Bogotá, 25 de noviembre de 2009. Acompañar jurídica e institucionalmente a las victimas en sus procesos de reclamación para propiciar la restitución de los bienes que les fueron expropiadas o despojados por los grupos armados ilegales, es el propósito de la CRRB que a partir del viernes 27 de noviembre funcionará en Sincelejo.
Se trata de la quinta Comisión Regional de Restitución de Bienes –CRRB- que según el decreto 176 de 2008 “debe propiciar los trámites relacionados con las reclamaciones sobre propiedad y tenencia de bienes en el marco del proceso establecido por esa normatividad”. (Ver decreto 176)
El evento de apertura de la CRBB, que atenderá a las víctimas de los departamentos de Sucre y Córdoba, será presidido por el vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, la directora de Justicia Transicional del Ministerio de Interior y de Justicia, Heidi Abuchaibe, el Obispo de Sincelejo y Comisionado en representación de la sociedad civil, Monseñor Nel Beltrán Santamaría, autoridades locales y departamentales y organismos internacionales.
Para dar inicio a las labores de la Comisión Regional de Restitución de Bienes en Sucre, se comenzará con un proyecto piloto en el corregimiento de Chengue, municipio de Ovejas, Sucre, que beneficiará a 100 familias, en la formalización de la propiedad.
Dicho proyecto pretende definir la situación física y jurídica en que se encuentran los predios y la relación de propiedad, tenencia, ocupación o posesión de los mismos, con el fin de tener mayores elementos de juicio que permitan adelantar investigaciones y dictámenes sobre los problemas de la tenencia de la tierra.
El piloto, estará bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Sede Sincelejo, con el apoyo de la OIM, el programa PRORET, Programa de Recuperación de Tierras del Ministerio de Agricultura, el Incoder, IGAC y el Proyecto de Tierras de Acción Social.
Las CRRB cuentan con tres proyectos piloto en Turbo, Antioquia; el corregimiento de Mampuján, Bolívar y Chengue, Sucre, para su implementación, éstos cuentan con el apoyo técnico de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y el apoyo financiero del Gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
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