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domingo, 22 de marzo de 2009

Respuesta inadecuada de la Fiscalía General en Colombia

viernes 20 de marzo de 2009
Estado Colombiano Debe Responder a la Continuación de Acusaciones sin Fundamento contra los Defensores de Derechos Humanos

(20 de Marzo – Nueva York) Los procesos penales sin fundamento por parte de fiscales colombianos siguen poniendo en peligro las vidas de los defensores de derechos humanos y debilita los estándares del debido proceso en Colombia, anunció hoy la organización internacional de derechos humanos, Human Rights First.En las ultimas semanas, una investigación de dos defensores ha sido restaurado y un tercero defensor fue condenado aunque un juez declaró su inocencia hace dos anos. Human Rights First publicó un informe hace dos semanas que documenta el uso extenso de procesos penales infundados para estigmatizar a los defensores de derechos humanos.


A pesar del lanzamiento del informe, los procesos infundados en contra de tres defensores citados en el informe han avanzado en las últimas semanas.“Los fiscales lo hacen de forma contraria,” señaló Andrew Hudson, asociado senior del Programa de Defensores de Derechos Humanos. “En lugar de abrir casos de cargos ilegítimos en contra de los defensores de derechos humanos, los funcionarios públicos deben reconocer que los defensores fortalecen la democracia colombiana.”El 11 de febrero y el 10 de marzo un fiscal ordenó reabrir las investigaciones penales en contra de dos defensores: el reconocido líder de derechos humanos y sacerdote jesuita, Padre Javier Giraldo y el director de la Corporación Jurídica Libertad, Elkin Ramírez, ambos presentados en el informe de Human Rights First.


El fiscal los acusa de falsa denuncia, injuria y calumnia. Estas investigaciones fueron reanudadas con base en las denuncias hechas originalmente en los años 2004 y 2005 por parte del Coronel Néstor Iván Duque López, comandante de la brigada militar supuestamente involucrada en la masacre en San José de Apartadó. Human Rights First teme que las acusaciones fueron motivadas por la participación de Giraldo y Ramírez en denunciar la participación del Coronel en la masacre de San José de Apartadó. En el 2008 un fiscal desechó una investigación de rebelión en contra de Ramírez y citó problemas de credibilidad e incoherencias en la investigación.


“La restauración de los procesos penales contra Giraldo y Ramírez se entiende como un atentado en contra de las legítimas actividades a favor de la defensa de los derechos humanos en Colombia,” señaló Hudson.En una decisión del 24 de febrero del 2009, el tribunal superior de Bucaramanga encontró culpable al Sr. Príncipe Gabriel González de rebelión y lo sentenció a 7 años de prisión. González es un líder de la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos en Santander y otro de los defensores de derechos humanos presentado en el informe. Se encuentra bajo una renovada persecución penal por parte de la fiscalía.En marzo del 2007, González fue absuelto: un juez encontró que el proceso penal fue infundado y sin evidencia. Sin embargo, la fiscalía decidió apelar su absolución.


La preocupante decisión del tribunal superior de Bucaramanga citó el trabajo de González por los derechos humanos y en abogar por parte de los presos, como evidencia de su participación con la guerrilla. Su caso ha sido reconocido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para las Detenciones Arbitrarias, el Relator Especial de las Naciones Unidas para los defensores de Derechos Humanos y el gobierno de los Estados Unidos en su informe anual de los derechos humanos.A pesar de la documentación de procesos penales sin fundamento contra los defensores de derechos humanos, el Estado colombiano y en particular la Fiscalía General siguen negando la existencia de estos procesos penales que violan el debido proceso.


La fiscalía debería reconocer el problema de criminalizar e ilegitimar el trabajo de los defensores en Colombia a través de cerrar las investigaciones en contra de Giraldo, Ramírez y González. Además, Human Rights First insta al Fiscal General a implementar las recomendaciones de nuestro informe. Volver a Inicio >

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