Fuente: Vanguardia Liberal. Sábado 30 de Mayo de 2009 00:00 IVONNE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. Reenviado por: Alvaro Vecino
A mí no me interesa que aparezca mi nombre porque sería una cifra más. Lo importante es que la comunidad sepa que existimos, que hemos tenido que sobrevivir en las ciudades y que en Colombia los desplazados ya sumamos más de 4 millones. Las leyes existen, parecen bonitas, pero la realidad es otra…”
Estas son las palabras de un hombre desplazado que llegó hace seis años al barrio Norte de Bucaramanga, después de que grupos armados ilegales amenazaran su vida mientras cortaba madera en la Serranía del Perijá, en la frontera colombo-venezolana.
Su caso hace parte de una realidad que genera preocupación para Santander, si se tiene en cuenta el panorama y las conclusiones presentadas esta semana, durante un foro sobre la situación del desplazamiento en el área metropolitana de Bucaramanga:
A la fecha, Santander alberga 119.883 personas en situación de desplazamiento, de las cuales 66.392 se concentran en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón y Lebrija, advierte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, a partir de datos oficiales de la entidad Acción Social.
Pero más allá de la cifra, calificada como “alarmante” por la Defensoría Regional del Pueblo y la Fundación Participar, “el asunto es que esta población sigue creciendo”, afirmó Charlotte Ridüng, coordinadora de la sub-oficina Nororiente de Acnur.
Las estadísticas suministradas por el organismo internacional especifican que el 60% de los desplazados que llegan a Santander provienen del sur del Cesar, sur de Bolívar, Norte de Santander y nororiente antioqueño, mientras el 40% del propio Magdalena Medio Santandereano y Barrancabermeja.
“Esas son las cifras que conocemos y que provienen de datos oficiales de Acción Social. Si bien se estima que hay casi 120.000 desplazados en Santander, datos extra oficiales nos indican que otras 2.600 personas se encuentran en la misma situación en la región y están fuera de los registros”, apuntó Dora Luisa López, coordinadora del proyecto de acompañamiento a la población desplazada de la Fundación Participar en convenio con Acnur.
‘No hay que negar el conflicto’
Aunque el Gobierno Nacional niega la existencia del conflicto armado en Colombia, la propia entidad oficial Acción Social especifica las causas del desplazamiento en Santander, a partir de los registros.
Del total de personas que hay en esta condición en la región, el 54% indicó que fue desplazado por grupos paramilitares, el 40% por la guerrilla y el 6% por el Ejército. Las principales causas son la amenaza de muerte, seguidas por el desalojo, por evitar reclutamiento, por ser acusado de informante o negarse a colaborar con uno de esos actores armados.
En su presentación, Acnur recordó el contexto de la región, marcado por los cultivos ilícitos, presencia de las Farc y Eln en noreste y sureste del Departamento, así como de desmovilizados involucrados en el narcotráfico, limpieza social, extorsiones, vigilancia ilegal y homicidios selectivos.
“El Gobierno asegura que no hay conflicto, argumentando que los procesos de desmovilización fueron exitosos… Para nadie es un secreto el rearme de varios desmovilizados, conocidos ahora como bandas criminales o Bacrim, que influyen en el desplazamiento. Otra causa tiene que ver con el desarrollo de megaproyectos económicos, cosa de la que poco se habla”, dijo una defensora de derechos humanos, quien prefirió la reserva de su nombre.
Aunque Santander recibe una cantidad “preocupante” de personas en situación de desplazamiento, datos de Acción Social indican que el Departamento también expulsa: durante los últimos 10 años al menos 75.071 personas se han ido, víctimas de este flagelo.
LISTA
Conclusiones del foro sobre desplazamiento
El encuentro para abordar la situación del desplazamiento en el área metropolitana, convocado por la Fundación Participar, contó con la participación de las Secretarías de Gobierno Local y Departamental, Acnur, Acción Social, Personería, Defensoría y ong:
Las acciones institucionales para atender a la población desplazada son aisladas. Falta una entidad que concentre todos los esfuerzos para mejorar la restitución de los derechos.
Los gremios y la empresa privada cada vez apoyan menos, desde sus programas de responsabilidad social, a las personas que viven en condición de desplazamiento. Se hizo un llamado para que se vinculen a proyectos sociales.
La academia debe realizar procesos de investigación que determinen las implicaciones que tiene el desplazamiento en la vida de los afectados y en la de las comunidades receptoras. Sólo de esta forma se pueden diseñar programas y proyectos específicos.
