EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES: REALIDAD INOCULTABLE

Colombia
Desde el 1 de enero de 2007 al 1 de julio de 2008 se han registrado 535 ejecuciones extrajudiciales.

--
El 58% de los casos se trata de personas menores de edad.

--------Jorge Castellanos, director de Derechos humanos de Compromiso (gráfica)

Estas y otras cifras de interés sobre el tema de ejecuciones extrajudiciales, así como el contexto de nuevos patrones y modalidades para encubrir la comisión de estos hechos, los departamentos más afectados, y la exposición de algunos casos de relevancia, es que se trata a partir de este miércoles 29 de octubre, en el marco de la realización del evento “Ejecuciones extrajudiciales: realidad inocultable”, que se efectúa en el Centro Cultural Gabriel García Márquez (Calle 11 No 5-60) de Floridablanca, Santander. Igualmente se presentará el Informe Final de La Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia, realizada entre el 3 y 10 de octubre de 2007 en la que participaron 13 profesionales independientes (juristas, periodistas, antropólogos forenses y expertos en derechos humanos) procedentes de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

De la misma manera, se da a conocer un informe sobre ejecuciones extrajudiciales en la región del Catatumbo, así como en el departamento de Arauca.
El evento organizado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, coalición conformada por 199 organizaciones colombianas que trabajan en la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos, contará con la presencia de organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, el cuerpo diplomático, representantes del Sistema de las Naciones Unidas con sede en Colombia, Congresistas de la República, e igualmente han sido invitados organismos de Control del Estado y Instituciones del Gobierno del nivel Central.

Es de destacar que esta dramática realidad seguramente será uno de los temas centrales del examen en materia de violaciones de DDHH, al que será sometido el Gobierno colombiano, el próximo 10 de Diciembre de 2008, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Precisamente en su informe para el Examen Periódico Universal, las 4 plataformas de Derechos Humanos y Paz, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado, La Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, la OMCT y el Observatorio contra la Discriminación Racial, denunciaron que “En el último quinquenio se ha constatado un aumento del 67,71% en los registros de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública, lapso que coincide con la aplicación de la política de “seguridad democrática” promovida por el Gobierno actual desde su posesión el 7 de agosto de 2002”

En su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones reconoció “la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública, fundamentalmente del ejército”, señalando además que “algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asuma las investigaciones. Las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos revelan que podrían estar motivados por la presión de resultados y el interés de algunos miembros de la fuerza pública de obtener a partir de dichos resultados una serie de beneficios y reconocimientos”.

No obstante estas preocupaciones constantes por parte de la comunidad nacional e internacional, el ministro de defensa Juan Manuel Santos expresó el 9 de Septiembre pasado que había “una importante reducción de casos” de ejecuciones extrajudiciales, según las cuales, durante lo corrido del año solo habría habido 25 casos, en contraste con 102 documentadas por las organizaciones.

Los casos de Soacha y Ciudad Bolívar y los que se destaparon a partir de estos hechos en distintas regiones del país, han mostrado no sólo que es una práctica que se viene realizando de manera persistente y sistemática, sino que también se presentan nuevos patrones y modalidades para encubrir la comisión de estos hechos y para mantenerlos en la impunidad. Regresar a Inicio >