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| Foto tomada de: ccai-colombia.org/2012 |
Yahoo noticias. Bogotá, 13 nov (EFE).- El problema de la tierra en Colombia, país en el que el 1,15 por ciento de la población posee el 52 por ciento de la gran propiedad rural, será la primera prueba de fuego para el Gobierno y la guerrilla de las FARC en la mesa de negociaciones que iniciarán el próximo día 15 en La Habana
El agrario es un asunto que
está en la raíz del conflicto colombiano, que lleva casi medio siglo y que
solamente en su expresión de despojo y desarraigo deja, desde 1985, 5,5
millones de desplazados forzados y 6 millones de hectáreas arrebatadas.
"La cuestión de la tierra
es un tema estructural, casi que la génesis del conflicto colombiano",
explicó a Efe el líder agrario Andrés Gil, portavoz de la Asociación Campesina
del Valle del Río Cimitarra (ACVRC), que obtuvo en 2010 el Premio Nacional de
Paz.
Gil dijo que se trata de un
problema no resuelto de cuya importancia da cuenta el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en sus informes de desarrollo humano: en el
país, el índice de concentración de la tierra, que se mide en una escala de 0 a
1, es de 0,58.
"Es de los más altos del
mundo", se lamentó el líder de la ACVRC, que reúne a campesinos de una
región del departamento de Santander (noreste) que han mantenido su
organización a pesar del azote de la ultraderecha armada.
Sin embargo, la concentración
de la propiedad no es la única característica del problema agrario en Colombia,
donde el 32 por ciento de sus 46 millones de habitantes vive en el campo.
En un reciente informe, el
PNUD alertó en Bogotá sobre el estado improductivo de la gran parte de las
tierras aptas para la agricultura, que totalizan 21,5 millones de hectáreas.
De ellas, solamente están
cultivadas 4,9 millones de hectáreas, apenas el 22,7 por ciento, según el
estudio, dirigido por el experto Absalón Machado y en el que también se
advierte de la desigualdad en el acceso al crédito: el 78,2 por ciento de los
empréstitos va a manos de los grandes y medianos productores.
El acceso y el uso de la
tierra, las tierras improductivas, la formalización de la propiedad y la
protección de zonas de reserva campesina son algunos de los tópicos de este
problema que ocuparán a los negociadores del Gobierno colombiano y de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a partir del jueves próximo.
La cuestión también preocupa a
los pueblos indígenas del país, que suman 102, con una población de 1,37
millones de personas, de las que casi la mitad está por debajo de la línea de
pobreza.
"Hemos vivido una
situación de despojo territorial, nos han arrinconado en lo más alto de las
montañas, las tierras se han venido deteriorando y las familias han venido
creciendo", expresó a Efe el dirigente aborigen Gilberto Yasué.
Yasué pertenece al pueblo de
los nasas o paeces, con poco más de 100.000 habitantes distribuidos en una
decena de localidades del norte del departamento del Cauca (suroeste), uno de
los más afectados por la confrontación interna.
Los nasas luchan por la
recuperación de sus tierras ancestrales, que quedaron en manos de grandes
hacendados y colonos, campaña que los mantiene en medio del conflicto, a pesar
de su decisión de desalojar a todos los grupos implicados.
"Los acuerdos no se han
cumplido a satisfacción, y el Cric (Consejo Regional Indígena del Cauca) no
puede renunciar a la deuda que tiene el Estado", dijo Yasué.
El problema territorial de los
nasas entró en la agenda del Ejecutivo del presidente Juan Manuel Santos, que
antes de la formalización de la mesa con las FARC adoptó una ley de víctimas y
restitución de tierras.
El gobernante aspira restituir
hasta 2014, cuanto termina su cuatrienio, unas 2,5 millones de hectáreas
arrebatadas a campesinos o abandonadas por desplazados.
La normativa, en vigor desde
el pasado enero, abrió las puertas a un proceso de reclamaciones que ha sido
acogido por más de 26.000 personas, que buscan recuperar casi dos millones de
hectáreas.
El ministro de Agricultura,
Juan Camilo Restrepo, ha calculado que el 35 por ciento de estas reclamaciones
se corresponden con predios usurpados por las FARC.
Es un ingrediente para la mesa
de negociaciones de La Habana, escenario en el que Gil exige representación,
como otros sectores del país.
"Vemos con expectación
este intercambio, pero también tenemos mucho por decir y aportar", dijo el
portavoz de la ACVRC, para quien su colectivo es víctima, testigo y, también,
protagonista.
Miembros de la guardia
indígena, durante el encuentro nacional de los pueblos indígenas por la defensa
de la Madre Tierra, celebrado el pasado mes de agosto en Piendamó, Cauca,
suroccidente de Colombia.
