El evento 'Acordando y haciendo:
Avances del Proceso de Paz Territorial en Nariño', fue liderado por el
presidente Gustavo Petro, quien encabezó la Mesa para la Co-construcción de Paz
Territorial, sellando así un compromiso renovado entre el Gobierno nacional y
los Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional (Eln).
“En los 10 municipios donde había presencia del grupo Comuneros del Sur,
se han invertido $45 mil millones y hay 109 equipos de médicos,
enfermeras, 4 centros de salud y 6 ambulancias. Así se transforma el
territorio, y no es que lo vamos a hacer, ya están", indicó el mandatario.
En presencia del jefe de Estado, el delegado del Gobierno para los
diálogos, Andrei Gómez Suárez, dio lectura al Acuerdo número 6, titulado “Por
la verdad, la memoria y la dignificación de las víctimas". Este compromiso
reconoce el papel fundamental de las comunidades afectadas por el conflicto y
sienta las bases para un proceso de reparación simbólica y reconocimiento
histórico en Nariño.
El acuerdo plantea mecanismos para la recuperación de la memoria
colectiva, la preservación de testimonios y la participación activa de las
víctimas en los procesos de paz y reconciliación. Así mismo, promueve el
fortalecimiento de las iniciativas comunitarias de memoria y la articulación
con el Sistema Integral para la Paz, incluyendo la Comisión de la Verdad y la
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
El segundo acuerdo, el número 7, fue el orientado a la sustitución
voluntaria de cultivos de uso ilícito en diez municipios priorizados del
departamento. Este pacto, suscrito por Carlos Erazo y Roger Garzón
como representantes de las partes, fue leído por la delegada del Gobierno para
los Diálogos con Comuneros del Sur, Ángela María Robledo.
Con un auditorio repleto de liderazgos comunitarios, mujeres defensoras
de derechos y delegados institucionales, Angela M. Robledo abrió su
intervención con un potente mensaje de reconocimiento al papel de las mujeres
en la construcción de paz: “Aquí estamos las mujeres que hemos soportado la paz
y que queremos acabar con esta guerra que parecería eterna".
Durante su discurso, la delegada destacó que este nuevo acuerdo con los
Comuneros se centra en la transformación de las economías ilegales que han
predominado en varias zonas de Nariño, perpetuando la violencia y dificultando
la implementación plena del Estado Social de Derecho. Según cifras presentadas
en el evento, los municipios priorizados en esta etapa concentran el 11,07% del
total de cultivos ilícitos del departamento.
El acuerdo fija una meta concreta: sustituir, mediante una ruta
voluntaria, 5.000 hectáreas de cultivos ilícitos en diez municipios
priorizados: Samaniego, Santa Cruz de Guachavés, La Llanada, Los Andes,
Sotomayor, Barbacoas, Ricaurte, Cumbal, Mayama, Providencia y Huachucal.
La fase inicial de este proceso contempla declarar al municipio de
Samaniego libre de cultivos ilícitos durante el año 2025. Posteriormente, la
fase dos ampliará las acciones a los demás municipios priorizados, en un
proceso gradual liderado por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
“La planificación y la acción coordinada serán fundamentales para
transformar estas economías en el territorio y garantizar un futuro más seguro
y próspero con las comunidades", enfatizó Robledo.
También subrayó que la hoja de ruta será construida con enfoque
territorial e interseccional, teniendo en cuenta la diversidad étnica, de
género, generacional y cultural de las comunidades involucradas.
Subcomisión técnica y seguimiento
El acuerdo establece la creación de una subcomisión técnica encargada
de elaborar los protocolos, documentos e insumos necesarios para poner en
marcha el proceso de sustitución voluntaria. Esta instancia estará conformada
por representantes del Gobierno nacional, los Comuneros del Sur, la Dirección
de Sustitución de Cultivos Ilícitos y otros actores regionales y nacionales que
hayan aportado al proceso de paz territorial.
Entre sus tareas también estará acompañar los procesos de divulgación,
diálogo y concertación con las comunidades durante todas las fases del acuerdo
y validar, con base en estudios técnicos, las líneas de producción alternativa
que reemplacen de manera sostenible las economías ilícitas.
Robledo expresó su agradecimiento a las comunidades campesinas,
indígenas y afrodescendientes por su disposición a co-construir soluciones
desde el territorio. También reconoció el acompañamiento de la Conferencia
Episcopal de Colombia, la Embajada del Reino de los Países Bajos y la Misión de
Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAP-OEA), cuyo respaldo técnico y
político ha sido fundamental.
Este esfuerzo estará acompañado por la creación de una subcomisión
técnica encargada de construir la hoja de ruta para la implementación del
proceso. Esta instancia se encargará de la planificación, el diseño de
protocolos, el seguimiento técnico y la articulación institucional, con un
enfoque interseccional que incluirá consideraciones de género, etnicidad, generación,
ciclo de vida y diversidad territorial.
Programa de sustitución
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| Gloria Miranda E. |
El programa de sustitución que se aplicará, indicó Miranda, tiene tres componentes
clave:
1. Pagos por erradicación, que
sustituyen el ingreso derivado de los cultivos durante el primer año.
2. Cambio de economía, no solo
de cultivo: implica transformar completamente la base productiva local.
3. Aseguramiento de la comercialización, para
evitar que los productos campesinos se pierdan en las veredas.
“No es cambiar una mata por otra mata, es cambiar toda la economía
completa", subrayó Miranda, al tiempo que destacó experiencias como la del
resguardo La Montaña, que ya está apostando por la producción de ají
agroindustrial, vijao y la creación de una empresa administrada por el propio
resguardo indígena.
“Esta es la propuesta que le traemos hoy a Nariño, una propuesta para la
paz, porque el narcotráfico ha despojado a las comunidades de su derecho más
básico, que es la paz. Y hoy damos un paso gigante en esa dirección para
recuperar ese derecho", concluyó.
Destrucción de armamento
Al final del evento, el mandatario dio la orden de destruir más de 500
artefactos explosivos entregados por el Frente Comuneros del Sur, como parte de
los acuerdos.
“Anunció Destrucción de armas. Yo como Comandante en Jefe de las Fuerzas
Militares de Colombia, y siguiendo mi deber constitucional de garantizar la paz
en todo el territorio, le ordeno al capitán Víctor Paz que proceda con
la destrucción del material de guerras del Frente Comuneros del Sur del
Ejército de Liberación Nacional", dijo el jefe de Estado.
Desde algún lugar de las montañas del sur del país, respondió el
capitán Paz: “Señor Presidente. Capitán Paz Jiménez Víctor, comandante del
Grupo Marte de la 5ª División de nuestro glorioso Ejército Nacional. Me
presento, señor Presidente. En ese momento me encuentro en este punto con el
Grupo Marte, listos para realizar la destrucción de 585 artefactos explosivos,
los cuales fueron entregados por el Grupo Armas, organizado Comuneros del Sur a
la Consejería Comisionada de Paz en acompañamiento de OEA".
(Fin/cpq/aga)
(Fin/cpq)
Fuente: Prensa presidencia de Colombia.
