar una mejor identificación de las amenazas en los territorios y una acción con mayor impacto de la Fuerza Pública para contener esas amenazas.
· Medidas de prevención y lucha contra la corrupción: dirigidas a fortalecer la transparencia institucional.
III. Acuerdo sobre “Refrendación
El gobierno de Colombia y las FARC-EP, para zanjar las diferencias surgidas hasta la fecha sobre el tema aludido, en el día de hoy, en desarrollo de la agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, hemos convenido acoger como fórmula de convergencia la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre los alcances del Proyecto de Ley Estatutaria No. 156 de 2015 Cámara, 94 de 2015 Senado, en el espíritu hasta ahora anunciado y en esa medida aceptamos el mecanismo de participación popular que la Corte indique y en los términos que ese alto tribunal señale.

jueves, 9 de junio de 2016

Conmemoración de, 'Cinco años de la Ley de Víctimas'

Colombia camina hacia la paz
Este viernes, 10 de junio, se cumplen cinco años desde que el Presidente Juan Manuel Santos Calderón sancionara la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en una ceremonia en Casa de Nariño, con la presencia de Ban Ki Moon, secretario general de las Naciones Unidas. El gobierno colombiano demostró entonces, como nunca en la historia, la voluntad política de reconocer y atender a millones de personas golpeadas por un conflicto armado que ha plagado de violencia nuestro país.  
Aquel día, el mundo dirigió su mirada a una Colombia que aún no había iniciado formalmente el proceso de diálogo destinado a escribir el punto final de la confrontación armada. Hoy la comunidad internacional observa con interés la política de reparación a víctimas, que ha permitido indemnizar a más de 590.000 personas y se ha constituido en uno de los pilares del acuerdo sobre el punto quinto de la agenda de diálogo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP.
Las víctimas son ahora más conscientes de sus derechos y cuentan con mejores recursos para influir en los espacios donde se toman las decisiones que les atañen. El programa administrativo de reparaciones que Colombia puso en marcha tiene en cuenta aspectos psicológicos, sociales, económicos y culturales.
“Hay que recordar que, hace muy poquitos años, la palabra víctima ni siquiera aparecía en el panorama. La ley también ha servido para que las víctimas conozcan sus derechos y luchen para conseguirlos”, afirmó Alan Jara, recientemente nombrado director de la Unidad para las Víctimas.
Atender en medio del conflicto 
El Gobierno Nacional se ha convertido en el primer agente humanitario del país. “Esto ha permitido que el Estado pueda atender el 100% de las emergencias humanitarias dentro de las 48 horas siguientes a su ocurrencia”, aseguró Paula Gaviria Betancur, quien dirigió la Unidad para las Víctimas durante sus primeros cuatro años de vida, ante los 190 países participantes en la primera Cumbre Humanitaria Mundial, que tuvo lugar los días 23 y 24 de mayo del presente año en Estambul (Turquía).
Si bien el desplazamiento forzado entre 2010-2014 descendió en un 47% con respecto al cuatrienio anterior, la Unidad para las Víctimas ha mantenido su labor de fortalecimiento de infraestructura social y comunitaria y de asesoría técnica a las entidades territoriales para la formulación de planes de contingencia para atender emergencias.
La construcción de dicha infraestructura comunitaria ha permitido, por un lado, fomentar la recuperación del tejido social de varias poblaciones y, al mismo tiempo, adecuar espacios en caso de posibles emergencias.
El registro más exhaustivo del mundo
Desde 2011, Colombia lidera la política de atención y reparación más ambiciosa hasta ahora conocida. Para ello, puso en marcha el Registro Único de Víctimas, una herramienta inédita en el país que permite reconocer a quienes han sufrido el abandono o despojo de tierras, actos terroristas, amenazas, delitos contra la integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento, homicidio, daños por minas antipersonales, pérdida de muebles o inmuebles, secuestro, tortura o el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Con ello, no solo es posible establecer que el conflicto ha dejado 8.040.748 víctimas a lo largo de décadas de confrontación armada, sino también que 6,2 millones de ellas son actualmente sujeto de atención y reparación, lo que permite elaborar proyecciones presupuestales ajustadas a la realidad. No se sabe si Colombia es el país del mundo con más víctimas, pero sí es el país que se ha dado a la tarea de tener el registro más exhaustivo y completo.