Concentrar la atención en las mujeres en condición de desplazamiento, ya que la realidad demuestra que la mayoría de ellas están expuestas al embarazo adolescente y asumen la jefatura de casi todos los hogares.
LA VOZ DEL EXPERTO
“Hay que monitorear las políticas públicas”
Dilmar Ortiz, defensor regional del Pueblo, manifestó preocupación por la situación de desplazamiento en Santander: “Las estadísticas son alarmantes. Eso significa que se requiere de un plan de acción para hacer una revisión de la política pública para atender el desplazamiento forzado. Y es que no se trata solamente de saber cuántas personas viven en esta condición, sino cuáles son los impactos en sus vidas y en la de la comunidad receptora”.
Experiencias de lucha
Jenny Jerez Ramírez, de 18 años, es una de las jóvenes en situación de desplazamiento que vive en la ciudad. A su corta edad, sabe de leyes y reconoce que su condición es “difícil”, pero que no por ello va a dejar de perseguir sus sueños.
Desde Asomiflor, una asociación que agrupa a familias desplazadas en Floridablanca, hace parte del grupo de líderes juveniles y coordina un proyecto de ludoteca, desde un pequeño local, para que los pequeños del barrio aprendan informática.
“Yo desde hace rato entendí que podía ayudar a mi comunidad. Ahora voy a empezar a estudiar en el Sena porque quiero capacitarme, quiero tener una carrera y brindarle un buen nivel de vida a mi familia. Sé que faltan muchas oportunidades de educación y salud para las personas desplazadas, pero hay que tratar de buscar cómo salir adelante”, comentó.
Desde Villa Helena, en el barrio Norte de Bucaramanga, existe la organización Dignidad Humana que agrupa a 60 familias en situación de desplazamiento, y gestiona la restitución de sus derechos de salud, educación, vivienda y trabajo, principalmente.
Preocupación: reparación administrativa
El Decreto 1290 de 2008 contempla la reparación administrativa individual para las víctimas de los grupos armados ilegales. Es decir, el Estado paga un monto económico, determinado por esa norma, si una persona fue víctima de homicidio, desaparición, secuestro, lesiones personales, tortura, integridad sexual y reclutamiento ilegal por parte de esos grupos ilegales.
Para los casos del desplazamiento forzado, el Decreto contempla un monto de 27 salarios mínimos legales vigentes, es decir, un poco más de $13 millones. No obstante, esa norma aclara que a las víctimas no se les entregará el dinero en efectivo, sino en subsidios de vivienda durante un plazo de 10 años. Mas noticias >
Estas son las palabras de un hombre desplazado que llegó hace seis años al barrio Norte de Bucaramanga, después de que grupos armados ilegales amenazaran su vida mientras cortaba madera en la Serranía del Perijá, en la frontera colombo-venezolana.
Su caso hace parte de una realidad que genera preocupación para Santander, si se tiene en cuenta el panorama y las conclusiones presentadas esta semana, durante un foro sobre la situación del desplazamiento en el área metropolitana de Bucaramanga:
A la fecha, Santander alberga 119.883 personas en situación de desplazamiento, de las cuales 66.392 se concentran en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón y Lebrija, advierte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, a partir de datos oficiales de la entidad Acción Social.
Pero más allá de la cifra, calificada como “alarmante” por la Defensoría Regional del Pueblo y la Fundación Participar, “el asunto es que esta población sigue creciendo”, afirmó Charlotte Ridüng, coordinadora de la sub-oficina Nororiente de Acnur.
Las estadísticas suministradas por el organismo internacional especifican que el 60% de los desplazados que llegan a Santander provienen del sur del Cesar, sur de Bolívar, Norte de Santander y nororiente antioqueño, mientras el 40% del propio Magdalena Medio Santandereano y Barrancabermeja.
“Esas son las cifras que conocemos y que provienen de datos oficiales de Acción Social. Si bien se estima que hay casi 120.000 desplazados en Santander, datos extra oficiales nos indican que otras 2.600 personas se encuentran en la misma situación en la región y están fuera de los registros”, apuntó Dora Luisa López, coordinadora del proyecto de acompañamiento a la población desplazada de la Fundación Participar en convenio con Acnur.
‘No hay que negar el conflicto’
Aunque el Gobierno Nacional niega la existencia del conflicto armado en Colombia, la propia entidad oficial Acción Social especifica las causas del desplazamiento en Santander, a partir de los registros.
Del total de personas que hay en esta condición en la región, el 54% indicó que fue desplazado por grupos paramilitares, el 40% por la guerrilla y el 6% por el Ejército. Las principales causas son la amenaza de muerte, seguidas por el desalojo, por evitar reclutamiento, por ser acusado de informante o negarse a colaborar con uno de esos actores armados.
