Atención psicosocial para sanar las heridas
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| Luis Alfonso Aparicio Director de la Unidad de víctimas |
Décadas de conflicto han
dejado heridas psicológicas en el 14% de la población colombiana que hoy es
reconocida como víctima en el Registro. Esos crímenes ocurrieron frente al otro
86% de la sociedad (aunque a veces a esta le cueste reconocerlo).
La Unidad para las Víctimas
entiende el sufrimiento como consecuencia natural de los hechos de violencia,
que además siempre está acompañado de la supervivencia. En este sentido, aunque
a menudo las víctimas han minimizado o evadido los impactos psicológicos que
les han causado las victimizaciones, la atención psicosocial se ha orientado a
que la historia de sufrimiento pueda ser integrada a su historia de vida junto
con la de supervivencia.
Así lo relata Gloria
Salamanca, una mujer de 59 años: “Con la desaparición de mi hijo, yo tuve que
sacar fuerzas. Él no se alcanza a imaginar la persona que soy yo hoy en día,
las fuerzas que he sacado para operarme de un cáncer, para cuidar de mis papás
enfermos, para buscarlo. La atención psicosocial me ha ayudado a entender mejor
lo que me pasa a mí cuando paso por los peores momentos y a entender mejor qué
es la desaparición forzada. Ahora sé cuidarme para no enfermar, sé la
diferencia entre estar triste y ponerme mal”. El apoyo psicosocial le ha
brindado a Gloria herramientas para conocerse y “saber hacer” frente al dolor.
Este es uno de los mayores alcances en salud mental.
Entre 2012 y mayo de 2016, el
Gobierno ha implementado el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral
para las Víctimas (PAPSIVI), liderado por el Ministerio de Salud y Protección
Social (en alianza con la Unidad), a través del cual se han atendido a 184.913
personas.
El PAPSIVI permite atender los
impactos psicosociales y los daños en la salud física y mental de las víctimas
ocasionados por o en relación con el conflicto armado, en los ámbitos
individual, familiar y comunitario, con el fin de mitigar su sufrimiento
emocional, contribuir a la recuperación física y mental y a la reconstrucción
del tejido social en sus comunidades.
Además, la Unidad para las
Víctimas diseñó la Estrategia de Recuperación Emocional a Nivel Grupal, en la
que han participado al menos 93.651 personas. En ella, aprenden a vincular
identidades más allá de la de “víctima”. Así, se reconocen como sobrevivientes,
valientes, luchadores/as. Logran comprender que con la victimización coexisten
otras identidades orientadas a la actuación y no a la espera de las soluciones
traídas por los otros. Quienes van a atención psicosocial, empiezan a verse a
sí mismos como los mayores responsables de la reconstrucción de sus proyectos
de vida.
“Estoy muy agradecida por
participar en estos encuentros. Yo antes no hablaba con mis hijos sobre la
muerte de su papá. A mi esposo lo mataron y ellos estaban muy pequeños y no se
acuerdan. Desde que fueron creciendo siempre me preguntaban que por qué lo
habían matado y yo no les había contado, porque siempre me ponía a llorar o los
regañaba”, contó una mujer víctima de desplazamiento y del homicidio de su
marido en Turbaco (Bolívar).
“Les decía que no me
preguntaran nada, porque no me gustaba hablar de lo que pasó. Desde que comencé
a asistir acá y escuchar a mis compañeros, cómo contaban lo que les había
pasado, yo fui tomando fuerzas y hablé con mis hijos. Ellos estaban muy
asombrados. Les dije que al ver a mis compañeros hablar de su hecho de
violencia pensé que yo también lo podía hacer y lo hice. Desde entonces me he
sentido mejor”, dijo esta sobreviviente de 53 años. Expresar en voz alta lo
vivido a menudo es el primer paso para la recuperación.
La tercera estrategia se
conoce como Entrelazando y, con ella, se está facilitando la rehabilitación
comunitaria en alrededor de 150 comunidades o grupos en proceso de reparación
colectiva. Existen 1.800 tejedores y tejedoras, líderes naturales de la
comunidad, reconocidos como cuidadores, que fomentan este espacio en el que se
debate sobre los imaginarios colectivos, se reflexiona sobre el impacto del
conflicto y se reconstruye la confianza perdida al interior de las comunidades
y entre la comunidad y el propio Estado.
