Rafael Calcines
Bogotá, 26 nov (PL) Muchos colombianos recordarán el miércoles 21 de noviembre como el día en que se cerró una de las últimas puertas por donde el país podía transitar mediante el diálogo hacia un canje de prisioneros entre la guerrilla y el gobierno.
Los más optimistas esperaban incluso que si eso se lograba sería un paso decisivo en el camino hacia la paz tras un desgastante conflicto armado interno de más de cuatro décadas.
Sin embargo, la decisión del presidente Alvaro Uribe de cancelar abrupta y unilateralmente la labor mediadora que con ese objetivo llevaban adelante el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y la senadora opositora colombiana Piedad Córdoba, tronchó las esperanzas.
En principio, la noticia causó asombro en todos los estratos de la sociedad colombiana pues se argumentó como pretexto para la ruptura una llamada telefónica no autorizada del líder venezolano al jefe de las Fuerzas Militares colombianas, general Mario Montoya.
Así lo expresaba el comunicado de la Casa de Nariño emitido al filo de la medianoche, aunque después se aclaró que la llamada fue hecha inicialmente por la senadora Córdoba y que Chávez y Montoya apenas dialogaron.
Atando cabos, políticos y analistas coincidieron en que el desenlace de la gestión mediadora estaba anunciado, al menos públicamente, desde dos días antes, cuando el gobierno sorprendió al poner como fecha tope para la mediación el 31 de diciembre.
Además, el mismo miércoles, medios informativos colombianos se hicieron eco de unas intempestivas declaraciones del embajador estadounidense en Bogotá, en las cuales advertía que los mediadores se reunían mucho, pero no tenían logros.
Coincidentemente, y en tono burlón, el ministro del Interior, Carlos Holguín, señaló por su parte que Chávez y el delegado de las FARC Iván Márquez sólo se habían reunido en Caracas para hablar de música caribeña.
No obstante, nadie esperaba un desenlace tan abrupto, más cuando en medios internacionales y amplios espacios de la sociedad colombiana se abría paso la percepción de que por primera vez en muchos años había avances para lograr contactos entre el gobierno y la guerrilla.
Incluso, hasta último momento el gobierno reconoció el valor de la gestión de Chávez y Córdoba, y también después de apartarlos de su labor mediadora.
Voces tan lejanas del ideario de las FARC como Néstor Humberto Martínez, ex ministro del Interior en el gobierno de Andrés Pastrana, y Juan Carlos Lacompte, esposo de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, en manos de la guerrilla hace siete años, insisten en que realmente nunca hubo interés en el diálogo.
Para Lacompte, cuando Uribe vio que el proceso iba más rápido de lo que él podía manejar, trabó la negociación y "la rompió de manera brutal".
Martínez declaró a una televisora local que Uribe nunca fue partidario del acuerdo humanitario y lo asumió solo bajo la presión nacional tras la muerte de los 11 ex diputados del departamento de Valle del Cauca, a mediados del año, para que se llegara a un diálogo con la guerrilla.
El propio presidente pareció confirmar esas apreciaciones al insistir reiteradamente en sus últimas intervenciones en que la paz solo se logrará preservando la política de Seguridad Democrática.
Esta implica el enfrentamiento armado directo a la guerrilla, incluyendo, si es posible, el rescate por la fuerza de los retenidos por las FARC, a lo cual se oponen las familias de los prisioneros por el riesgo que implica.
Ahora, según opinión generalizada, las perspectivas de diálogo están de nuevo en cero, y sin futuro, pues las gestiones pasaron a manos del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, quien durante años no ha logrado el más leve entendimiento con las FARC.
A los partidos de oposición, organizaciones sociales y familiares de los retenidos no les queda más opción que la movilización para presionar al gobierno a retomar el diálogo, pero ante esa alternativa hay conciencia de que el camino será largo y tortuoso.