Las víctimas reciben orientación a través de diferentes canales virtuales, telefónicos y escritos. Ya son más de un millón de personas atendidas presencialmente en los 139 puntos de atención a víctimas y 22 centros regionales distribuidos en el territorio nacional, con la presencia de entidades encargadas de brindar respuestas eficientes y oportunas.
Un país diverso y cada vez más comprometido con la igualdad
El Estado colombiano dispuso la implementación del enfoque diferencial en la política pública de asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado como respuesta al reconocimiento, en primer lugar, de que el conflicto armado ha afectado de manera diferente y desproporcionada a las personas y grupos más vulnerables y, además, a la identificación de prácticas de invisibilidad o discriminación que ponen en riesgo la efectiva atención de sujetos de especial protección constitucional.
Así, los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 cobijan específicamente a los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y al pueblo Rrom o gitano. La aplicación de esta normativa pone de manifiesto el reconocimiento del territorio como víctima, evidencia la relación entre lo individual y lo colectivo y entiende la reparación como un proceso de recuperación de la armonía y del equilibrio.
El enfoque diferencial también permite concentrar esfuerzos en la infancia, los jóvenes, las personas mayores, mujeres, personas con habilidades especiales u orientaciones sexuales diversas… y sin importar que vivan en territorio nacional o extranjero.
“Durante mucho tiempo pensé que era la única mujer violada, pero hace dos años escuché en un noticiero que había muchas mujeres víctimas de violencia sexual que callaban. Explicaban cómo hacer la denuncia. Viajé a La Florida (Nariño) y el personero me tomó la declaración”. Así cuenta Doris Henríquez Burbano sus primeros pasos para afrontar la agresión sexual que sufrió una década antes por parte de un grupo guerrillero.
“Me fui a la Unidad de Víctimas, me miraron la cédula y me inscribieron en el Registro Único de Víctimas. Después me citaron en el hotel Morasurco de Pasto, donde había una reunión de víctimas de abuso sexual. Eran como 40 mujeres”, explicó durante una reciente visita a Bogotá.  
Doris es una de las 1.600 personas que han pasado por la estrategia de reparación integral para víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual, diseñada por la Unidad para las Víctimas específicamente para mujeres. Ellas representan casi el 90% de las personas afectadas por este hecho.
Durante tres encuentros grupales y el acompañamiento constante de expertos psicosociales, estas mujeres cuentan (a menudo por primera vez) lo que les sucedió ante otras que pasaron por sucesos similares, conocen sus derechos como víctimas, recuperan su autoestima y reflexionan sobre sus proyectos de vida. Más de 5.500 mujeres sobrevivientes de violencia sexual han recibido su indemnización administrativa.
La reparación, integral y transformadora
Para abordar la gran variedad de delitos, se decidió que la reparación podría incluir cinco medidas, aplicables según el tipo de daño y en sus dimensiones individual y colectiva: la rehabilitación, que procura el restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas; las medidas de satisfacción, que buscan restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido; la restitución de tierras, predios o bienes, para quienes fueron despojados o se vieron obligados a abandonarlos; la indemnización por vía administrativa, que consiste en una compensación económica, y las garantías de no repetición, con el fin de que los hechos no vuelvan a ocurrir.
Con el fin de generar bienestar en las comunidades y en el entendido que los daños van más allá de lo material, se han realizado medidas de satisfacción como la entrega de cartas de dignificación y conmemoraciones como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas (9 abril) o el de la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (25 mayo), este último implementado como una medida de satisfacción solicitada por la periodista Jineth Bedoya.
Se ha acompañado también la entrega de restos a 1.743 familias con seres queridos que habían sufrido desaparición u homicidio, los actos de reconocimiento de responsabilidad y solicitudes de perdón público, alrededor de un centenar de iniciativas locales de memoria y medidas de satisfacción en procesos de reparación colectiva.