“Entrelazando nos ha dado la
oportunidad no solo de reparar los lazos que se rompieron por causa de la
violencia y que nos volvieron unas personas desconfiadas y resentidas. También
nos ha cambiado la forma de pensar y de relacionarnos con los vecinos y de
recuperar la confianza en los demás. Nosotros ahora somos otras personas y en
la comunidad se siente el cambio; ahora tenemos otra cara que mostrar del barrio”,
opina Luz Yenny, víctima de la comunidad La Nueva Esperanza, en el municipio de
Neiva (Huila).
El reto de la atención
psicosocial a las víctimas está en atender no sólo lo que ellas dicen para dar
cuenta de su sufrimiento, sino también en ver y poner en un espacio público la
dimensión del silencio que han dejado los hechos de violencia, la dimensión de
lo que no se puede narrar.
El carácter traumático de las
violaciones a los derechos humanos o de las infracciones al Derecho
Internacional Humanitario está también en la huella de silencio que esto deja
en las personas y las comunidades, la imposibilidad de enunciar, o dar una
palabra a las heridas psicológicas que han causado los responsables de estos
crímenes. En Entrelazando, se da un espacio a la “representación de ese
silencio”.
Todo un sistema de entidades por las víctimas
La implementación de la
inmensa mayoría de las medidas antes mencionadas requiere de la coordinación
del Sistema Nacional para la Atención y Reparación integral a las Víctimas,
integrado por entidades del nivel nacional (ministerios, agencias, programas, etc.),
entidades territoriales (gobernaciones y alcaldías) y demás instituciones que
tengan que ver con la ejecución de la política pública para víctimas (ONG,
cooperación internacional y otros).
A través de dicho Sistema se
gestiona la oferta institucional para que las víctimas tengan acceso a
iniciativas que contribuyan a la generación de ingreso, empleo, vivienda, salud
y educación, entre otros.
Una de las iniciativas que más
ha llamado la atención de alcaldes y gobernadores es el ‘Banco de gestión de
proyectos’. Entre 2013 y mayo de 2016 se han asignado recursos de
cofinanciación a 42 proyectos, con una inversión de 77.520 millones de pesos,
donde el 80% fue cofinanciado desde el nivel nacional y el 20% restante por las
entidades territoriales, beneficiando a 74.607 víctimas. Fueron financiados
también 128 proyectos que buscan la promoción de la participación de las
víctimas y sus organizaciones.
Además, se construyó,
implementó y estandarizó el proceso de certificación territorial, que busca
medir la contribución de los departamentos, distritos y municipios en las
acciones de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral
a las víctimas, que lleven al goce efectivo de sus derechos. Se certificaron el
100% de las entidades territoriales para las vigencias 2012, 2013 y 2014.
La voz de las víctimas protagoniza la construcción de paz
El 10 de junio de 2015,
quedaba instalada oficialmente la segunda Mesa Nacional de Participación
Efectiva de las Víctimas, en la que 300 representantes de víctimas de todo el
país y todos los hechos victimizantes eligieron a sus delegados para el período
2015-2017.
Este trabajo inició a partir
de la redacción de un “Protocolo de participación efectiva de las víctimas”,
que fue construido a partir de un amplio ejercicio deliberativo, y recoge
diversos puntos de vista de la sociedad. Las mesas de participación
municipales, departamentales, distritales y nacional han desempeñado un papel
determinante en los últimos años.
“Las víctimas vivimos con un
coctel de sentimientos en nuestros corazones. Emoción y razón, indignación,
desconfianza y, sobre todo, esperanza. Nuestra participación es, por ley, un
pilar de la política de víctimas. Pero debe serlo también de una solución a la
guerra que se libra en nuestros territorios”, dijo Odorico Guerra, víctima del
conflicto procedente de Aracataca (Magdalena), el día que fue elegido
coordinador de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas. Esta instancia de
representación ha sido enfática en su deseo de tener cada vez más voz en el
proceso de conversaciones de La Habana.
Los nuevos alcaldes y
gobernadores se han reunido con las mesas municipales y departamentales de
participación de víctimas para establecer las líneas de trabajo en sus planes
de gobierno. El protagonismo que han alcanzado en la agenda pública se debe
principalmente a su empeño, a sus reclamos para incidir en las medidas que les
afectan, y por primera vez, el Estado en su conjunto ha asumido su deber de
acompañamiento.
Las Mesas de Víctimas creadas
por la Ley 1448 de 2011 son las únicas instancias de participación que
contemplan paridad de género en su estructura. Incluyen además representantes
de todas las regiones y hechos victimizantes reconocidos en el Registro Único
de Víctimas.
