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jueves, 9 de junio de 2016

Atención psicosocial para sanar las heridas
Luis Alfonso Aparicio
Director de la Unidad de víctimas
Décadas de conflicto han dejado heridas psicológicas en el 14% de la población colombiana que hoy es reconocida como víctima en el Registro. Esos crímenes ocurrieron frente al otro 86% de la sociedad (aunque a veces a esta le cueste reconocerlo).
La Unidad para las Víctimas entiende el sufrimiento como consecuencia natural de los hechos de violencia, que además siempre está acompañado de la supervivencia. En este sentido, aunque a menudo las víctimas han minimizado o evadido los impactos psicológicos que les han causado las victimizaciones, la atención psicosocial se ha orientado a que la historia de sufrimiento pueda ser integrada a su historia de vida junto con la de supervivencia.
Así lo relata Gloria Salamanca, una mujer de 59 años: “Con la desaparición de mi hijo, yo tuve que sacar fuerzas. Él no se alcanza a imaginar la persona que soy yo hoy en día, las fuerzas que he sacado para operarme de un cáncer, para cuidar de mis papás enfermos, para buscarlo. La atención psicosocial me ha ayudado a entender mejor lo que me pasa a mí cuando paso por los peores momentos y a entender mejor qué es la desaparición forzada. Ahora sé cuidarme para no enfermar, sé la diferencia entre estar triste y ponerme mal”. El apoyo psicosocial le ha brindado a Gloria herramientas para conocerse y “saber hacer” frente al dolor. Este es uno de los mayores alcances en salud mental.
Entre 2012 y mayo de 2016, el Gobierno ha implementado el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral para las Víctimas (PAPSIVI), liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social (en alianza con la Unidad), a través del cual se han atendido a 184.913 personas.
El PAPSIVI permite atender los impactos psicosociales y los daños en la salud física y mental de las víctimas ocasionados por o en relación con el conflicto armado, en los ámbitos individual, familiar y comunitario, con el fin de mitigar su sufrimiento emocional, contribuir a la recuperación física y mental y a la reconstrucción del tejido social en sus comunidades.
Además, la Unidad para las Víctimas diseñó la Estrategia de Recuperación Emocional a Nivel Grupal, en la que han participado al menos 93.651 personas. En ella, aprenden a vincular identidades más allá de la de “víctima”. Así, se reconocen como sobrevivientes, valientes, luchadores/as. Logran comprender que con la victimización coexisten otras identidades orientadas a la actuación y no a la espera de las soluciones traídas por los otros. Quienes van a atención psicosocial, empiezan a verse a sí mismos como los mayores responsables de la reconstrucción de sus proyectos de vida.
“Estoy muy agradecida por participar en estos encuentros. Yo antes no hablaba con mis hijos sobre la muerte de su papá. A mi esposo lo mataron y ellos estaban muy pequeños y no se acuerdan. Desde que fueron creciendo siempre me preguntaban que por qué lo habían matado y yo no les había contado, porque siempre me ponía a llorar o los regañaba”, contó una mujer víctima de desplazamiento y del homicidio de su marido en Turbaco (Bolívar).
“Les decía que no me preguntaran nada, porque no me gustaba hablar de lo que pasó. Desde que comencé a asistir acá y escuchar a mis compañeros, cómo contaban lo que les había pasado, yo fui tomando fuerzas y hablé con mis hijos. Ellos estaban muy asombrados. Les dije que al ver a mis compañeros hablar de su hecho de violencia pensé que yo también lo podía hacer y lo hice. Desde entonces me he sentido mejor”, dijo esta sobreviviente de 53 años. Expresar en voz alta lo vivido a menudo es el primer paso para la recuperación. 
La tercera estrategia se conoce como Entrelazando y, con ella, se está facilitando la rehabilitación comunitaria en alrededor de 150 comunidades o grupos en proceso de reparación colectiva. Existen 1.800 tejedores y tejedoras, líderes naturales de la comunidad, reconocidos como cuidadores, que fomentan este espacio en el que se debate sobre los imaginarios colectivos, se reflexiona sobre el impacto del conflicto y se reconstruye la confianza perdida al interior de las comunidades y entre la comunidad y el propio Estado.