En marzo de este año, Rodrigo Rosada recibió los restos de su hermana Rosmira, quien fuera desaparecida a la edad de 52 años en el departamento de Antioquia. “Para mí y mis familiares fue muy valioso el acompañamiento psicosocial, porque este es un momento esperado, pero al mismo tiempo muy doloroso por la incertidumbre de tantos años y gracias a los sicólogos que nos ayudaron a tener presente buenos recuerdos con mi hermana y así encontrar fortaleza como familia”, aseguró entonces Rodrigo Rosada.
En cuanto a la compensación económica, 592.430 víctimas han recibido su indemnización por vía administrativa, por un valor de 3,6 billones de pesos. Desde 2012, un total de 363.828 de ellas decidieron voluntariamente ingresar al programa de acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos. Aproximadamente, el 20% eligió buscar oportunidades de inversión en vivienda; el 19% en educación; el 7% en proyectos productivos y el 3% en inmuebles rurales, entre otras opciones.
“Esta reparación que recibimos de la Unidad para las Víctimas es un empujón que nos dan para hacer realidad proyectos que antes no podíamos tener. En mi caso, estos recursos los voy destinar a mejorar un negocio de venta de jugos”, dijo Beatriz, víctima por el homicidio de su esposo, al recibir su indemnización en abril de este año en Medellín.
Cerca de 5.000 jóvenes víctimas han accedido a estudios universitarios, gracias a las becas otorgadas a través del Fondo de Educación Superior y alrededor de 100.000 participaron en los talleres de educación financiera. Durante el 2016, se han entregado cerca de 6.000 libretas militares gratuitas para víctimas de desplazamiento forzado, facilitando a los jóvenes el acceso a estudios y empleo.
El conflicto fragmentó al país, desplazó a los campesinos de sus tierras y empobreció a muchas familias que llegaron a las ciudades. Hoy, la Unidad para las Víctimas ha acompañado a cerca de 140.000 hogares en sus procesos de retorno o reubicación, bajo los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad.
María Griselda Debia perdió a su esposo y un hijo, antes de abandonar sus tierras en Ataco (Tolima). “Nos tocó irnos. Salimos en 2001 y regresé hace cuatro años para reconstruir la finca y a volver a respirar aire puro. En este momento, estamos con el programa de restitución de tierras. Ya comenzamos con el proyecto productivo y, gracias a dios, vamos trabajando”, afirma.
Asegura que los avances en el proceso de reparación colectiva son como un sueño hecho realidad para ella. “Le doy gracias al presidente Santos, que fue el que aprobó la Ley de Víctimas y por él estamos aquí en la tierra, por él estamos trabajando y por él estamos como estamos, iniciando de nuevo, felices, con una nueva vida”, indica esta mujer, contenta de volver a sembrar café, yuca y plátano.
La atención a los desplazados cobró especial relevancia a partir de la Sentencia T-025 promulgada por la Corte Constitucional en 2004, cuando declaró el estado de cosas inconstitucional en la materia. Desde su creación en 2012, la Unidad para las Víctimas viene trabajando en una estrategia para dejar atrás esa situación.
El esfuerzo institucional y presupuestal ha impactado positivamente los derechos de las víctimas de desplazamiento y se debe seguir avanzando para lograr su goce integral de los derechos. Algunos de estos cuentan con una garantía prácticamente universal y se han superado falencias que había en 2004, si bien aún queda camino por recorrer. 
Este gobierno ha invertido cerca de tres billones de pesos en atención y asistencia humanitaria, garantizando el mínimo vital de más de un millón y medio de hogares. Otras 144.626 víctimas de desplazamiento forzado han recibido su indemnización, después de que la Corte ordenase a finales de 2013 que estas debían obtener una compensación económica (no prevista inicialmente en la Ley 1448).
Alrededor del 78% de la población desplazada afirma estar en el lugar donde desea rehacer su proyecto de vida, según se desprende de la Encuesta de Goce Efectivo de Derechos, requerida por la Unidad para las Víctimas en alianza con el DANE, y realizada a más de 27.727 hogares (112.406 personas entrevistadas entre diciembre de 2013 y marzo de 2014, en 157 municipios del país, incluidas las 23 ciudades principales).
