En la justicia ordinaria el nivel de impunidad llega casi al 99% sobre “falsos positivos”
La cifra real de víctimas de falsos positivos es de 6.912 entre 2002 y 2008 según la ‘Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
Por: Laura Ximena Orjuela
Bogotá, julio de 2023. A pesar de que la Justicia Especial para la Paz (JEP) ha institucionalizado la cifra de 6.402 civiles asesinados extrajudicialmente y presentados como muertos en combate en 30 de los 32 departamentos de Colombia, este número resulta ser icónico y no definitivo frente al total de víctimas. Según la
‘Coordinación Colombia Europa Estados Unidos’, la cifra, al año 2015, ascendía
a 6.912 víctimas.
La reciente
investigación de la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico
Grancolombiano, en conjunto con el portal Verdad Abierta, llamada “Más allá
de los 6.402. Viaje al fondo de los falsos positivos en Colombia”,
desarrollada a lo largo de 8 meses, trató de construir una radiografía de uno
de los crímenes más degradantes del conflicto armado colombiano: los
denominados “falsos positivos”.
Según datos
entregados por la Fiscalía General de la Nación a los investigadores, de las
4.970 víctimas que entre enero de 2002 y abril de 2023 esta entidad registró,
268 son mujeres y 4.702 son hombres. El 35% tenía entre 27 y 59 años al momento
de la desaparición y asesinato; el 21,3% estaba entre los 18 y los 26 años; del
38,6% no se tiene registro. El porcentaje restante corresponde a jóvenes entre
14 y 17 años y a adultos mayores.
No hay
información amplia sobre el nivel de escolaridad de las víctimas, lo que revela
un gran subregistro frente a uno de los crímenes más complejos del conflicto
armado colombiano. Del total de víctimas registradas ante la Fiscalía General,
la entidad solo reporta el grado escolar de 327: primaria 210, secundaria 108,
técnicos 8, con grado universitario 7, y con posgrado 1 persona.
La entidad
reportó a los investigadores las ocupaciones de 2.662 víctimas; sobre las
restantes no hay información. Según sus datos, la mayoría de las víctimas de
falsos positivos fueron campesinos (1231), seguido de particulares (465),
desempleados (267), obreros (108), comerciantes (105) y la lista continúa con
vendedores, estudiantes universitarios, auxiliares de conducción, incluso
docentes, coteros, mototaxistas, guardias de seguridad, lavadores de carros,
entre otros.
Los datos
presentados permiten entender que no es posible hablar de un perfil de víctimas
de ejecuciones extrajudiciales, pese a que la mayoría corresponde a población
vulnerable, habitante de zonas marginadas de las ciudades y los campos del
país. Sin embargo, las historias y los datos oficiales analizados por la UIP
dan cuenta de una tipología muy amplia.
¿Qué ha pasado con
estos casos?
Cuando se
conversa con familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales una palabra
habitual en sus relatos es impunidad. No se equivocan. Datos entregados por la
Fiscalía General de la Nación indican que, a 17 de abril de 2023, esta entidad
tenía 2.434 investigaciones activas por muertes ilegítimamente presentadas como
bajas en combate o “falsos positivos”, que involucran 4.970 víctimas.
Según las
distintas organizaciones defensoras de derechos humanos que conforman la mesa
temática sobre ejecuciones extrajudiciales, en la justicia ordinaria el nivel
de impunidad llega casi al 99 % en casos de ejecuciones extrajudiciales. Los
datos expuestos de la Fiscalía General son prueba de esto. Del total de casos
abiertos, 1.316 se adelantan bajo el Sistema Penal Mixto Inquisitivo; y los
1.118 casos restantes bajo el Sistema Penal Acusatorio. En el primer sistema
solo 2% de los casos han llegado a juicio; en el segundo el 1%. Hay un vacío en
la información entregada por la Fiscalía General respecto al estado del 5% de
las investigaciones.
Para víctimas
y organizaciones defensoras de derechos humanos, la Justicia Especial para la
Paz (JEP) creó una expectativa amplia cuando en junio de 2018 decidió abrir el
caso 03, denominado ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como
bajas en combate por agentes del Estado’. Sin embargo, cuando se le pregunta a
la JEP qué tanto ha aportado para que las ejecuciones extrajudiciales no queden
en la impunidad, la entidad responde a través de un derecho de petición que:
“Se han priorizado seis zonas para su investigación: Antioquia, Costa Caribe,
Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta (...); fueron escogidas a partir de
la contrastación de la información suministrada por entidades gubernamentales y
la sociedad civil, además de las versiones que han entregado los
comparecientes.
Es de aclarar que no existe, entre los seis subcasos, un orden
de prioridad; el desarrollo, en cada una de las etapas, corresponde al avance
propio de la investigación”.
¿Quiénes son los
responsables?
Según la
Fiscalía General de la Nación, entre el año 2000 y 2021 fueron indiciados
18.772 miembros de la fuerza pública por el delito de homicidio presentado como
baja por la fuerza pública. De ese total, solo 447 han llegado a una etapa de
juicio, y 191 a la ejecución de pena. Además, del número de indiciados, 3.890
tiene los casos inactivos.
En la JEP la
cuestión tampoco avanza como las víctimas quisieran: En el subcaso Casanare,
fueron imputados 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos
civiles. En el subcaso Antioquia, ocho comparecientes reconocieron por escrito
su responsabilidad por 'falsos positivos’; en Dabeiba, Antioquia, 10 miembros
de la fuerza pública fueron imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad.
En el subcaso Casanare, 18 exintegrantes del Ejército reconocieron por escrito
su responsabilidad por 'falsos positivos'. En los subcasos Norte de Santander y
Costa Caribe, se han emitido dos resoluciones de conclusiones, de modo que ya
se encuentra en curso el proceso para la imposición de sanciones propias.
Además, la
JEP asegura a través de derecho de petición que
a la fecha 57 miembros de la fuerza pública han reconocido su responsabilidad
en este crimen, y han manifestado en qué unidad militar trabajaban al momento de
los hechos. La cifra, sin embargo, no es alentadora, y evidencia los índices de
impunidad en las ejecuciones extrajudiciales.
Frente a esto
la JEP reconoce que, a la fecha en la que respondió un cuestionario a la UIP
(23 de mayo de 2023): “la Jurisdicción Especial para la Paz no ha emitido
sentencias en las que se hayan impuesto sanciones propias, alternativas u
ordinarias”.
La
información no es alentadora; da cuenta de la impunidad que hay en uno de los
crímenes más degradantes del conflicto armado colombiano, y del largo camino
que les queda a las familias de las víctimas para encontrar justicia en sus
casos.
Encuentre
toda la investigación en:
https://ejecucionesextrajudiciales.poligran.edu.co/
Fuente: Prensa
Politécnico grancolombiano.
Jefe de
Prensa
Ajuste de contenido y
diagramación: bersoahoy.co
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