Colombia camina hacia la paz
Este viernes, 10 de
junio, se cumplen cinco años desde que el Presidente Juan Manuel Santos
Calderón sancionara la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en una
ceremonia en Casa de Nariño, con la presencia de Ban Ki Moon, secretario
general de las Naciones Unidas. El gobierno colombiano demostró entonces, como
nunca en la historia, la voluntad política de reconocer y atender a millones de
personas golpeadas por un conflicto armado que ha plagado de violencia nuestro
país.
Aquel día, el mundo dirigió su
mirada a una Colombia que aún no había iniciado formalmente el proceso de
diálogo destinado a escribir el punto final de la confrontación armada. Hoy la
comunidad internacional observa con interés la política de reparación a
víctimas, que ha permitido indemnizar a más de 590.000 personas y se ha
constituido en uno de los pilares del acuerdo sobre el punto quinto de la
agenda de diálogo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP.
Las víctimas son ahora más
conscientes de sus derechos y cuentan con mejores recursos para influir en los
espacios donde se toman las decisiones que les atañen. El programa
administrativo de reparaciones que Colombia puso en marcha tiene en cuenta
aspectos psicológicos, sociales, económicos y culturales.
“Hay que recordar que, hace
muy poquitos años, la palabra víctima ni siquiera aparecía en el panorama. La
ley también ha servido para que las víctimas conozcan sus derechos y luchen
para conseguirlos”, afirmó Alan Jara, recientemente nombrado director de la Unidad
para las Víctimas.
Atender en medio del conflicto
El Gobierno Nacional se ha
convertido en el primer agente humanitario del país. “Esto ha permitido que el
Estado pueda atender el 100% de las emergencias humanitarias dentro de las 48
horas siguientes a su ocurrencia”, aseguró Paula Gaviria Betancur, quien
dirigió la Unidad para las Víctimas durante sus primeros cuatro años de vida,
ante los 190 países participantes en la primera Cumbre Humanitaria Mundial, que
tuvo lugar los días 23 y 24 de mayo del presente año en Estambul (Turquía).
Si bien el desplazamiento
forzado entre 2010-2014 descendió en un 47% con respecto al cuatrienio
anterior, la Unidad para las Víctimas ha mantenido su labor de fortalecimiento
de infraestructura social y comunitaria y de asesoría técnica a las entidades
territoriales para la formulación de planes de contingencia para atender
emergencias.
La construcción de dicha
infraestructura comunitaria ha permitido, por un lado, fomentar la recuperación
del tejido social de varias poblaciones y, al mismo tiempo, adecuar espacios en
caso de posibles emergencias.
El registro más exhaustivo del mundo
Desde 2011, Colombia lidera la
política de atención y reparación más ambiciosa hasta ahora conocida. Para
ello, puso en marcha el Registro Único de Víctimas, una herramienta inédita en
el país que permite reconocer a quienes han sufrido el abandono o despojo de
tierras, actos terroristas, amenazas, delitos contra la integridad sexual,
desaparición forzada, desplazamiento, homicidio, daños por minas
antipersonales, pérdida de muebles o inmuebles, secuestro, tortura o el
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Con ello, no solo es posible
establecer que el conflicto ha dejado 8.040.748 víctimas a lo largo de décadas
de confrontación armada, sino también que 6,2 millones de ellas son actualmente
sujeto de atención y reparación, lo que permite elaborar proyecciones
presupuestales ajustadas a la realidad. No se sabe si Colombia es el país del
mundo con más víctimas, pero sí es el país que se ha dado a la tarea de tener
el registro más exhaustivo y completo.
Las víctimas reciben
orientación a través de diferentes canales virtuales, telefónicos y escritos.
Ya son más de un millón de personas atendidas presencialmente en los 139 puntos
de atención a víctimas y 22 centros regionales distribuidos en el territorio
nacional, con la presencia de entidades encargadas de brindar respuestas
eficientes y oportunas.
