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jueves, 9 de junio de 2016

Conmemoración de, 'Cinco años de la Ley de Víctimas'

Colombia camina hacia la paz
Este viernes, 10 de junio, se cumplen cinco años desde que el Presidente Juan Manuel Santos Calderón sancionara la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en una ceremonia en Casa de Nariño, con la presencia de Ban Ki Moon, secretario general de las Naciones Unidas. El gobierno colombiano demostró entonces, como nunca en la historia, la voluntad política de reconocer y atender a millones de personas golpeadas por un conflicto armado que ha plagado de violencia nuestro país.  
Aquel día, el mundo dirigió su mirada a una Colombia que aún no había iniciado formalmente el proceso de diálogo destinado a escribir el punto final de la confrontación armada. Hoy la comunidad internacional observa con interés la política de reparación a víctimas, que ha permitido indemnizar a más de 590.000 personas y se ha constituido en uno de los pilares del acuerdo sobre el punto quinto de la agenda de diálogo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP.
Las víctimas son ahora más conscientes de sus derechos y cuentan con mejores recursos para influir en los espacios donde se toman las decisiones que les atañen. El programa administrativo de reparaciones que Colombia puso en marcha tiene en cuenta aspectos psicológicos, sociales, económicos y culturales.
“Hay que recordar que, hace muy poquitos años, la palabra víctima ni siquiera aparecía en el panorama. La ley también ha servido para que las víctimas conozcan sus derechos y luchen para conseguirlos”, afirmó Alan Jara, recientemente nombrado director de la Unidad para las Víctimas.
Atender en medio del conflicto 
El Gobierno Nacional se ha convertido en el primer agente humanitario del país. “Esto ha permitido que el Estado pueda atender el 100% de las emergencias humanitarias dentro de las 48 horas siguientes a su ocurrencia”, aseguró Paula Gaviria Betancur, quien dirigió la Unidad para las Víctimas durante sus primeros cuatro años de vida, ante los 190 países participantes en la primera Cumbre Humanitaria Mundial, que tuvo lugar los días 23 y 24 de mayo del presente año en Estambul (Turquía).
Si bien el desplazamiento forzado entre 2010-2014 descendió en un 47% con respecto al cuatrienio anterior, la Unidad para las Víctimas ha mantenido su labor de fortalecimiento de infraestructura social y comunitaria y de asesoría técnica a las entidades territoriales para la formulación de planes de contingencia para atender emergencias.
La construcción de dicha infraestructura comunitaria ha permitido, por un lado, fomentar la recuperación del tejido social de varias poblaciones y, al mismo tiempo, adecuar espacios en caso de posibles emergencias.
El registro más exhaustivo del mundo
Desde 2011, Colombia lidera la política de atención y reparación más ambiciosa hasta ahora conocida. Para ello, puso en marcha el Registro Único de Víctimas, una herramienta inédita en el país que permite reconocer a quienes han sufrido el abandono o despojo de tierras, actos terroristas, amenazas, delitos contra la integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento, homicidio, daños por minas antipersonales, pérdida de muebles o inmuebles, secuestro, tortura o el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Con ello, no solo es posible establecer que el conflicto ha dejado 8.040.748 víctimas a lo largo de décadas de confrontación armada, sino también que 6,2 millones de ellas son actualmente sujeto de atención y reparación, lo que permite elaborar proyecciones presupuestales ajustadas a la realidad. No se sabe si Colombia es el país del mundo con más víctimas, pero sí es el país que se ha dado a la tarea de tener el registro más exhaustivo y completo.
Las víctimas reciben orientación a través de diferentes canales virtuales, telefónicos y escritos. Ya son más de un millón de personas atendidas presencialmente en los 139 puntos de atención a víctimas y 22 centros regionales distribuidos en el territorio nacional, con la presencia de entidades encargadas de brindar respuestas eficientes y oportunas.
Un país diverso y cada vez más comprometido con la igualdad
El Estado colombiano dispuso la implementación del enfoque diferencial en la política pública de asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado como respuesta al reconocimiento, en primer lugar, de que el conflicto armado ha afectado de manera diferente y desproporcionada a las personas y grupos más vulnerables y, además, a la identificación de prácticas de invisibilidad o discriminación que ponen en riesgo la efectiva atención de sujetos de especial protección constitucional.
Así, los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 cobijan específicamente a los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y al pueblo Rrom o gitano. La aplicación de esta normativa pone de manifiesto el reconocimiento del territorio como víctima, evidencia la relación entre lo individual y lo colectivo y entiende la reparación como un proceso de recuperación de la armonía y del equilibrio.
El enfoque diferencial también permite concentrar esfuerzos en la infancia, los jóvenes, las personas mayores, mujeres, personas con habilidades especiales u orientaciones sexuales diversas… y sin importar que vivan en territorio nacional o extranjero.
“Durante mucho tiempo pensé que era la única mujer violada, pero hace dos años escuché en un noticiero que había muchas mujeres víctimas de violencia sexual que callaban. Explicaban cómo hacer la denuncia. Viajé a La Florida (Nariño) y el personero me tomó la declaración”. Así cuenta Doris Henríquez Burbano sus primeros pasos para afrontar la agresión sexual que sufrió una década antes por parte de un grupo guerrillero.
