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lunes, 12 de abril de 2010

Protocolizan convenio entre la UNAB y Comisión de reparación

LA COMISION NACIONAL DE REPARACION Y RECONCILIACION SEDE NORORIENTE JUNTO CON LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA LANZÓ EL CURSO EN RESTITUCION DEL PATRIMONIO EN EL MARCO DE JUSTICIA TRANSICIONAL
Abril 12 de 2010  Bucaramanga, Colombia

Con presencia del Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Doctor Eduardo Pizarro Leóngomez y del señor rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Alberto Montoya Puyana y en desarrollo de la protocolización del convenio entre ambas instituciones se lanzó el Curso en Restitución de Patrimonio en el marco de la justicia transicional que se dará inicio en el mes de mayo del presente año.

En su conferencia el señor Pizarro presentó datos estadísticos sobre el tema de tierras y las principales vías de despojo que son: 1. obligan al campesino a trasladar el titulo al actor armado. 2. transferencia de títulos por pago irrisorio. 3. ventas falsas. 4. desplazamiento de poseedores y ocupantes. 5. desplazamientos de comunidades indígenas. Uno de los principales retos de la CNRR es empezar a trabajar en el retorno de la comunidad campesino, pero con restitución de sus bienes. Un retorno que debe ser digno, sostenible y con garantías de no repetición.

Los temas principales que serán tratados en los módulos académicos, cabe mencionar el Programa Nacional de Restitución de Bienes, los principios Pinheiro; que son los principios rectores de restitución de patrimonio y vivienda y su aplicación en Colombia, la restitución en los procesos penales, mecanismos del Derecho Civil y Agrario para la restitución de patrimonio, casos de desplazamiento forzado en el sistema interamericano de Derechos humanos, entre otros.

La realidad del país y los medios de comunicación nos muestran a diario decenas de casos de despojo patrimonial del que es víctima la población civil en Colombia como consecuencia del conflicto armado. También hemos observado que el restablecimiento de las víctimas no es una tarea fácil. Éstas tienen delante suyo obstáculos como la débil capacidad del Estado en recursos y en apoyo humano para afrontar la enorme tarea de la restitución en Colombia; la compleja estructura jurídica nacional sobre el restablecimiento patrimonial, reflejado en la dispersión de normas sustantivas y procedimentales; las dificultades para lograr el cumplimiento de las decisiones de las autoridades de policía y de los jueces de la República y el desconocimiento de los mecanismos para la restitución por parte de sus líderes, organizaciones de la sociedad civil y los funcionarios del Estado encargados de garantizar sus derechos.

Estos factores constituyen grandes desafíos para el Derecho en tanto mecanismo creado para que los ciudadanos realicen exigencias al Estado Social de Derecho, como lo consagra el Artículo Primero de la Constitución Política de 1991. De ahí que el Derecho puede y debe centrar su utilidad y función social, también hacia la realización de las aspiraciones de restitución patrimonial de la población afectada por el conflicto armado en nuestro país.

El cuadro anterior refleja la necesidad de fortalecer la capacidad de los entes públicos y privados, comprometidos con la restitución en Colombia y mejorar la exigibilidad de los derechos fundamentales de la población víctima del conflicto armado, en particular el de la restitución patrimonial.

Uno de los esfuerzos para lograr avanzar hacia este importante cometido, consiste en inducir la reflexión sobre los mecanismos jurídicos para garantizar el derecho a la restitución patrimonial y difundirlos.

En esta medida, se ha estructurado el curso sobre el derecho a la restitución del patrimonio en el marco del conflicto armado, que trata no solamente los mecanismos vigentes contenidos en el Derecho civil y Agrario; que de por si existen desde larga data y que durante muchos años han sido los únicos con los que han contado los ciudadanos. Sin dejar de lado la reciente regulación que el Derecho Internacional ha introducido en el régimen jurídico de los derechos de las víctimas de violaciones graves a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario y que ha tenido muy buena acogida por parte de la Corte Constitucional.

Fuente: Prensa de la Comisión
DAVID AUGUSTO PEÑA PINZÓN
Coordinador Sede Regional Nororiente

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