Un país diverso y cada vez más comprometido con la igualdad
El Estado colombiano dispuso
la implementación del enfoque diferencial en la política pública de asistencia
y reparación a las víctimas del conflicto armado como respuesta al
reconocimiento, en primer lugar, de que el conflicto armado ha afectado de manera
diferente y desproporcionada a las personas y grupos más vulnerables y, además,
a la identificación de prácticas de invisibilidad o discriminación que ponen en
riesgo la efectiva atención de sujetos de especial protección constitucional.
Así, los Decretos Ley 4633,
4634 y 4635 cobijan específicamente a los pueblos indígenas, las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y al pueblo Rrom o gitano. La
aplicación de esta normativa pone de manifiesto el reconocimiento del
territorio como víctima, evidencia la relación entre lo individual y lo
colectivo y entiende la reparación como un proceso de recuperación de la
armonía y del equilibrio.
El enfoque diferencial también
permite concentrar esfuerzos en la infancia, los jóvenes, las personas mayores,
mujeres, personas con habilidades especiales u orientaciones sexuales diversas…
y sin importar que vivan en territorio nacional o extranjero.
“Durante mucho tiempo pensé
que era la única mujer violada, pero hace dos años escuché en un noticiero que
había muchas mujeres víctimas de violencia sexual que callaban. Explicaban cómo
hacer la denuncia. Viajé a La Florida (Nariño) y el personero me tomó la
declaración”. Así cuenta Doris Henríquez Burbano sus primeros pasos para
afrontar la agresión sexual que sufrió una década antes por parte de un grupo
guerrillero.
“Me fui a la Unidad de
Víctimas, me miraron la cédula y me inscribieron en el Registro Único de
Víctimas. Después me citaron en el hotel Morasurco de Pasto, donde había una
reunión de víctimas de abuso sexual. Eran como 40 mujeres”, explicó durante una
reciente visita a Bogotá.
Doris es una de las 1.600
personas que han pasado por la estrategia de reparación integral para víctimas
de delitos contra la libertad e integridad sexual, diseñada por la Unidad para
las Víctimas específicamente para mujeres. Ellas representan casi el 90% de las
personas afectadas por este hecho.
Durante tres encuentros
grupales y el acompañamiento constante de expertos psicosociales, estas mujeres
cuentan (a menudo por primera vez) lo que les sucedió ante otras que pasaron
por sucesos similares, conocen sus derechos como víctimas, recuperan su
autoestima y reflexionan sobre sus proyectos de vida. Más de 5.500 mujeres
sobrevivientes de violencia sexual han recibido su indemnización
administrativa.
La reparación, integral y transformadora
Para abordar la gran variedad
de delitos, se decidió que la reparación podría incluir cinco medidas,
aplicables según el tipo de daño y en sus dimensiones individual y colectiva:
la rehabilitación, que procura el restablecimiento de las condiciones físicas y
psicosociales de las víctimas; las medidas de satisfacción, que buscan
restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido;
la restitución de tierras, predios o bienes, para quienes fueron despojados o
se vieron obligados a abandonarlos; la indemnización por vía administrativa,
que consiste en una compensación económica, y las garantías de no repetición,
con el fin de que los hechos no vuelvan a ocurrir.
Con el fin de generar
bienestar en las comunidades y en el entendido que los daños van más allá de lo
material, se han realizado medidas de satisfacción como la entrega de cartas de
dignificación y conmemoraciones como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad
con las Víctimas (9 abril) o el de la Dignidad de las Mujeres Víctimas de
Violencia Sexual (25 mayo), este último implementado como una medida de
satisfacción solicitada por la periodista Jineth Bedoya.
Se ha acompañado también la
entrega de restos a 1.743 familias con seres queridos que habían sufrido
desaparición u homicidio, los actos de reconocimiento de responsabilidad y
solicitudes de perdón público, alrededor de un centenar de iniciativas locales
de memoria y medidas de satisfacción en procesos de reparación colectiva.