“Me fui a la Unidad de Víctimas, me miraron la cédula y me inscribieron en el Registro Único de Víctimas. Después me citaron en el hotel Morasurco de Pasto, donde había una reunión de víctimas de abuso sexual. Eran como 40 mujeres”, explicó durante una reciente visita a Bogotá.  
Doris es una de las 1.600 personas que han pasado por la estrategia de reparación integral para víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual, diseñada por la Unidad para las Víctimas específicamente para mujeres. Ellas representan casi el 90% de las personas afectadas por este hecho.
Durante tres encuentros grupales y el acompañamiento constante de expertos psicosociales, estas mujeres cuentan (a menudo por primera vez) lo que les sucedió ante otras que pasaron por sucesos similares, conocen sus derechos como víctimas, recuperan su autoestima y reflexionan sobre sus proyectos de vida. Más de 5.500 mujeres sobrevivientes de violencia sexual han recibido su indemnización administrativa.
La reparación, integral y transformadora
Para abordar la gran variedad de delitos, se decidió que la reparación podría incluir cinco medidas, aplicables según el tipo de daño y en sus dimensiones individual y colectiva: la rehabilitación, que procura el restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas; las medidas de satisfacción, que buscan restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido; la restitución de tierras, predios o bienes, para quienes fueron despojados o se vieron obligados a abandonarlos; la indemnización por vía administrativa, que consiste en una compensación económica, y las garantías de no repetición, con el fin de que los hechos no vuelvan a ocurrir.
Con el fin de generar bienestar en las comunidades y en el entendido que los daños van más allá de lo material, se han realizado medidas de satisfacción como la entrega de cartas de dignificación y conmemoraciones como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas (9 abril) o el de la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (25 mayo), este último implementado como una medida de satisfacción solicitada por la periodista Jineth Bedoya.
Se ha acompañado también la entrega de restos a 1.743 familias con seres queridos que habían sufrido desaparición u homicidio, los actos de reconocimiento de responsabilidad y solicitudes de perdón público, alrededor de un centenar de iniciativas locales de memoria y medidas de satisfacción en procesos de reparación colectiva.
En marzo de este año, Rodrigo Rosada recibió los restos de su hermana Rosmira, quien fuera desaparecida a la edad de 52 años en el departamento de Antioquia. “Para mí y mis familiares fue muy valioso el acompañamiento psicosocial, porque este es un momento esperado, pero al mismo tiempo muy doloroso por la incertidumbre de tantos años y gracias a los sicólogos que nos ayudaron a tener presente buenos recuerdos con mi hermana y así encontrar fortaleza como familia”, aseguró entonces Rodrigo Rosada.
En cuanto a la compensación económica, 592.430 víctimas han recibido su indemnización por vía administrativa, por un valor de 3,6 billones de pesos. Desde 2012, un total de 363.828 de ellas decidieron voluntariamente ingresar al programa de acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos. Aproximadamente, el 20% eligió buscar oportunidades de inversión en vivienda; el 19% en educación; el 7% en proyectos productivos y el 3% en inmuebles rurales, entre otras opciones.
“Esta reparación que recibimos de la Unidad para las Víctimas es un empujón que nos dan para hacer realidad proyectos que antes no podíamos tener. En mi caso, estos recursos los voy destinar a mejorar un negocio de venta de jugos”, dijo Beatriz, víctima por el homicidio de su esposo, al recibir su indemnización en abril de este año en Medellín.
Cerca de 5.000 jóvenes víctimas han accedido a estudios universitarios, gracias a las becas otorgadas a través del Fondo de Educación Superior y alrededor de 100.000 participaron en los talleres de educación financiera. Durante el 2016, se han entregado cerca de 6.000 libretas militares gratuitas para víctimas de desplazamiento forzado, facilitando a los jóvenes el acceso a estudios y empleo.
El conflicto fragmentó al país, desplazó a los campesinos de sus tierras y empobreció a muchas familias que llegaron a las ciudades. Hoy, la Unidad para las Víctimas ha acompañado a cerca de 140.000 hogares en sus procesos de retorno o reubicación, bajo los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad.
María Griselda Debia perdió a su esposo y un hijo, antes de abandonar sus tierras en Ataco (Tolima). “Nos tocó irnos. Salimos en 2001 y regresé hace cuatro años para reconstruir la finca y a volver a respirar aire puro. En este momento, estamos con el programa de restitución de tierras. Ya comenzamos con el proyecto productivo y, gracias a dios, vamos trabajando”, afirma.
Asegura que los avances en el proceso de reparación colectiva son como un sueño hecho realidad para ella. “Le doy gracias al presidente Santos, que fue el que aprobó la Ley de Víctimas y por él estamos aquí en la tierra, por él estamos trabajando y por él estamos como estamos, iniciando de nuevo, felices, con una nueva vida”, indica esta mujer, contenta de volver a sembrar café, yuca y plátano.
