BOGOTA (Reuters) - La mayor guerrilla de Colombia aceptó un protocolo con las garantías de seguridad que regirán por parte del Gobierno para la anunciada liberación de dos militares secuestrados, proceso que comenzaría el sábado, dijo el martes una senadora que lidera la misión humanitaria.
Foto archivo de la senadora Piedad Córdoba, durante reunión con familiares de los secuestrados.
Pese a que el Gobierno y el Comité Internacional de la Cruz Roja firmaron hace más de una semana el protocolo de seguridad, la demora en la respuesta de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantenía paralizado el proceso.
"Estoy muy feliz, ya estamos en la recta final para las liberaciones. Aceptado protocolo, el sábado salimos por ellos desde Villavicencio", anunció la senadora del Partido Liberal Piedad Córdoba a través de la red social twitter.
La dirigente política, quien está al frente de la misión humanitaria que recibirá al suboficial Pablo Emilio Moncayo, al soldado Josué Daniel Calvo y los restos del oficial de la policía Julián Ernesto Guevara, muerto en cautiverio, viajaría a Brasil, país que prestará los helicópteros y las tripulaciones para recibir a los rehenes en medio de la selva.
"Nunca pensé que fracasaría. Estábamos en una razonable espera de aceptación de protocolos de seguridad por las FARC", agregó Córdoba.
SUSPENDEN OPERACIONES MILITARES
El Gobierno de Colombia se comprometió a suspender las operaciones militares en la zona en donde se producirá la entrega, incluyendo los sobrevuelos de aeronaves de las Fuerzas Armadas.
La guerrilla exigió el protocolo para evitar dificultades como las que se presentaron en febrero del 2009 con la liberación de cuatro efectivos de las Fuerzas Armadas, operación que se retrasó y estuvo al borde del fracaso por sobrevuelos de aviones militares en la zona de la entrega.
Las FARC anunciaron en abril del año pasado la entrega de los rehenes, pero la liberación no se concretó por las posiciones encontradas del presidente Alvaro Uribe y de la guerrilla que mantiene en su poder a 24 efectivos de las Fuerzas Armadas, que busca intercambiar por cientos de rebeldes presos a través de un acuerdo humanitario con el Gobierno.