En marzo de este año, Rodrigo
Rosada recibió los restos de su hermana Rosmira, quien fuera desaparecida a la
edad de 52 años en el departamento de Antioquia. “Para mí y mis familiares fue
muy valioso el acompañamiento psicosocial, porque este es un momento esperado,
pero al mismo tiempo muy doloroso por la incertidumbre de tantos años y gracias
a los sicólogos que nos ayudaron a tener presente buenos recuerdos con mi
hermana y así encontrar fortaleza como familia”, aseguró entonces Rodrigo
Rosada.
En cuanto a la compensación
económica, 592.430 víctimas han recibido su indemnización por vía
administrativa, por un valor de 3,6 billones de pesos. Desde 2012, un total de
363.828 de ellas decidieron voluntariamente ingresar al programa de
acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos. Aproximadamente, el 20%
eligió buscar oportunidades de inversión en vivienda; el 19% en educación; el
7% en proyectos productivos y el 3% en inmuebles rurales, entre otras opciones.
“Esta reparación que recibimos
de la Unidad para las Víctimas es un empujón que nos dan para hacer realidad
proyectos que antes no podíamos tener. En mi caso, estos recursos los voy
destinar a mejorar un negocio de venta de jugos”, dijo Beatriz, víctima por el homicidio
de su esposo, al recibir su indemnización en abril de este año en Medellín.
Cerca de 5.000 jóvenes
víctimas han accedido a estudios universitarios, gracias a las becas otorgadas
a través del Fondo de Educación Superior y alrededor de 100.000 participaron en
los talleres de educación financiera. Durante el 2016, se han entregado cerca
de 6.000 libretas militares gratuitas para víctimas de desplazamiento forzado,
facilitando a los jóvenes el acceso a estudios y empleo.
El conflicto fragmentó al
país, desplazó a los campesinos de sus tierras y empobreció a muchas familias
que llegaron a las ciudades. Hoy, la Unidad para las Víctimas ha acompañado a
cerca de 140.000 hogares en sus procesos de retorno o reubicación, bajo los
principios de voluntariedad, seguridad y dignidad.
María Griselda Debia perdió a
su esposo y un hijo, antes de abandonar sus tierras en Ataco (Tolima). “Nos
tocó irnos. Salimos en 2001 y regresé hace cuatro años para reconstruir la
finca y a volver a respirar aire puro. En este momento, estamos con el programa
de restitución de tierras. Ya comenzamos con el proyecto productivo y, gracias
a dios, vamos trabajando”, afirma.
Asegura que los avances en el
proceso de reparación colectiva son como un sueño hecho realidad para ella. “Le
doy gracias al presidente Santos, que fue el que aprobó la Ley de Víctimas y
por él estamos aquí en la tierra, por él estamos trabajando y por él estamos
como estamos, iniciando de nuevo, felices, con una nueva vida”, indica esta
mujer, contenta de volver a sembrar café, yuca y plátano.
La atención a los desplazados
cobró especial relevancia a partir de la Sentencia T-025 promulgada por la
Corte Constitucional en 2004, cuando declaró el estado de cosas
inconstitucional en la materia. Desde su creación en 2012, la Unidad para las
Víctimas viene trabajando en una estrategia para dejar atrás esa situación.
El esfuerzo institucional y
presupuestal ha impactado positivamente los derechos de las víctimas de
desplazamiento y se debe seguir avanzando para lograr su goce integral de los
derechos. Algunos de estos cuentan con una garantía prácticamente universal y
se han superado falencias que había en 2004, si bien aún queda camino por
recorrer.
Este gobierno ha invertido
cerca de tres billones de pesos en atención y asistencia humanitaria,
garantizando el mínimo vital de más de un millón y medio de hogares. Otras
144.626 víctimas de desplazamiento forzado han recibido su indemnización,
después de que la Corte ordenase a finales de 2013 que estas debían obtener una
compensación económica (no prevista inicialmente en la Ley 1448).