En los últimos años, se han presentado desde el territorio al menos 205 proyectos dinamizadores para procesos de retorno y reubicación, por algo más de 13.000 millones de pesos, donde la Unidad para las Víctimas aporta cerca del 70% de los recursos y el resto es aportado por las entidades territoriales, la comunidad u otros actores estratégicos, como la cooperación internacional. Se ha logrado dinamizar procesos territoriales de retorno o reubicación, a partir de necesidades colectivas que impactan en la sostenibilidad y arraigo de la comunidad.
Todas las medidas mencionadas cobran un sentido especial cuando van acompañadas de aquellas que propenden por las garantías de no repetición, es decir, la voluntad de que las violentas situaciones que se vivieron no vuelvan a ocurrir. Para ello, la Unidad para las Víctimas ha impulsado, junto con las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), el diseño de políticas de prevención de reclutamiento forzado, una estrategia para el acceso a la justicia de las víctimas, acciones conjuntas en materia de reconciliación e investigaciones sobre identificación de patrones culturales, entre otros aspectos.
La reparación colectiva, herramienta para construir paz territorial
Reconstruir la confianza y el tejido social en poblaciones fuertemente golpeadas por el conflicto armado se torna uno de los puntos fundamentales en la construcción de la paz. Por eso, hasta la fecha 366 grupos y comunidades han sido incluidos como sujetos de reparación colectiva (192 étnicos y 174 no étnicos) en procesos que reconocen su resistencia, supervivencia y lucha histórica por el restablecimiento de sus derechos.
El programa se implementa a través de planes integrales de reparación colectiva, siguiendo una ruta que inicia con el registro del sujeto colectivo, hasta la formulación por parte de las víctimas, y la implementación por parte de las entidades del SNARIV, del plan de reparación. Dicho plan es aprobado por el respectivo Comité Territorial de Justicia Transicional. En función del diagnóstico del daño que se realice, el plan puede contener medidas de satisfacción, restitución, rehabilitación y garantías de no repetición.
El pasado 9 de abril, durante la conmemoración del Día nacional de la memoria y solidaridad por las víctimas, representantes de mujeres, campesinos, sindicalistas, periodistas, organismos de acción comunal, concejales y diputados, familiares de desaparecidos, organizaciones defensoras de derechos humanos y el pueblo misak, todos ellos en proceso de reparación, se unieron para presentarle al Presidente Juan Manuel Santos el “Pacto por la Reparación Colectiva y la Paz”.
En él, afirmaban que “la reparación colectiva está contribuyendo al fortalecimiento de nuestras organizaciones, ha logrado recuperar espacios de incidencia nacional y territorial, ha permitido volver a unir lo que el conflicto dividió en los movimientos sociales y ha vuelto a poner en la agenda del Estado y la sociedad el reconocimiento de nuestra labor”.
Aquel día, en la Casa Campesina de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en Bogotá, el Presidente Santos estuvo acompañado de varios ministros y altos funcionarios del Gobierno Nacional, quienes entregaron a cada uno de estos grupos y a la Mesa Nacional de Participación de Víctimas distintos reconocimientos en señal de los progresos alcanzados en sus procesos de reparación y la voluntad de continuar el trabajo conjunto en el futuro.

“Yo pensé que las víctimas iban a ser las más duras, las más opositoras de un proceso (…) Me han enseñado todo lo contrario, las víctimas son las que tienen el corazón más grande, son más propensas a perdonar, a reconciliarse”, dijo el Presidente Santos al auditorio, donde también se hallaba una nutrida representación de actores internacionales. Para líneas abajo...

Atención psicosocial para sanar las heridas
Luis Alfonso Aparicio
Director de la Unidad de víctimas
Décadas de conflicto han dejado heridas psicológicas en el 14% de la población colombiana que hoy es reconocida como víctima en el Registro. Esos crímenes ocurrieron frente al otro 86% de la sociedad (aunque a veces a esta le cueste reconocerlo).
La Unidad para las Víctimas entiende el sufrimiento como consecuencia natural de los hechos de violencia, que además siempre está acompañado de la supervivencia. En este sentido, aunque a menudo las víctimas han minimizado o evadido los impactos psicológicos que les han causado las victimizaciones, la atención psicosocial se ha orientado a que la historia de sufrimiento pueda ser integrada a su historia de vida junto con la de supervivencia.