“Entrelazando nos ha dado la oportunidad no solo de reparar los lazos que se rompieron por causa de la violencia y que nos volvieron unas personas desconfiadas y resentidas. También nos ha cambiado la forma de pensar y de relacionarnos con los vecinos y de recuperar la confianza en los demás. Nosotros ahora somos otras personas y en la comunidad se siente el cambio; ahora tenemos otra cara que mostrar del barrio”, opina Luz Yenny, víctima de la comunidad La Nueva Esperanza, en el municipio de Neiva (Huila).
El reto de la atención psicosocial a las víctimas está en atender no sólo lo que ellas dicen para dar cuenta de su sufrimiento, sino también en ver y poner en un espacio público la dimensión del silencio que han dejado los hechos de violencia, la dimensión de lo que no se puede narrar.
El carácter traumático de las violaciones a los derechos humanos o de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario está también en la huella de silencio que esto deja en las personas y las comunidades, la imposibilidad de enunciar, o dar una palabra a las heridas psicológicas que han causado los responsables de estos crímenes. En Entrelazando, se da un espacio a la “representación de ese silencio”.
Todo un sistema de entidades por las víctimas
La implementación de la inmensa mayoría de las medidas antes mencionadas requiere de la coordinación del Sistema Nacional para la Atención y Reparación integral a las Víctimas, integrado por entidades del nivel nacional (ministerios, agencias, programas, etc.), entidades territoriales (gobernaciones y alcaldías) y demás instituciones que tengan que ver con la ejecución de la política pública para víctimas (ONG, cooperación internacional y otros).
A través de dicho Sistema se gestiona la oferta institucional para que las víctimas tengan acceso a iniciativas que contribuyan a la generación de ingreso, empleo, vivienda, salud y educación, entre otros.
Una de las iniciativas que más ha llamado la atención de alcaldes y gobernadores es el ‘Banco de gestión de proyectos’. Entre 2013 y mayo de 2016 se han asignado recursos de cofinanciación a 42 proyectos, con una inversión de 77.520 millones de pesos, donde el 80% fue cofinanciado desde el nivel nacional y el 20% restante por las entidades territoriales, beneficiando a 74.607 víctimas. Fueron financiados también 128 proyectos que buscan la promoción de la participación de las víctimas y sus organizaciones.
Además, se construyó, implementó y estandarizó el proceso de certificación territorial, que busca medir la contribución de los departamentos, distritos y municipios en las acciones de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, que lleven al goce efectivo de sus derechos. Se certificaron el 100% de las entidades territoriales para las vigencias 2012, 2013 y 2014.
La voz de las víctimas protagoniza la construcción de paz
El 10 de junio de 2015, quedaba instalada oficialmente la segunda Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, en la que 300 representantes de víctimas de todo el país y todos los hechos victimizantes eligieron a sus delegados para el período 2015-2017.
Este trabajo inició a partir de la redacción de un “Protocolo de participación efectiva de las víctimas”, que fue construido a partir de un amplio ejercicio deliberativo, y recoge diversos puntos de vista de la sociedad. Las mesas de participación municipales, departamentales, distritales y nacional han desempeñado un papel determinante en los últimos años.
“Las víctimas vivimos con un coctel de sentimientos en nuestros corazones. Emoción y razón, indignación, desconfianza y, sobre todo, esperanza. Nuestra participación es, por ley, un pilar de la política de víctimas. Pero debe serlo también de una solución a la guerra que se libra en nuestros territorios”, dijo Odorico Guerra, víctima del conflicto procedente de Aracataca (Magdalena), el día que fue elegido coordinador de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas. Esta instancia de representación ha sido enfática en su deseo de tener cada vez más voz en el proceso de conversaciones de La Habana.
Los nuevos alcaldes y gobernadores se han reunido con las mesas municipales y departamentales de participación de víctimas para establecer las líneas de trabajo en sus planes de gobierno. El protagonismo que han alcanzado en la agenda pública se debe principalmente a su empeño, a sus reclamos para incidir en las medidas que les afectan, y por primera vez, el Estado en su conjunto ha asumido su deber de acompañamiento.
Las Mesas de Víctimas creadas por la Ley 1448 de 2011 son las únicas instancias de participación que contemplan paridad de género en su estructura. Incluyen además representantes de todas las regiones y hechos victimizantes reconocidos en el Registro Único de Víctimas.
Colombia, primer país en reparar a las víctimas del conflicto en el exterior
Cuando el Congreso aprobó la Ley de Víctimas, esta mencionaba escuetamente los temas relacionados con las víctimas que se hallan en el exterior. Sin embargo, el Estado ha demostrado la voluntad política de atenderlas y eso ha convertido a Colombia no solo en el país que más víctimas ha reparado en el mundo, sino también en el único que repara a las víctimas aunque éstas no se encuentren en territorio nacional.