En su presentación, Acnur recordó el contexto de la región, marcado por los cultivos ilícitos, presencia de las Farc y Eln en noreste y sureste del Departamento, así como de desmovilizados involucrados en el narcotráfico, limpieza social, extorsiones, vigilancia ilegal y homicidios selectivos.
“El Gobierno asegura que no hay conflicto, argumentando que los procesos de desmovilización fueron exitosos… Para nadie es un secreto el rearme de varios desmovilizados, conocidos ahora como bandas criminales o Bacrim, que influyen en el desplazamiento. Otra causa tiene que ver con el desarrollo de megaproyectos económicos, cosa de la que poco se habla”, dijo una defensora de derechos humanos, quien prefirió la reserva de su nombre.
Aunque Santander recibe una cantidad “preocupante” de personas en situación de desplazamiento, datos de Acción Social indican que el Departamento también expulsa: durante los últimos 10 años al menos 75.071 personas se han ido, víctimas de este flagelo.
LISTA
Conclusiones del foro sobre desplazamiento
El encuentro para abordar la situación del desplazamiento en el área metropolitana, convocado por la Fundación Participar, contó con la participación de las Secretarías de Gobierno Local y Departamental, Acnur, Acción Social, Personería, Defensoría y ong:
Las acciones institucionales para atender a la población desplazada son aisladas. Falta una entidad que concentre todos los esfuerzos para mejorar la restitución de los derechos.
Los gremios y la empresa privada cada vez apoyan menos, desde sus programas de responsabilidad social, a las personas que viven en condición de desplazamiento. Se hizo un llamado para que se vinculen a proyectos sociales.
La academia debe realizar procesos de investigación que determinen las implicaciones que tiene el desplazamiento en la vida de los afectados y en la de las comunidades receptoras. Sólo de esta forma se pueden diseñar programas y proyectos específicos.
Concentrar la atención en las mujeres en condición de desplazamiento, ya que la realidad demuestra que la mayoría de ellas están expuestas al embarazo adolescente y asumen la jefatura de casi todos los hogares.
LA VOZ DEL EXPERTO
“Hay que monitorear las políticas públicas”
Dilmar Ortiz, defensor regional del Pueblo, manifestó preocupación por la situación de desplazamiento en Santander: “Las estadísticas son alarmantes. Eso significa que se requiere de un plan de acción para hacer una revisión de la política pública para atender el desplazamiento forzado. Y es que no se trata solamente de saber cuántas personas viven en esta condición, sino cuáles son los impactos en sus vidas y en la de la comunidad receptora”.
Experiencias de lucha
Jenny Jerez Ramírez, de 18 años, es una de las jóvenes en situación de desplazamiento que vive en la ciudad. A su corta edad, sabe de leyes y reconoce que su condición es “difícil”, pero que no por ello va a dejar de perseguir sus sueños.
Desde Asomiflor, una asociación que agrupa a familias desplazadas en Floridablanca, hace parte del grupo de líderes juveniles y coordina un proyecto de ludoteca, desde un pequeño local, para que los pequeños del barrio aprendan informática.
“Yo desde hace rato entendí que podía ayudar a mi comunidad. Ahora voy a empezar a estudiar en el Sena porque quiero capacitarme, quiero tener una carrera y brindarle un buen nivel de vida a mi familia. Sé que faltan muchas oportunidades de educación y salud para las personas desplazadas, pero hay que tratar de buscar cómo salir adelante”, comentó.
Desde Villa Helena, en el barrio Norte de Bucaramanga, existe la organización Dignidad Humana que agrupa a 60 familias en situación de desplazamiento, y gestiona la restitución de sus derechos de salud, educación, vivienda y trabajo, principalmente.
Preocupación: reparación administrativa
El Decreto 1290 de 2008 contempla la reparación administrativa individual para las víctimas de los grupos armados ilegales. Es decir, el Estado paga un monto económico, determinado por esa norma, si una persona fue víctima de homicidio, desaparición, secuestro, lesiones personales, tortura, integridad sexual y reclutamiento ilegal por parte de esos grupos ilegales.
Para los casos del desplazamiento forzado, el Decreto contempla un monto de 27 salarios mínimos legales vigentes, es decir, un poco más de $13 millones. No obstante, esa norma aclara que a las víctimas no se les entregará el dinero en efectivo, sino en subsidios de vivienda durante un plazo de 10 años. Mas noticias >
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