La atención a los desplazados cobró especial relevancia a partir de la Sentencia T-025 promulgada por la Corte Constitucional en 2004, cuando declaró el estado de cosas inconstitucional en la materia. Desde su creación en 2012, la Unidad para las Víctimas viene trabajando en una estrategia para dejar atrás esa situación.
El esfuerzo institucional y presupuestal ha impactado positivamente los derechos de las víctimas de desplazamiento y se debe seguir avanzando para lograr su goce integral de los derechos. Algunos de estos cuentan con una garantía prácticamente universal y se han superado falencias que había en 2004, si bien aún queda camino por recorrer. 
Este gobierno ha invertido cerca de tres billones de pesos en atención y asistencia humanitaria, garantizando el mínimo vital de más de un millón y medio de hogares. Otras 144.626 víctimas de desplazamiento forzado han recibido su indemnización, después de que la Corte ordenase a finales de 2013 que estas debían obtener una compensación económica (no prevista inicialmente en la Ley 1448).
Alrededor del 78% de la población desplazada afirma estar en el lugar donde desea rehacer su proyecto de vida, según se desprende de la Encuesta de Goce Efectivo de Derechos, requerida por la Unidad para las Víctimas en alianza con el DANE, y realizada a más de 27.727 hogares (112.406 personas entrevistadas entre diciembre de 2013 y marzo de 2014, en 157 municipios del país, incluidas las 23 ciudades principales).
En los últimos años, se han presentado desde el territorio al menos 205 proyectos dinamizadores para procesos de retorno y reubicación, por algo más de 13.000 millones de pesos, donde la Unidad para las Víctimas aporta cerca del 70% de los recursos y el resto es aportado por las entidades territoriales, la comunidad u otros actores estratégicos, como la cooperación internacional. Se ha logrado dinamizar procesos territoriales de retorno o reubicación, a partir de necesidades colectivas que impactan en la sostenibilidad y arraigo de la comunidad.
Todas las medidas mencionadas cobran un sentido especial cuando van acompañadas de aquellas que propenden por las garantías de no repetición, es decir, la voluntad de que las violentas situaciones que se vivieron no vuelvan a ocurrir. Para ello, la Unidad para las Víctimas ha impulsado, junto con las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), el diseño de políticas de prevención de reclutamiento forzado, una estrategia para el acceso a la justicia de las víctimas, acciones conjuntas en materia de reconciliación e investigaciones sobre identificación de patrones culturales, entre otros aspectos.
La reparación colectiva, herramienta para construir paz territorial
Reconstruir la confianza y el tejido social en poblaciones fuertemente golpeadas por el conflicto armado se torna uno de los puntos fundamentales en la construcción de la paz. Por eso, hasta la fecha 366 grupos y comunidades han sido incluidos como sujetos de reparación colectiva (192 étnicos y 174 no étnicos) en procesos que reconocen su resistencia, supervivencia y lucha histórica por el restablecimiento de sus derechos.
El programa se implementa a través de planes integrales de reparación colectiva, siguiendo una ruta que inicia con el registro del sujeto colectivo, hasta la formulación por parte de las víctimas, y la implementación por parte de las entidades del SNARIV, del plan de reparación. Dicho plan es aprobado por el respectivo Comité Territorial de Justicia Transicional. En función del diagnóstico del daño que se realice, el plan puede contener medidas de satisfacción, restitución, rehabilitación y garantías de no repetición.
El pasado 9 de abril, durante la conmemoración del Día nacional de la memoria y solidaridad por las víctimas, representantes de mujeres, campesinos, sindicalistas, periodistas, organismos de acción comunal, concejales y diputados, familiares de desaparecidos, organizaciones defensoras de derechos humanos y el pueblo misak, todos ellos en proceso de reparación, se unieron para presentarle al Presidente Juan Manuel Santos el “Pacto por la Reparación Colectiva y la Paz”.
En él, afirmaban que “la reparación colectiva está contribuyendo al fortalecimiento de nuestras organizaciones, ha logrado recuperar espacios de incidencia nacional y territorial, ha permitido volver a unir lo que el conflicto dividió en los movimientos sociales y ha vuelto a poner en la agenda del Estado y la sociedad el reconocimiento de nuestra labor”.
Aquel día, en la Casa Campesina de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en Bogotá, el Presidente Santos estuvo acompañado de varios ministros y altos funcionarios del Gobierno Nacional, quienes entregaron a cada uno de estos grupos y a la Mesa Nacional de Participación de Víctimas distintos reconocimientos en señal de los progresos alcanzados en sus procesos de reparación y la voluntad de continuar el trabajo conjunto en el futuro.

“Yo pensé que las víctimas iban a ser las más duras, las más opositoras de un proceso (…) Me han enseñado todo lo contrario, las víctimas son las que tienen el corazón más grande, son más propensas a perdonar, a reconciliarse”, dijo el Presidente Santos al auditorio, donde también se hallaba una nutrida representación de actores internacionales. Para líneas abajo...

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