Así lo relata Gloria Salamanca, una mujer de 59 años: “Con la desaparición de mi hijo, yo tuve que sacar fuerzas. Él no se alcanza a imaginar la persona que soy yo hoy en día, las fuerzas que he sacado para operarme de un cáncer, para cuidar de mis papás enfermos, para buscarlo. La atención psicosocial me ha ayudado a entender mejor lo que me pasa a mí cuando paso por los peores momentos y a entender mejor qué es la desaparición forzada. Ahora sé cuidarme para no enfermar, sé la diferencia entre estar triste y ponerme mal”. El apoyo psicosocial le ha brindado a Gloria herramientas para conocerse y “saber hacer” frente al dolor. Este es uno de los mayores alcances en salud mental.
Entre 2012 y mayo de 2016, el Gobierno ha implementado el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral para las Víctimas (PAPSIVI), liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social (en alianza con la Unidad), a través del cual se han atendido a 184.913 personas.
El PAPSIVI permite atender los impactos psicosociales y los daños en la salud física y mental de las víctimas ocasionados por o en relación con el conflicto armado, en los ámbitos individual, familiar y comunitario, con el fin de mitigar su sufrimiento emocional, contribuir a la recuperación física y mental y a la reconstrucción del tejido social en sus comunidades.
Además, la Unidad para las Víctimas diseñó la Estrategia de Recuperación Emocional a Nivel Grupal, en la que han participado al menos 93.651 personas. En ella, aprenden a vincular identidades más allá de la de “víctima”. Así, se reconocen como sobrevivientes, valientes, luchadores/as. Logran comprender que con la victimización coexisten otras identidades orientadas a la actuación y no a la espera de las soluciones traídas por los otros. Quienes van a atención psicosocial, empiezan a verse a sí mismos como los mayores responsables de la reconstrucción de sus proyectos de vida.
“Estoy muy agradecida por participar en estos encuentros. Yo antes no hablaba con mis hijos sobre la muerte de su papá. A mi esposo lo mataron y ellos estaban muy pequeños y no se acuerdan. Desde que fueron creciendo siempre me preguntaban que por qué lo habían matado y yo no les había contado, porque siempre me ponía a llorar o los regañaba”, contó una mujer víctima de desplazamiento y del homicidio de su marido en Turbaco (Bolívar).
“Les decía que no me preguntaran nada, porque no me gustaba hablar de lo que pasó. Desde que comencé a asistir acá y escuchar a mis compañeros, cómo contaban lo que les había pasado, yo fui tomando fuerzas y hablé con mis hijos. Ellos estaban muy asombrados. Les dije que al ver a mis compañeros hablar de su hecho de violencia pensé que yo también lo podía hacer y lo hice. Desde entonces me he sentido mejor”, dijo esta sobreviviente de 53 años. Expresar en voz alta lo vivido a menudo es el primer paso para la recuperación. 
La tercera estrategia se conoce como Entrelazando y, con ella, se está facilitando la rehabilitación comunitaria en alrededor de 150 comunidades o grupos en proceso de reparación colectiva. Existen 1.800 tejedores y tejedoras, líderes naturales de la comunidad, reconocidos como cuidadores, que fomentan este espacio en el que se debate sobre los imaginarios colectivos, se reflexiona sobre el impacto del conflicto y se reconstruye la confianza perdida al interior de las comunidades y entre la comunidad y el propio Estado.
“Entrelazando nos ha dado la oportunidad no solo de reparar los lazos que se rompieron por causa de la violencia y que nos volvieron unas personas desconfiadas y resentidas. También nos ha cambiado la forma de pensar y de relacionarnos con los vecinos y de recuperar la confianza en los demás. Nosotros ahora somos otras personas y en la comunidad se siente el cambio; ahora tenemos otra cara que mostrar del barrio”, opina Luz Yenny, víctima de la comunidad La Nueva Esperanza, en el municipio de Neiva (Huila).
El reto de la atención psicosocial a las víctimas está en atender no sólo lo que ellas dicen para dar cuenta de su sufrimiento, sino también en ver y poner en un espacio público la dimensión del silencio que han dejado los hechos de violencia, la dimensión de lo que no se puede narrar.