Alrededor del 78% de la
población desplazada afirma estar en el lugar donde desea rehacer su proyecto
de vida, según se desprende de la Encuesta de Goce Efectivo de Derechos,
requerida por la Unidad para las Víctimas en alianza con el DANE, y realizada a
más de 27.727 hogares (112.406 personas entrevistadas entre diciembre de 2013 y
marzo de 2014, en 157 municipios del país, incluidas las 23 ciudades principales).
En los últimos años, se han
presentado desde el territorio al menos 205 proyectos dinamizadores para
procesos de retorno y reubicación, por algo más de 13.000 millones de pesos,
donde la Unidad para las Víctimas aporta cerca del 70% de los recursos y el
resto es aportado por las entidades territoriales, la comunidad u otros actores
estratégicos, como la cooperación internacional. Se ha logrado dinamizar
procesos territoriales de retorno o reubicación, a partir de necesidades
colectivas que impactan en la sostenibilidad y arraigo de la comunidad.
Todas las medidas mencionadas
cobran un sentido especial cuando van acompañadas de aquellas que propenden por
las garantías de no repetición, es decir, la voluntad de que las violentas
situaciones que se vivieron no vuelvan a ocurrir. Para ello, la Unidad para las
Víctimas ha impulsado, junto con las entidades del Sistema Nacional de Atención
y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), el diseño de políticas de
prevención de reclutamiento forzado, una estrategia para el acceso a la
justicia de las víctimas, acciones conjuntas en materia de reconciliación e
investigaciones sobre identificación de patrones culturales, entre otros
aspectos.
La reparación colectiva, herramienta para construir paz territorial
Reconstruir la confianza y el
tejido social en poblaciones fuertemente golpeadas por el conflicto armado se
torna uno de los puntos fundamentales en la construcción de la paz. Por eso,
hasta la fecha 366 grupos y comunidades han sido incluidos como sujetos de
reparación colectiva (192 étnicos y 174 no étnicos) en procesos que reconocen
su resistencia, supervivencia y lucha histórica por el restablecimiento de sus
derechos.
El programa se implementa a
través de planes integrales de reparación colectiva, siguiendo una ruta que
inicia con el registro del sujeto colectivo, hasta la formulación por parte de
las víctimas, y la implementación por parte de las entidades del SNARIV, del
plan de reparación. Dicho plan es aprobado por el respectivo Comité Territorial
de Justicia Transicional. En función del diagnóstico del daño que se realice,
el plan puede contener medidas de satisfacción, restitución, rehabilitación y
garantías de no repetición.
El pasado 9 de abril, durante
la conmemoración del Día nacional de la memoria y solidaridad por las víctimas,
representantes de mujeres, campesinos, sindicalistas, periodistas, organismos
de acción comunal, concejales y diputados, familiares de desaparecidos,
organizaciones defensoras de derechos humanos y el pueblo misak, todos ellos en
proceso de reparación, se unieron para presentarle al Presidente Juan Manuel
Santos el “Pacto por la Reparación Colectiva y la Paz”.
En él, afirmaban que “la
reparación colectiva está contribuyendo al fortalecimiento de nuestras
organizaciones, ha logrado recuperar espacios de incidencia nacional y
territorial, ha permitido volver a unir lo que el conflicto dividió en los
movimientos sociales y ha vuelto a poner en la agenda del Estado y la sociedad
el reconocimiento de nuestra labor”.
Aquel día, en la Casa
Campesina de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en Bogotá, el
Presidente Santos estuvo acompañado de varios ministros y altos funcionarios
del Gobierno Nacional, quienes entregaron a cada uno de estos grupos y a la Mesa
Nacional de Participación de Víctimas distintos reconocimientos en señal de los
progresos alcanzados en sus procesos de reparación y la voluntad de continuar
el trabajo conjunto en el futuro.
“Yo pensé que las víctimas
iban a ser las más duras, las más opositoras de un proceso (…) Me han enseñado
todo lo contrario, las víctimas son las que tienen el corazón más grande, son
más propensas a perdonar, a reconciliarse”, dijo el Presidente Santos al
auditorio, donde también se hallaba una nutrida representación de actores
internacionales. Para líneas abajo...
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