A la fecha, se han reconocido cerca de 9.000 víctimas colombianas en el exterior y se han empezado a brindar las medidas que es posible entregar fuera de nuestras fronteras. Este reconocimiento, que nunca se había dado, es fundamental en el acercamiento del Estado a esa población que se vio obligada a abandonar el país.
Pablo Fajardo, un hombre que escapó a un secuestro de las FARC en el Meta, huyó por años del país. “Compré un pasaje hacia Panamá porque no pedían visa. Luego crucé la frontera en bus, la idea era tomar un bus a la frontera y seguir hacia Estados Unidos. Cuando llegué a Costa Rica se me acabó la plata. Conseguí un trabajo, pero me sentía perseguido, vigilado. Pedí asilo. Estudiaron mi caso y decidieron que debía ir a un tercer país, me consiguieron Suecia”.
Cuando llegó a Estocolmo consiguió un mejor trabajo, pero “le comenzó una depresión a mi esposa por la falta de empleo. Lo que ganaba era suficiente para vivir los dos, pero para una persona que no conoce a nadie y donde la gente no brinda mucha amistad era muy difícil. Además, teníamos a nuestro hijo discapacitado en Colombia”.
Algún tiempo después, “entré en contacto con la Unidad para las Víctimas, donde me dijeron que fuera a la embajada. Me contaron del programa de reparación de víctimas y me dijeron que me inscribiera. Me sentí apoyado y decidí regresar”.
La empresa donde trabajaba Pablo se declaró en quiebra. “Me pagaron tres meses de sueldo. Justo a tiempo. Reuní unos ahorros y con la ayuda de la Unidad me vine. Me dieron unas máquinas de coser y con ellas monté una pequeña fábrica de jeans”, detalló en una entrevista reciente. “Con otro poco de dinero que me dieron por la indemnización y una plata que me prestaron mi yerno y mi hija, compré un carro y lo tengo afiliado a Uber. Con eso vivo. Ahora que tengo en mi corazón, primero a Dios y luego a mi familia, le dije adiós a los medicamentos, se acabó la depresión”.
Colombia se ha comprometido con la reparación de las víctimas en el exterior, tanto si desean retornar como si quieren continuar en su país de acogida. Se han entregado 631 indemnizaciones por un valor cercano a los 3.500 millones de pesos, a través de cuentas bancarias extranjeras y nacionales; se han realizado actos de dignificación y memoria en zonas de frontera y en los consulados; se pueden presentar solicitudes de restitución de tierras; y en algunos casos se ha podido brindar atención psicosocial.
La conmemoración del 9 de abril se ha convertido en una fecha para acercar el Estado a las víctimas del conflicto armado que se encuentran en el exterior. Por dos años consecutivos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad para las Víctimas se han aliado, junto a otras entidades, para realizar jornadas de atención y actos simbólicos en los consulados de Colombia en el mundo.
“¡Qué más quisiéramos que una Colombia en paz! Yo no guardo rencor, yo sólo quiero que los niños sepan que es el plátano, qué es la montaña verde”, exclamó una víctima desplazada en Canadá durante el 9 de abril. “La paz comienza desde nuestros corazones. Perdonar es el primer paso para escribir una nueva historia en el país. Colombia somos todos”, escribió otra en una tela conmemorativa en el consulado en Nueva York (Estados Unidos).
El futuro de la reparación
Durante años las víctimas permanecieron invisibles ante los ojos indiferentes de la sociedad, que ha venido despertando a la necesidad impostergable de repararlas. La Ley de Víctimas proporcionó un reconocimiento y un marco de acción únicos, cuya implementación se previó hasta 2021. Se cumplen cinco años de andadura, y con ello, la mitad del período estipulado para la ejecución de la norma.
Además, se abren nuevos desafíos, ligados al acuerdo final que suscriban el Gobierno Nacional y las FARC-EP. En el documento presentado el 15 de diciembre de 2015 sobre el punto quinto de la agenda de conversaciones (‘víctimas’) se recogen muchas de las medidas ya en marcha. 