El carácter traumático de las violaciones a los derechos humanos o de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario está también en la huella de silencio que esto deja en las personas y las comunidades, la imposibilidad de enunciar, o dar una palabra a las heridas psicológicas que han causado los responsables de estos crímenes. En Entrelazando, se da un espacio a la “representación de ese silencio”.
Todo un sistema de entidades por las víctimas
La implementación de la inmensa mayoría de las medidas antes mencionadas requiere de la coordinación del Sistema Nacional para la Atención y Reparación integral a las Víctimas, integrado por entidades del nivel nacional (ministerios, agencias, programas, etc.), entidades territoriales (gobernaciones y alcaldías) y demás instituciones que tengan que ver con la ejecución de la política pública para víctimas (ONG, cooperación internacional y otros).
A través de dicho Sistema se gestiona la oferta institucional para que las víctimas tengan acceso a iniciativas que contribuyan a la generación de ingreso, empleo, vivienda, salud y educación, entre otros.
Una de las iniciativas que más ha llamado la atención de alcaldes y gobernadores es el ‘Banco de gestión de proyectos’. Entre 2013 y mayo de 2016 se han asignado recursos de cofinanciación a 42 proyectos, con una inversión de 77.520 millones de pesos, donde el 80% fue cofinanciado desde el nivel nacional y el 20% restante por las entidades territoriales, beneficiando a 74.607 víctimas. Fueron financiados también 128 proyectos que buscan la promoción de la participación de las víctimas y sus organizaciones.
Además, se construyó, implementó y estandarizó el proceso de certificación territorial, que busca medir la contribución de los departamentos, distritos y municipios en las acciones de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, que lleven al goce efectivo de sus derechos. Se certificaron el 100% de las entidades territoriales para las vigencias 2012, 2013 y 2014.
La voz de las víctimas protagoniza la construcción de paz
El 10 de junio de 2015, quedaba instalada oficialmente la segunda Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, en la que 300 representantes de víctimas de todo el país y todos los hechos victimizantes eligieron a sus delegados para el período 2015-2017.
Este trabajo inició a partir de la redacción de un “Protocolo de participación efectiva de las víctimas”, que fue construido a partir de un amplio ejercicio deliberativo, y recoge diversos puntos de vista de la sociedad. Las mesas de participación municipales, departamentales, distritales y nacional han desempeñado un papel determinante en los últimos años.
“Las víctimas vivimos con un coctel de sentimientos en nuestros corazones. Emoción y razón, indignación, desconfianza y, sobre todo, esperanza. Nuestra participación es, por ley, un pilar de la política de víctimas. Pero debe serlo también de una solución a la guerra que se libra en nuestros territorios”, dijo Odorico Guerra, víctima del conflicto procedente de Aracataca (Magdalena), el día que fue elegido coordinador de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas. Esta instancia de representación ha sido enfática en su deseo de tener cada vez más voz en el proceso de conversaciones de La Habana.
Los nuevos alcaldes y gobernadores se han reunido con las mesas municipales y departamentales de participación de víctimas para establecer las líneas de trabajo en sus planes de gobierno. El protagonismo que han alcanzado en la agenda pública se debe principalmente a su empeño, a sus reclamos para incidir en las medidas que les afectan, y por primera vez, el Estado en su conjunto ha asumido su deber de acompañamiento.
Las Mesas de Víctimas creadas por la Ley 1448 de 2011 son las únicas instancias de participación que contemplan paridad de género en su estructura. Incluyen además representantes de todas las regiones y hechos victimizantes reconocidos en el Registro Único de Víctimas.
Colombia, primer país en reparar a las víctimas del conflicto en el exterior
Cuando el Congreso aprobó la Ley de Víctimas, esta mencionaba escuetamente los temas relacionados con las víctimas que se hallan en el exterior. Sin embargo, el Estado ha demostrado la voluntad política de atenderlas y eso ha convertido a Colombia no solo en el país que más víctimas ha reparado en el mundo, sino también en el único que repara a las víctimas aunque éstas no se encuentren en territorio nacional.
A la fecha, se han reconocido cerca de 9.000 víctimas colombianas en el exterior y se han empezado a brindar las medidas que es posible entregar fuera de nuestras fronteras. Este reconocimiento, que nunca se había dado, es fundamental en el acercamiento del Estado a esa población que se vio obligada a abandonar el país.
