Respuesta inadecuada de la Fiscalía General en Colombia

viernes 20 de marzo de 2009
Estado Colombiano Debe Responder a la Continuación de Acusaciones sin Fundamento contra los Defensores de Derechos Humanos

(20 de Marzo – Nueva York) Los procesos penales sin fundamento por parte de fiscales colombianos siguen poniendo en peligro las vidas de los defensores de derechos humanos y debilita los estándares del debido proceso en Colombia, anunció hoy la organización internacional de derechos humanos, Human Rights First.En las ultimas semanas, una investigación de dos defensores ha sido restaurado y un tercero defensor fue condenado aunque un juez declaró su inocencia hace dos anos. Human Rights First publicó un informe hace dos semanas que documenta el uso extenso de procesos penales infundados para estigmatizar a los defensores de derechos humanos.

A pesar del lanzamiento del informe, los procesos infundados en contra de tres defensores citados en el informe han avanzado en las últimas semanas.“Los fiscales lo hacen de forma contraria,” señaló Andrew Hudson, asociado senior del Programa de Defensores de Derechos Humanos. “En lugar de abrir casos de cargos ilegítimos en contra de los defensores de derechos humanos, los funcionarios públicos deben reconocer que los defensores fortalecen la democracia colombiana.”El 11 de febrero y el 10 de marzo un fiscal ordenó reabrir las investigaciones penales en contra de dos defensores: el reconocido líder de derechos humanos y sacerdote jesuita, Padre Javier Giraldo y el director de la Corporación Jurídica Libertad, Elkin Ramírez, ambos presentados en el informe de Human Rights First.

El fiscal los acusa de falsa denuncia, injuria y calumnia. Estas investigaciones fueron reanudadas con base en las denuncias hechas originalmente en los años 2004 y 2005 por parte del Coronel Néstor Iván Duque López, comandante de la brigada militar supuestamente involucrada en la masacre en San José de Apartadó. Human Rights First teme que las acusaciones fueron motivadas por la participación de Giraldo y Ramírez en denunciar la participación del Coronel en la masacre de San José de Apartadó. En el 2008 un fiscal desechó una investigación de rebelión en contra de Ramírez y citó problemas de credibilidad e incoherencias en la investigación.

“La restauración de los procesos penales contra Giraldo y Ramírez se entiende como un atentado en contra de las legítimas actividades a favor de la defensa de los derechos humanos en Colombia,” señaló Hudson.En una decisión del 24 de febrero del 2009, el tribunal superior de Bucaramanga encontró culpable al Sr. Príncipe Gabriel González de rebelión y lo sentenció a 7 años de prisión. González es un líder de la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos en Santander y otro de los defensores de derechos humanos presentado en el informe. Se encuentra bajo una renovada persecución penal por parte de la fiscalía.En marzo del 2007, González fue absuelto: un juez encontró que el proceso penal fue infundado y sin evidencia. Sin embargo, la fiscalía decidió apelar su absolución.

La preocupante decisión del tribunal superior de Bucaramanga citó el trabajo de González por los derechos humanos y en abogar por parte de los presos, como evidencia de su participación con la guerrilla. Su caso ha sido reconocido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para las Detenciones Arbitrarias, el Relator Especial de las Naciones Unidas para los defensores de Derechos Humanos y el gobierno de los Estados Unidos en su informe anual de los derechos humanos.A pesar de la documentación de procesos penales sin fundamento contra los defensores de derechos humanos, el Estado colombiano y en particular la Fiscalía General siguen negando la existencia de estos procesos penales que violan el debido proceso.

La fiscalía debería reconocer el problema de criminalizar e ilegitimar el trabajo de los defensores en Colombia a través de cerrar las investigaciones en contra de Giraldo, Ramírez y González. Además, Human Rights First insta al Fiscal General a implementar las recomendaciones de nuestro informe. Volver a Inicio >

Colombia está padeciendo grave época de violaciones de derechos humanos, peor que la vivida por Chile, Argentina y Uruguay durante las dictaduras

Autorneto > Referencia > Noticias Mundiales > Sociedad

En su orden: Andrew Hudson y Jorge Castellanos Pulido, foto de bersoa
por bersoa15, Mar 6, 2009

Así se desprende de un informe presentado en Bucaramanga por representantes de Human Rights First, en el que se afirma que en Colombia se intenta silenciar a todos los que pretendan defender los derechos humanos.

Investigaciones criminales
Las investigaciones que adelantan las autoridades carecen del debido proceso y arrojan informes sin fundamento porque están sustentadas por testigos falsos que reciben beneficios del Estado. Así lo expresaron los abogados Andrew Hudson, asociado senior del programa de Derechos Humanos de la organización internacional “Human Rights First” y el presidente de la comisión de derechos humanos de la Corporación Compromiso de Colombia, Jorge Castellanos Pulido. LEER MAS >

Llega a Bucaramanga del señor Andrew Hudson; presentará informe sobre derechos humanos

Bucaramanga Marzo 2 de 2009

Apreciados amigos comunicadores y entidades de DDHH y DIH: Me permito hacerles llegar este comunicado y la información de la presencia en Bucaramanga del señor Andrew Hudson, los días 4, 5, y 6 de marzo durante los cuales presentará el informe de referencia y tendrá contacto con organizaciones de ddhh, medios de comunicación y entidades estatales y de gobierno.

Agradezco el interés que le brinden a la presente.cordial saludo.