Colombia, primer país en reparar a las víctimas del conflicto en el
exterior
Cuando el Congreso aprobó la
Ley de Víctimas, esta mencionaba escuetamente los temas relacionados con las
víctimas que se hallan en el exterior. Sin embargo, el Estado ha demostrado la
voluntad política de atenderlas y eso ha convertido a Colombia no solo en el
país que más víctimas ha reparado en el mundo, sino también en el único que
repara a las víctimas aunque éstas no se encuentren en territorio nacional.
A la fecha, se han reconocido cerca
de 9.000 víctimas colombianas en el exterior y se han empezado a brindar las
medidas que es posible entregar fuera de nuestras fronteras. Este
reconocimiento, que nunca se había dado, es fundamental en el acercamiento del
Estado a esa población que se vio obligada a abandonar el país.
Pablo Fajardo, un hombre que
escapó a un secuestro de las FARC en el Meta, huyó por años del país. “Compré
un pasaje hacia Panamá porque no pedían visa. Luego crucé la frontera en bus,
la idea era tomar un bus a la frontera y seguir hacia Estados Unidos. Cuando
llegué a Costa Rica se me acabó la plata. Conseguí un trabajo, pero me sentía
perseguido, vigilado. Pedí asilo. Estudiaron mi caso y decidieron que debía ir
a un tercer país, me consiguieron Suecia”.
Cuando llegó a Estocolmo
consiguió un mejor trabajo, pero “le comenzó una depresión a mi esposa por la
falta de empleo. Lo que ganaba era suficiente para vivir los dos, pero para una
persona que no conoce a nadie y donde la gente no brinda mucha amistad era muy
difícil. Además, teníamos a nuestro hijo discapacitado en Colombia”.
Algún tiempo después, “entré
en contacto con la Unidad para las Víctimas, donde me dijeron que fuera a la
embajada. Me contaron del programa de reparación de víctimas y me dijeron que
me inscribiera. Me sentí apoyado y decidí regresar”.
La empresa donde trabajaba
Pablo se declaró en quiebra. “Me pagaron tres meses de sueldo. Justo a tiempo.
Reuní unos ahorros y con la ayuda de la Unidad me vine. Me dieron unas máquinas
de coser y con ellas monté una pequeña fábrica de jeans”, detalló en una
entrevista reciente. “Con otro poco de dinero que me dieron por la
indemnización y una plata que me prestaron mi yerno y mi hija, compré un carro
y lo tengo afiliado a Uber. Con eso vivo. Ahora que tengo en mi corazón,
primero a Dios y luego a mi familia, le dije adiós a los medicamentos, se acabó
la depresión”.
Colombia se ha comprometido
con la reparación de las víctimas en el exterior, tanto si desean retornar como
si quieren continuar en su país de acogida. Se han entregado 631 indemnizaciones
por un valor cercano a los 3.500 millones de pesos, a través de cuentas
bancarias extranjeras y nacionales; se han realizado actos de dignificación y
memoria en zonas de frontera y en los consulados; se pueden presentar
solicitudes de restitución de tierras; y en algunos casos se ha podido brindar
atención psicosocial.
La conmemoración del 9 de
abril se ha convertido en una fecha para acercar el Estado a las víctimas del
conflicto armado que se encuentran en el exterior. Por dos años consecutivos, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad para las Víctimas se han
aliado, junto a otras entidades, para realizar jornadas de atención y actos
simbólicos en los consulados de Colombia en el mundo.
“¡Qué más quisiéramos que una
Colombia en paz! Yo no guardo rencor, yo sólo quiero que los niños sepan que es
el plátano, qué es la montaña verde”, exclamó una víctima desplazada en Canadá
durante el 9 de abril. “La paz comienza desde nuestros corazones. Perdonar es
el primer paso para escribir una nueva historia en el país. Colombia somos
todos”, escribió otra en una tela conmemorativa en el consulado en Nueva York
(Estados Unidos).
El futuro de la reparación
Durante años las víctimas
permanecieron invisibles ante los ojos indiferentes de la sociedad, que ha
venido despertando a la necesidad impostergable de repararlas. La Ley de
Víctimas proporcionó un reconocimiento y un marco de acción únicos, cuya
implementación se previó hasta 2021. Se cumplen cinco años de andadura, y con
ello, la mitad del período estipulado para la ejecución de la norma.
Además, se abren nuevos
desafíos, ligados al acuerdo final que suscriban el Gobierno Nacional y las
FARC-EP. En el documento presentado el 15 de diciembre de 2015 sobre el punto
quinto de la agenda de conversaciones (‘víctimas’) se recogen muchas de las
medidas ya en marcha.