Pablo Fajardo, un hombre que escapó a un secuestro de las FARC en el Meta, huyó por años del país. “Compré un pasaje hacia Panamá porque no pedían visa. Luego crucé la frontera en bus, la idea era tomar un bus a la frontera y seguir hacia Estados Unidos. Cuando llegué a Costa Rica se me acabó la plata. Conseguí un trabajo, pero me sentía perseguido, vigilado. Pedí asilo. Estudiaron mi caso y decidieron que debía ir a un tercer país, me consiguieron Suecia”.
Cuando llegó a Estocolmo consiguió un mejor trabajo, pero “le comenzó una depresión a mi esposa por la falta de empleo. Lo que ganaba era suficiente para vivir los dos, pero para una persona que no conoce a nadie y donde la gente no brinda mucha amistad era muy difícil. Además, teníamos a nuestro hijo discapacitado en Colombia”.
Algún tiempo después, “entré en contacto con la Unidad para las Víctimas, donde me dijeron que fuera a la embajada. Me contaron del programa de reparación de víctimas y me dijeron que me inscribiera. Me sentí apoyado y decidí regresar”.
La empresa donde trabajaba Pablo se declaró en quiebra. “Me pagaron tres meses de sueldo. Justo a tiempo. Reuní unos ahorros y con la ayuda de la Unidad me vine. Me dieron unas máquinas de coser y con ellas monté una pequeña fábrica de jeans”, detalló en una entrevista reciente. “Con otro poco de dinero que me dieron por la indemnización y una plata que me prestaron mi yerno y mi hija, compré un carro y lo tengo afiliado a Uber. Con eso vivo. Ahora que tengo en mi corazón, primero a Dios y luego a mi familia, le dije adiós a los medicamentos, se acabó la depresión”.
Colombia se ha comprometido con la reparación de las víctimas en el exterior, tanto si desean retornar como si quieren continuar en su país de acogida. Se han entregado 631 indemnizaciones por un valor cercano a los 3.500 millones de pesos, a través de cuentas bancarias extranjeras y nacionales; se han realizado actos de dignificación y memoria en zonas de frontera y en los consulados; se pueden presentar solicitudes de restitución de tierras; y en algunos casos se ha podido brindar atención psicosocial.
La conmemoración del 9 de abril se ha convertido en una fecha para acercar el Estado a las víctimas del conflicto armado que se encuentran en el exterior. Por dos años consecutivos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad para las Víctimas se han aliado, junto a otras entidades, para realizar jornadas de atención y actos simbólicos en los consulados de Colombia en el mundo.
“¡Qué más quisiéramos que una Colombia en paz! Yo no guardo rencor, yo sólo quiero que los niños sepan que es el plátano, qué es la montaña verde”, exclamó una víctima desplazada en Canadá durante el 9 de abril. “La paz comienza desde nuestros corazones. Perdonar es el primer paso para escribir una nueva historia en el país. Colombia somos todos”, escribió otra en una tela conmemorativa en el consulado en Nueva York (Estados Unidos).
El futuro de la reparación
Durante años las víctimas permanecieron invisibles ante los ojos indiferentes de la sociedad, que ha venido despertando a la necesidad impostergable de repararlas. La Ley de Víctimas proporcionó un reconocimiento y un marco de acción únicos, cuya implementación se previó hasta 2021. Se cumplen cinco años de andadura, y con ello, la mitad del período estipulado para la ejecución de la norma.
Además, se abren nuevos desafíos, ligados al acuerdo final que suscriban el Gobierno Nacional y las FARC-EP. En el documento presentado el 15 de diciembre de 2015 sobre el punto quinto de la agenda de conversaciones (‘víctimas’) se recogen muchas de las medidas ya en marcha. 
En primer lugar, el país ahora cuenta con el compromiso de reparación no sólo por parte del Estado, sino también del grupo guerrillero, así como de aquellos que intervinieron de forma directa o indirecta en el conflicto armado. Esta contribución se basará en el reconocimiento de responsabilidades sobre los hechos y los daños causados, y se traducirá en acciones específicas de reparación simbólica y material. Quienes alguna vez victimizaron a las comunidades ahora contribuirán a su reparación.