En primer lugar, el país ahora cuenta con el compromiso de reparación no sólo por parte del Estado, sino también del grupo guerrillero, así como de aquellos que intervinieron de forma directa o indirecta en el conflicto armado. Esta contribución se basará en el reconocimiento de responsabilidades sobre los hechos y los daños causados, y se traducirá en acciones específicas de reparación simbólica y material. Quienes alguna vez victimizaron a las comunidades ahora contribuirán a su reparación.
Por otro lado, los actos de reconocimiento de responsabilidad no vendrán como una imposición judicial, sino como una declaración voluntaria y unilateral de los responsables. Esta es una medida simbólica que contribuye a enaltecer la memoria de las víctimas y a esclarecer la violencia ocurrida, contribuyendo a la verdad y quitando el velo de estigmatización que a menudo el actor armado y la sociedad en general impusieron sobre las víctimas.
Tanto el Gobierno Nacional como las FARC-EP han acordado que se realizarán encuentros de este tipo en diferentes lugares del país, con la participación activa de las comunidades, de manera similar a como ocurrió en Bojayá el pasado diciembre. Dichos reconocimientos, además, serán fundamentales a la hora de determinar las sanciones que se impondrán en la Jurisdicción Especial para la Paz. 
También se contempla el fortalecimiento de la reparación colectiva, con enfoque territorial y en coordinación con los acuerdos de reforma rural integral y, particularmente, con los Planes de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDET). Aproximadamente el 40% de los sujetos de reparación colectiva son comunidades campesinas y casi el 50% corresponden a diferentes comunidades étnicas. La gran mayoría de sujetos han sido colectivos históricamente discriminados, lo que supone un reto adicional en términos de inclusión social.
La reconfiguración del campo, con procesos de reparación colectiva, con el retorno o reubicación de quienes lo deseen, se verá fortalecido a través de las estrategias psicosociales de rehabilitación comunitaria que permitan reconstruir el tejido social, como se ha venido haciendo a través del programa ‘Entrelazando’, que funciona en más de 150 comunidades afectadas por la guerra y que se ha convertido en un elemento indispensable para sanar las heridas del alma.
Se plantea también, a través del mapa de victimización, el posible el reconocimiento a víctimas que no están incluidas inicialmente en la definición del artículo 3 de la Ley 1448, como por ejemplo las personas que han sido combatientes pero que también han sufrido afectaciones injustificables como violencia sexual, desaparición forzada, tortura, homicidio fuera de combate, entre otros graves hechos.
En quinto lugar, el acuerdo afianza el compromiso de atender, reparar y promover el retorno de miles de víctimas que se encuentran en el exterior. Si bien existe un trabajo previo, se deberán gestionar las posibles expectativas de esta población una vez el país dé sus primeros pasos tras la firma del acuerdo final.
Otro aspecto que se fortalece es el de la participación de las víctimas. Las mesas organizadas y los liderazgos deben verse fortalecidos y reconocidos en su esfuerzo, sin perjuicio de que se puedan ampliar con otras voces que quieran sumarse a estos espacios de interlocución política.
La coordinación de los mecanismos de carácter judicial y extrajudicial incluidos en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición permitirá reconocer con mayor amplitud si cabe los impactos del conflicto, seguir reparándolos en la medida de lo posible, cicatrizar heridas y contribuir a que nunca más se repitan hechos tan terribles. 
Colombia ha vivido uno de los peores conflictos recientes del continente, pero es a la vez el país del mundo que más víctimas ha reparado, superando ya las 590.000. Esto se ha logrado con la voluntad del Estado y a ese propósito se están sumando más actores.
Acabar con la guerra ayudará a la sostenibilidad de la política pública de víctimas, puesto que no habría que destinar recursos a nuevas víctimas, sino a un número más o menos cerrado.
“Estoy convencido de que la mejor garantía de no repetición es la terminación del conflicto y que la mejor reparación que puede haber es la paz”, aseguró Alan Jara, director de la Unidad para las Víctimas.
Mujeres y hombres se sobreponen a diario a los hechos que les causaron tanto sufrimiento. Ellos y ellas son fuente de inspiración que nos enseña que sí es posible ganar al odio y la violencia. Las víctimas demandan a menudo que no se repita lo que a ellas le sucedió.

Generar las condiciones para que el conflicto no cause más dolor permite soñar con una sociedad más respetuosa, tolerante y próspera. La Ley de Víctimas ha traído a Colombia la oportunidad de construir un país mejor. (Fuente: Prensa de la Unidad de Vícttimas (Ángel René Vargas Cabrera)

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