En primer lugar, el país ahora
cuenta con el compromiso de reparación no sólo por parte del Estado, sino
también del grupo guerrillero, así como de aquellos que intervinieron de forma
directa o indirecta en el conflicto armado. Esta contribución se basará en el
reconocimiento de responsabilidades sobre los hechos y los daños causados, y se
traducirá en acciones específicas de reparación simbólica y material. Quienes
alguna vez victimizaron a las comunidades ahora contribuirán a su reparación.
Por otro lado, los actos de
reconocimiento de responsabilidad no vendrán como una imposición judicial, sino
como una declaración voluntaria y unilateral de los responsables. Esta es una
medida simbólica que contribuye a enaltecer la memoria de las víctimas y a
esclarecer la violencia ocurrida, contribuyendo a la verdad y quitando el velo
de estigmatización que a menudo el actor armado y la sociedad en general
impusieron sobre las víctimas.
Tanto el Gobierno Nacional
como las FARC-EP han acordado que se realizarán encuentros de este tipo en
diferentes lugares del país, con la participación activa de las comunidades, de
manera similar a como ocurrió en Bojayá el pasado diciembre. Dichos
reconocimientos, además, serán fundamentales a la hora de determinar las
sanciones que se impondrán en la Jurisdicción Especial para la Paz.
También se contempla el
fortalecimiento de la reparación colectiva, con enfoque territorial y en
coordinación con los acuerdos de reforma rural integral y, particularmente, con
los Planes de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDET). Aproximadamente
el 40% de los sujetos de reparación colectiva son comunidades campesinas y casi
el 50% corresponden a diferentes comunidades étnicas. La gran mayoría de
sujetos han sido colectivos históricamente discriminados, lo que supone un reto
adicional en términos de inclusión social.
La reconfiguración del campo,
con procesos de reparación colectiva, con el retorno o reubicación de quienes
lo deseen, se verá fortalecido a través de las estrategias psicosociales de
rehabilitación comunitaria que permitan reconstruir el tejido social, como se
ha venido haciendo a través del programa ‘Entrelazando’, que funciona en más de
150 comunidades afectadas por la guerra y que se ha convertido en un elemento
indispensable para sanar las heridas del alma.
Se plantea también, a través
del mapa de victimización, el posible el reconocimiento a víctimas que no están
incluidas inicialmente en la definición del artículo 3 de la Ley 1448, como por
ejemplo las personas que han sido combatientes pero que también han sufrido
afectaciones injustificables como violencia sexual, desaparición forzada,
tortura, homicidio fuera de combate, entre otros graves hechos.
En quinto lugar, el acuerdo
afianza el compromiso de atender, reparar y promover el retorno de miles de
víctimas que se encuentran en el exterior. Si bien existe un trabajo previo, se
deberán gestionar las posibles expectativas de esta población una vez el país
dé sus primeros pasos tras la firma del acuerdo final.
Otro aspecto que se fortalece
es el de la participación de las víctimas. Las mesas organizadas y los
liderazgos deben verse fortalecidos y reconocidos en su esfuerzo, sin perjuicio
de que se puedan ampliar con otras voces que quieran sumarse a estos espacios
de interlocución política.
La coordinación de los
mecanismos de carácter judicial y extrajudicial incluidos en el Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición permitirá reconocer
con mayor amplitud si cabe los impactos del conflicto, seguir reparándolos en
la medida de lo posible, cicatrizar heridas y contribuir a que nunca más se
repitan hechos tan terribles.
Colombia ha vivido uno de los
peores conflictos recientes del continente, pero es a la vez el país del mundo
que más víctimas ha reparado, superando ya las 590.000. Esto se ha logrado con
la voluntad del Estado y a ese propósito se están sumando más actores.
Acabar con la guerra ayudará a
la sostenibilidad de la política pública de víctimas, puesto que no habría que
destinar recursos a nuevas víctimas, sino a un número más o menos cerrado.
“Estoy convencido de que la
mejor garantía de no repetición es la terminación del conflicto y que la mejor
reparación que puede haber es la paz”, aseguró Alan Jara, director de la Unidad
para las Víctimas.
Mujeres y hombres se sobreponen
a diario a los hechos que les causaron tanto sufrimiento. Ellos y ellas son
fuente de inspiración que nos enseña que sí es posible ganar al odio y la
violencia. Las víctimas demandan a menudo que no se repita lo que a ellas le
sucedió.
Generar las condiciones para
que el conflicto no cause más dolor permite soñar con una sociedad más
respetuosa, tolerante y próspera. La Ley de Víctimas ha traído a Colombia la
oportunidad de construir un país mejor. (Fuente: Prensa de la Unidad de Vícttimas (Ángel René Vargas Cabrera)
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