Por otro lado, los actos de reconocimiento de responsabilidad no vendrán como una imposición judicial, sino como una declaración voluntaria y unilateral de los responsables. Esta es una medida simbólica que contribuye a enaltecer la memoria de las víctimas y a esclarecer la violencia ocurrida, contribuyendo a la verdad y quitando el velo de estigmatización que a menudo el actor armado y la sociedad en general impusieron sobre las víctimas.
Tanto el Gobierno Nacional como las FARC-EP han acordado que se realizarán encuentros de este tipo en diferentes lugares del país, con la participación activa de las comunidades, de manera similar a como ocurrió en Bojayá el pasado diciembre. Dichos reconocimientos, además, serán fundamentales a la hora de determinar las sanciones que se impondrán en la Jurisdicción Especial para la Paz. 
También se contempla el fortalecimiento de la reparación colectiva, con enfoque territorial y en coordinación con los acuerdos de reforma rural integral y, particularmente, con los Planes de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDET). Aproximadamente el 40% de los sujetos de reparación colectiva son comunidades campesinas y casi el 50% corresponden a diferentes comunidades étnicas. La gran mayoría de sujetos han sido colectivos históricamente discriminados, lo que supone un reto adicional en términos de inclusión social.
La reconfiguración del campo, con procesos de reparación colectiva, con el retorno o reubicación de quienes lo deseen, se verá fortalecido a través de las estrategias psicosociales de rehabilitación comunitaria que permitan reconstruir el tejido social, como se ha venido haciendo a través del programa ‘Entrelazando’, que funciona en más de 150 comunidades afectadas por la guerra y que se ha convertido en un elemento indispensable para sanar las heridas del alma.
Se plantea también, a través del mapa de victimización, el posible el reconocimiento a víctimas que no están incluidas inicialmente en la definición del artículo 3 de la Ley 1448, como por ejemplo las personas que han sido combatientes pero que también han sufrido afectaciones injustificables como violencia sexual, desaparición forzada, tortura, homicidio fuera de combate, entre otros graves hechos.
En quinto lugar, el acuerdo afianza el compromiso de atender, reparar y promover el retorno de miles de víctimas que se encuentran en el exterior. Si bien existe un trabajo previo, se deberán gestionar las posibles expectativas de esta población una vez el país dé sus primeros pasos tras la firma del acuerdo final.
Otro aspecto que se fortalece es el de la participación de las víctimas. Las mesas organizadas y los liderazgos deben verse fortalecidos y reconocidos en su esfuerzo, sin perjuicio de que se puedan ampliar con otras voces que quieran sumarse a estos espacios de interlocución política.
La coordinación de los mecanismos de carácter judicial y extrajudicial incluidos en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición permitirá reconocer con mayor amplitud si cabe los impactos del conflicto, seguir reparándolos en la medida de lo posible, cicatrizar heridas y contribuir a que nunca más se repitan hechos tan terribles. 
Colombia ha vivido uno de los peores conflictos recientes del continente, pero es a la vez el país del mundo que más víctimas ha reparado, superando ya las 590.000. Esto se ha logrado con la voluntad del Estado y a ese propósito se están sumando más actores.
Acabar con la guerra ayudará a la sostenibilidad de la política pública de víctimas, puesto que no habría que destinar recursos a nuevas víctimas, sino a un número más o menos cerrado.
“Estoy convencido de que la mejor garantía de no repetición es la terminación del conflicto y que la mejor reparación que puede haber es la paz”, aseguró Alan Jara, director de la Unidad para las Víctimas.
Mujeres y hombres se sobreponen a diario a los hechos que les causaron tanto sufrimiento. Ellos y ellas son fuente de inspiración que nos enseña que sí es posible ganar al odio y la violencia. Las víctimas demandan a menudo que no se repita lo que a ellas le sucedió.

Generar las condiciones para que el conflicto no cause más dolor permite soñar con una sociedad más respetuosa, tolerante y próspera. La Ley de Víctimas ha traído a Colombia la oportunidad de construir un país mejor. (Fuente: Prensa de la Unidad de Vícttimas (Ángel René Vargas Cabrera)

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