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jueves, 26 de julio de 2007

Proyecto de ley para resolver situación de paras desmovilizados anunció Uribe


El presidente Uribe anunció la presentación de un proyecto de ley para resolver la situación de unos 18.000 ex combatientes de las AUC, que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz previendo que sus delitos serían considerados como delitos
Uribe y el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, Sergio Caramagna, expresaron su preocupación por la rebeldía declarada por los jefes paramilitares de no acudir a las diligencias judiciales al no ser reconocidas ahora sus acciones como delitos políticos. Ambos advirtieron a los jefes desmovilizados de las Auc, que de persistir en esa rebeldía, perderán los beneficios jurídicos.
Los líderes 'paras' detenidos en la cárcel de Itagüí, en el departamento de Antioquia, declararon su rebeldía el martes, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que negó la posibilidad de que sean juzgados por sedición, es decir por delitos políticos.
Una treintena de jefes de las Auc y otro tanto de mandos medios, anunciaron que congelaban indefinidamente las confesiones en las diligencias judiciales en el marco de la Ley de Justicia y Paz, instrumento legal que abrió paso a su desmovilización. Según los propios paramilitares, la decisión de la CSJ los deja en la misma condición en que estarían si no hubieran negociado un proceso de paz con el Gobierno.
Uribe explicó este miércoles que la iniciativa que presentará al Congreso "debe buscar que se aplique el delito de sedición para poder resolver el problema de los 18.000 (de los 31.000 paramilitares desmovilizados), a quienes todavía no les ha cesado la acción o dar la posibilidad de que sin calificar el delito como político (...) se les reconozcan todos los beneficios a que tienen derecho".
Aclaró que la iniciativa no cobijará "a servidores públicos involucrados con paramilitares", encausados por el escándalo de la "parapolítica" (congresistas y ex funcionarios por presuntos nexos con jefes de la ultraderecha armada), ni a quienes hayan cometido delitos atroces.
"O que reviva la sedición, excluyéndola para los servidores públicos, o que nos den la alternativa de otra figura que permita que sin ninguna duda y sin ningún temor, a esos 18.000 a quienes no les han aparecido otros delitos, se les pueda dar la figura de la cesación de la acción penal", explicó Uribe.
RCN


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