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miércoles, 5 de septiembre de 2007

Comienza búsqueda de cuerpos de ex diputados muertos en Colombia

12:55

Las FARC corroboraron este fin de semana que entregaron al Comité Internacional de la Cruz Roja las coordenadas del lugar en el que fueron sepultados los políticos.


Bogotá.- La misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que lidera la búsqueda de los cuerpos de 11 ex diputados colombianos muertos en cautiverio partió hoy hacia la zona donde la guerrilla de las FARC dice que se encuentran sepultados, señaló hoy un portavoz de uno de los gestores de paz.

Germán Cardozo, asesor del ex ministro Álvaro Leyva, uno de los personajes políticos con más acceso a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y quien acompaña a la misión del CICR, declaró que la comisión partió a primeras horas de hoy hacia una zona no revelada del suroeste del país.

“En estos momentos puedo confirmar que la comisión del CICR partió a recoger los cadáveres de los 11 ex diputados. Están en camino, no sabemos cuánto tiempo pueda demorar esa gestión debido a que hay muchas consideraciones sobre la zona en que se hallan los cadáveres”, declaró Cardozo a periodistas.

Por su parte, las FARC corroboraron este fin de semana, a través de un comunicado, que entregaron al CICR las coordenadas del lugar en el que fueron sepultados los políticos e indicaron que a la fecha no han podido establecer la identidad del grupo armado con el que sostuvieron el combate que ocasionó su muerte.

De acuerdo con el reporte rebelde, en la zona en la que se ocasionó el choque armado hacen presencia tropas de las Fuerzas Militares, paramilitares y militares sin identificación visible.

“Se movilizan en helicópteros y lanchas rápidas, con armamento moderno y sofisticado, ocultos tras pasamontañas, que dicen ser caza recompensa e indagan a la población civil por la guerrilla”, precisa el comunicado emitido por el Comando Conjunto de Occidente de las FARC.

El grupo rebelde admitió que era su responsabilidad garantizar seguridad e integridad de los diputados, aunque manifestó que “esta tragedia fue propiciada por el Estado al obstaculizar la concreción de un acuerdo humanitario”.

Asimismo, agradeció las gestiones que adelanta el CICR y Leyva para la recuperación de los cadáveres y confió en la imparcialidad de la labor que desarrollen.

Según el CICR, una vez sean recuperados los 11 cadáveres serán llevados a la ciudad de Cali (suroeste), donde expertos forenses de los tres países “facilitadores” (España, Francia y Suiza), coordinados por la Organización de Estados Americanos (OEA), asegurarán la identificación de los restos mortales.

La localización de los cadáveres se dará en medio de la intervención que realiza el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para buscar un canje humanitario con las FARC.

El mandatario venezolano realizó el pasado viernes una corta visita a Bogotá, donde reveló que se reunirá con representantes de las FARC en territorio venezolano y se declaró optimista de los logros que pueda tener su gestión para lograr la liberación de los rehenes.

Las FARC informaron sobre la muerte de los ex diputados el pasado 28 de junio y precisaron que 11 de los 12 ex legisladores regionales a quienes habían secuestrado desde hace más de cinco años habían muerto el 18 de junio en medio de un fuego cruzado con un grupo militar no identificado.

Según el parte insurgente, uno de los políticos sobrevivió porque no se encontraba en el lugar del enfrentamiento.

Las FARC, activas desde los años 60, exigen al Ejecutivo la desmilitarización de dos poblaciones del suroeste del país para hacer el intercambio de 45 rehenes, entre los que se encuentran políticos como la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, militares y policías, por al menos medio millar de guerrilleros presos.

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha declarado que está dispuesto a llegar a un acuerdo con los guerrilleros, aunque mantiene su negativa a despejar militarmente las zonas exigidas por los guerrilleros.

A cambio, el mandatario ofrece un canje sin condiciones y el posterior establecimiento de una “zona de encuentro” por 90 días, con el objetivo de tener un territorio que sirva de sede de diálogos de paz.
DPA
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