Queda, eso sí, la puerta que han dejando entreabierta los gobiernos de Francia y Venezuela, que expresaron su disposición a retomar las gestiones para el canje humanitario en cuanto sea posible, pero poco podrán avanzar ahora sin un gesto de aquiescencia desde Bogotá.
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Los más optimistas esperaban incluso que si eso se lograba sería un paso decisivo en el camino hacia la paz tras un desgastante conflicto armado interno de más de cuatro décadas.
Sin embargo, la decisión del presidente Alvaro Uribe de cancelar abrupta y unilateralmente la labor mediadora que con ese objetivo llevaban adelante el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y la senadora opositora colombiana Piedad Córdoba, tronchó las esperanzas.
En principio, la noticia causó asombro en todos los estratos de la sociedad colombiana pues se argumentó como pretexto para la ruptura una llamada telefónica no autorizada del líder venezolano al jefe de las Fuerzas Militares colombianas, general Mario Montoya.
Así lo expresaba el comunicado de la Casa de Nariño emitido al filo de la medianoche, aunque después se aclaró que la llamada fue hecha inicialmente por la senadora Córdoba y que Chávez y Montoya apenas dialogaron.
Atando cabos, políticos y analistas coincidieron en que el desenlace de la gestión mediadora estaba anunciado, al menos públicamente, desde dos días antes, cuando el gobierno sorprendió al poner como fecha tope para la mediación el 31 de diciembre.
Además, el mismo miércoles, medios informativos colombianos se hicieron eco de unas intempestivas declaraciones del embajador estadounidense en Bogotá, en las cuales advertía que los mediadores se reunían mucho, pero no tenían logros.
Coincidentemente, y en tono burlón, el ministro del Interior, Carlos Holguín, señaló por su parte que Chávez y el delegado de las FARC Iván Márquez sólo se habían reunido en Caracas para hablar de música caribeña.
No obstante, nadie esperaba un desenlace tan abrupto, más cuando en medios internacionales y amplios espacios de la sociedad colombiana se abría paso la percepción de que por primera vez en muchos años había avances para lograr contactos entre el gobierno y la guerrilla.
Incluso, hasta último momento el gobierno reconoció el valor de la gestión de Chávez y Córdoba, y también después de apartarlos de su labor mediadora.
Voces tan lejanas del ideario de las FARC como Néstor Humberto Martínez, ex ministro del Interior en el gobierno de Andrés Pastrana, y Juan Carlos Lacompte, esposo de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, en manos de la guerrilla hace siete años, insisten en que realmente nunca hubo interés en el diálogo.
Para Lacompte, cuando Uribe vio que el proceso iba más rápido de lo que él podía manejar, trabó la negociación y "la rompió de manera brutal".
Martínez declaró a una televisora local que Uribe nunca fue partidario del acuerdo humanitario y lo asumió solo bajo la presión nacional tras la muerte de los 11 ex diputados del departamento de Valle del Cauca, a mediados del año, para que se llegara a un diálogo con la guerrilla.
El propio presidente pareció confirmar esas apreciaciones al insistir reiteradamente en sus últimas intervenciones en que la paz solo se logrará preservando la política de Seguridad Democrática.
Esta implica el enfrentamiento armado directo a la guerrilla, incluyendo, si es posible, el rescate por la fuerza de los retenidos por las FARC, a lo cual se oponen las familias de los prisioneros por el riesgo que implica.
Ahora, según opinión generalizada, las perspectivas de diálogo están de nuevo en cero, y sin futuro, pues las gestiones pasaron a manos del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, quien durante años no ha logrado el más leve entendimiento con las FARC.
A los partidos de oposición, organizaciones sociales y familiares de los retenidos no les queda más opción que la movilización para presionar al gobierno a retomar el diálogo, pero ante esa alternativa hay conciencia de que el camino será largo y tortuoso.
Queda, eso sí, la puerta que han dejando entreabierta los gobiernos de Francia y Venezuela, que expresaron su disposición a retomar las gestiones para el canje humanitario en cuanto sea posible, pero poco podrán avanzar ahora sin un gesto de aquiescencia desde Bogotá.
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