JORGE CASTELLANOS P.COMPROMISO. - Léa en el siguiente cuadro:

 COMUNICADO DE PRENSA


El Estado Colombiano acusa a Defensores de Derechos Humanos Sin Fundamento



Nuevo informe revela que investigaciones espurias intentan silenciar a activistas.



(English version below)



(Nueva York y Bogotá, el 24 de febrero, 2009) – Las investigaciones criminales sin fundamento por parte de fiscales ponen en peligro las vidas de los defensores de derechos humanos colombianos e intentan desacreditar sus labores, anunció la organización internacional de derechos humanos, Human Rights First, en un nuevo informe. 



“En un sistema de justicia penal destacado por sus niveles de impunidad, la tenacidad de los fiscales Colombianos que persiguen casos en contra de los defensores de derechos humanos es impresionante,” declaró el informe.



El nuevo informe, Los defensores de derechos humanos acusados sin fundamento: presos y señalados en Colombia, publicado hoy, documenta 32 casos particulares de procesos penales infundados en contra de defensores de derechos humanos.  Por primera vez, este informe indica que el problema es sistémico e incluye un análisis detallado de los alegatos de la defensa, las resoluciones de los fiscales y las sentencias.



“Los fiscales lo hacen al revés.  En vez de abrir casos de cargos espurios en contra de los defensores de derechos humanos, los funcionarios públicos deben reconocer que los defensores fortalecen la democracia Colombiana,” señaló Andrew Hudson, asociado senior del Programa de Defensores de Derechos Humanos.  “La acusación sin fundamento de activistas de derechos humanos como terroristas es un problema generalizado que requiere una respuesta comprehensiva del Estado.”



Si bien no sólo los defensores son investigados falsamente, su persecución como grupo se distingue por el carácter de los cargos y los métodos para recoger y falsificar la evidencia. Por lo general son acusados de rebelión y pertenencia a las organizaciones guerrilleras con base en el testimonio falso de excombatientes y archivos de inteligencia inadmisibles como evidencia. Mientras que los fiscales locales son los que llevan a cabo estas investigaciones, la Fiscalía General de la Nación, también resulta responsable por su inactividad frente a esta práctica tan generalizada. Además, el gobierno colombiano es responsable por hacer declaraciones públicas que fomentan ataques contra los defensores de derechos humanos.



Pese a que existe un nuevo Código de Procedimiento Penal en Colombia, la detención arbitraria de los activistas de derechos humanos continúa.  En casi todos los 32 casos documentados en este informe, un fiscal o juez que revisó el caso posteriormente, declaró que la investigación nunca debió haber sido iniciada e incumple con los estándares mínimos del debido proceso.



Sin embargo, cuando las investigaciones son finalmente precluidas, los defensores de derechos humanos pueden haber pasado meses o años defendiéndose y quedan estigmatizados peligrosamente como terroristas o guerrilleros. Existen casos de defensores de derechos humanos que fueron puestos en libertad tras acusaciones falsas, y luego fueron atacados o incluso asesinados por paramilitares u otros grupos armados.





“Los procesos penales infundados deben ser evitados antes de que el daño esté hecho,” indicó Hudson.  “Es tiempo que el Fiscal General introduzca reformas para enfrentar la corrupción y los fiscales que exceden sus funciones.”



Entre muchas otras recomendaciones, el informe insta a que las autoridades Colombianas:

delegar a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General para que revise todas las investigaciones criminales en contra de defensores de derechos humanos, y cierre aquellas que resulten infundadas, como también poner en libertad inmediatamente a todos los defensores detenidos injustamente;
abran procesos penales en contra de los fiscales que hayan violado la ley al investigar infundadamente a defensores de derechos humanos;
cesen el uso de testimonios coaccionados o preparados por los fiscales y de archivos de inteligencia como base para abrir investigaciones criminales en contra de los defensores; y
se abstengan de hacer declaraciones que señalen como guerrilleros, a quienes realizan el trabajo de defensa de los derechos humanos.


“Como uno de los principales financiadores de las reformas judiciales, el gobierno Estadounidense puede y deber jugar un papel en ayudar a Colombia a poner un fin a esta peligrosa práctica,” indicó Hudson.  La legislación de los Estados Unidos que regula la ayuda externa a Colombia para el 2008 designó US$20 millones a la Fiscalía General como parte de más de US$500 millones de ayuda.



Las recomendaciones para el gobierno de los Estados Unidos presentadas en el informe incluyen:

USAID y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos deben apoyar al Fiscal General de Colombia en su veeduría y seguimiento de todas las investigaciones en contra de los defensores de derechos humanos; y
El Congreso estadounidense debe, en las leyes que regulan la asistencia económica a Colombia, condicionar tal asistencia a que las Fuerzas Armadas de Colombia no participen en violaciones de derechos humanos en contra de los defensores de derechos humanos.


Colombia es uno de los países más peligrosos en el mundo para los defensores de derechos humanos.  Docenas de defensores son asesinados cada año, incluyendo sindicalistas, abogados, líderes indígenas, miembros de organizaciones no-gubernamentales, y líderes comunitarios y religiosos. 



Para más información, contacte a:

Andrew Hudson en Colombia (Inglés, Español): hudsona@humanrightsfirst.org + 57 313 787 1339 

Krista Minteer (Inglés): minteerk@humanrightsfirst.org +1 212 845 5207



Lea el informe: http://www.humanrightsfirst.org/pdf/090211-HRD-colombia-esp.pdf



Lea el resumen ejecutivo: http://www.humanrightsfirst.org/pdf/090211-HRD-colom-1pager-esp.pdf



Más información sobre el informe: http://www.humanrightsfirst.org/defenders/reports/index.aspx