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jueves, 9 de julio de 2009

Piedad córdoba autorizada para liberación de secuestrados

Colprensa

“Señores de la prensa, espero que entiende que no puedo contestar preguntas”, les dijo ayer Álvaro Uribe a los comunicadores.
Colprensa / El País

Tras el anuncio del Gobierno, vuelve la esperanza para 24 uniformados.

El presidente Álvaro Uribe Vélez autorizó ayer a la senadora Piedad Córdoba para que participe en el proceso de liberación del sargento Pablo Moncayo y el soldado José Calvo, quienes permanecen en poder de las Farc, grupo que hace más de tres meses anunció su intención de entregarlos.

Sin embargo, un importante condicionamiento acompañó el aval. “La liberación debe ser de todos los secuestrados y en forma simultánea. Son 24 secuestrados de la Fuerza Pública que están en poder de las Farc”, indicó el Primer Mandatario antes de partir para los Estados Unidos.

Además, explicó que junto a los cautivos, la guerrilla deberá devolver los cuerpos de tres uniformados muertos en cautiverio.

En cuanto a la logística, el gobierno decidió que fuera coordinada por el comisionado de Paz, Frank Pearl, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Cicr, y las Fuerzas Armadas.

En respuesta la parlamentaria liberal dijo en un comunicado que recibía con “mucha esperanza” la misión enconmendada y solicitó una cita con el Jefe de Estado para evaluar los asuntos concernientes al futuro proceso.

En su escueto comunicado, Córdoba anunció que el encuentro busca “avanzar en la discusión de los aspectos de fondo de dicha decisión, ya que las Farc hasta ahora sólo han anunciado la liberación unilateral del Cabo Pablo Emilio Moncayo y del soldado José Daniel Calvo”.

Además, en nombre de Colombianas y Colombianos por la Paz, la Senadora exaltó su autorización para participar como mediadora. “El planteamiento del Presidente implica el análisis de otros temas como el intercambio humanitario”, agregó luego de una reunión telefónica de casi cinco horas con los demás integrantes del grupo de intelectuales.

Reacciones y posturas

Los familiares, la iglesia y los expertos en el conflicto, celebraron la decisión del Gobierno, y aunque escépticos a la respuesta de las Farc, consideran este momento como una oportunidad de oro para esa agrupación guerrillera.

El presidente del clero, monseñor Rubén Salazar, dijo desde la 87 Conferencia Episcopal que “estoy seguro que este es el comienzo del retorno a la libertad de todos los plagiados”. La Iglesia se declaró lista para iniciar el proceso de liberación y, por qué no, un acuerdo humanitario.

Por su parte Alfredo Rangel, de la Fundación Seguridad y Democracia, dijo que “el requisito puesto por el Gobierno es una exigencia de credibilidad para este acuerdo”.

“De las Farc hay que esperar que hagan algunas exigencias adicionales, que de pronto no estaban incluidas anteriormente, o que reiteren las exigencias que previamente habían señalado, como el despeje de alguna zona del país”, puntualiza Rangel, quien se declaró escéptico de la respuesta del grupo insurgente.

“El Gobierno quiere impedir que continúe la estrategia de entrega a cuentagotas de secuestrados por parte de las Farc, aunque esta liberación colectiva pueda tomarse un tiempo adicional. Creo que si al final se produce, se estará cumpliendo con el compromiso humanitario de liberar a estas personas”, concluye Rangel.

Contrario a lo que piensa este analista, la madre del sargento Moncayo, Estela Cabrera, aseguró que el anuncio “es otro sofisma de distracción del Presidente, que dificulta la liberación del uniformado”.

Cabrera le pidió al presidente sensatez frente al tema de los secuestrados porque esto confunde y genera expectativas a los familiares, sobre todo si se tiene en cuenta que las Farc anunciaron sólo la liberación de dos uniformados,

Aunque se mostró optimista de que todos puedan regresar a sus hogares, recordó que han pasado tres meses desde que el grupo ilegal anunció que liberaría a su hijo, “y el Gobierno poco o nada ha hecho para agilizar el proceso”.

Desde Cali, Sigifredo López, el último de los liberados unilateralmente por la guerrilla, dijo que el cambio de postura del Gobierno era un paso favorable para alcanzar la meta de liberar a todos los plagiados, misión en la que trabaja desde que regresó de la selva.

“Es un paso adelante y como tal, no debemos mirar las condiciones como obstáculos, sino que son retos a cumplir para lograr ese gran objetivo de la liberación de todos los que están lejos de sus hogares”, expresó el ex diputado del Valle.

¿Un giro inesperado?

Según una fuente cercana al Palacio de Nariño, que cita la revista Semana en su edición online de ayer, el cambio de postura del presidente Uribe “no es algo repentino, es un trabajo que se viene dando desde hace tres meses largos, desde una perspectiva más humanitaria”.

Sin embargo, entre las reacciones al anuncio de Uribe, los pre candidatos liberales, reunidos ayer para su primer debate, dijeron que la medida podría ser “una cortina de humo ante los graves escándalos que enlodan al Gobierno, como la supuesta repartición de notarías a cambio del voto a favor para la reelección en el Congreso en 2005; la polémica por las zonas francas y las ventajas que habrían tenido sus hijos o las ‘chuzadas’ a magistrados, periodistas y miembros de la oposición”.

"La reunión con el Presidente Uribe es para definir aspectos de fondo sobre la misión que me encargó”. Piedad Córdoba, senadora liberal.

No volverán

El mayor de la Policía Julián Ernesto Guevara, quien fue secuestrado por las Farc en la toma a Mitú, Vaupés, en noviembre de 1998 y murió por una enfermedad el 28 de enero del 2006. El entonces capitán Guevara era el sub comandante de la estación de Policía de esa región, cuando fue atacada por las Farc.

El subintendente Luis Hernando Peña Bonilla, secuestrado el 1 de noviembre de 1998, no figuraba en la lista de las Farc, aunque sí estaba en una lista difundida por el Gobierno el 2 de julio de 2008, cuando tuvo lugar la Operación Jaque. El agente de Policía fue fusilado en el Caguán por orden de Jorge Briceño, ‘Mono Jojoy’, y de ‘Martín Sombra’, según el testimonio de uno de los uniformados liberados.

El sargento del Ejército Jesús Alfonso Sol Rivera Cardona fue secuestrado por las Farc el 25 de marzo de 2007, en área rural del municipio de Tuluá, Valle, tras haber participado en una misión secreta para infiltrar a esa agrupación. La Cruz Roja anunció a la familia la muerte del sargento en cautiverio el 9 de agosto de 2008.
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